Soraya Sáenz de Santamaría durante la presentación de la Ley de Transparencia.

Soraya Sáenz de Santamaría durante la presentación de la Ley de Transparencia. EFE

Tribunales CAMPAÑA LEY DE TRANSPARENCIA

Piden 5 años de cárcel para dos empresarios por estafar al Ministerio de Soraya

Los dueños de Persuade Comunicación SL habrían inflado el número de apariciones en medios de la campaña de la Ley de Transparencia de 2015.

Carmen Lucas-Torres

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cinco años de prisión para el presidente de la empresa Persuade Comunicación SL, Antonio Vega Font, y la misma pena para el consejero delegado de la misma compañía, Giacommo José Bullara, por presuntos delitos de falsedad documental y estafa en relación con un contrato para difundir en los medios de comunicación una campaña sobre la Ley de Transparencia. El juicio contra ambos está señalado para el próximo martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la empresa fue la adjudicataria de un contrato con el Ministerio de Presidencia para difundir en medios de comunicación la campaña de información de la Ley de Transparencia y el Portal de Transparencia, que se llevó a cabo entre el 23 y el 30 de marzo de 2015.

La empresa se encargaría de la labor comercial para colocar la campaña publicitaria en los medios de comunicación. Es decir, tenía que negociar con ellos para que publicasen, durante la última semana de marzo de 2015, la información sobre la Ley aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012. Los acusados, según la Fiscalía, alteraron la cuantía de las apariciones en medios de comunicación como El Confidencial, El Confidencial Digital o el canal de vídeos Smartclip "con ánimo de lucro ilícito y para obtener un beneficio patrimonial".

El daño económico de este presunto engaño para el Ministerio de Soraya Sáenz de Santamaría asciende a 175.604 euros, desglosados en algo más de 104.000 euros por las apariciones en internet, casi 29.000 por la campaña de radio y casi 42.000 por la de televisión. El Ministerio Público reclama que, en caso de condena, los empresarios tengan que reintegrar el dinero al Tesoro.

La Fiscalía pide para cada uno de los acusados una pena de 5 años, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 3.000 euros. 

Utilizaron 'pantallazos' en lugar de los certificados oficiales

Durante la ejecución y facturación del contrato con el Ministerio de Soraya Sáenz de Santamaría, la empresa presentó una memoria en la que hizo constar que se habían contratado un total de 97.277.850 impresiones (apariciones en medios), y lo justificó con unas capturas de pantalla, a pesar de que el contrato firmado con el Gobierno exigía que la empresa aportara los certificados originales de los medios.

Persuade Comunicación envió una segunda memoria en la que, para compensar la falta de cobro de los recargos por anuncios en radio, indicó que las impresiones en medios habían ascendido hasta las 115.458.310 y aportó unos documentos escaneados con la apariencia de que habían sido enviados por los medios. La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, en cumplimiento de contrato, indicó que las capturas de pantalla no eran suficientes para justificar las apariciones en medios, y pidió que se enviaran los certificados de los medios. 

Así, la empresa envió una tercera memoria donde "reconocieron que el número verdadero de impresiones realizadas ascendía a la suma de 28.828.250 impresiones", aportando los certificados originales emitidos por los medios de comunicación, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Para hacer coincidir las cifras, los acusados habían añadido un número a las cifras que aparecían en los certificados originales emitidos por cada uno de los medios de comunicación. Mientras que en el documento oficial de El Confidencial Digital aparecía que se habían emitido 436.572 impresiones, en las copias escaneadas hicieron figurar la cifra de 2.346.572 impresiones.

En El Confidencial aparecía la cifra de 2.084.239 impresiones mientras que en el certificado alterado por los acusados hizo constar la cifra de 7.084.239 y en las certificaciones emitidas por la empresa Smartclip alteraron la cifra original de 4.509.192 hasta las 16.509.192 impresiones.