El Gobierno consentirá los mítines ilegales del 1-O: "Cuando actuemos será de una vez"

Los actos de promoción del referéndum para la independencia de Cataluña son suspendidos en Madrid o Vitoria, pero pueden celebrarse en cualquiera de las cuatro provincias catalanas. La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha pedido al juez -y ha obtenido de inmediato- la suspensión cautelar de la intervención pública que la diputada de la CUP Anna Gabriel protagonizaba este viernes en la capital alavesa, pero la Delegación del Gobierno en Cataluña no ha hecho nada semejante respecto a las intervenciones de Carles Puigdemont en el acto inaugural de la campaña independentista celebrado en Tarragona el jueves o en el de este viernes en Badalona.

Desde que el 7 de septiembre el Tribunal Constitucional admitió a trámite las impugnaciones del Gobierno contra la ley de referéndum y contra el decreto de convocatoria de la consulta, pesa una nítida suspensión cautelar sobre cualquier actuación "que permita la preparación y/o la celebración del referéndum". La realización de mítines a favor de la votación secesionista vulneran, por tanto, la resolución del TC.

Pero desde el Gobierno se ha decidido anteponer otras consideraciones, hasta el punto de que la Delegación del Gobierno en Cataluña ni siquiera intenta que los jueces de lo contencioso-administrativo de los partidos judiciales catalanes suspendan los mítines. Fuentes del Ejecutivo afirman que "a 15 días aún" del día D "no es el momento de montar un follón descomunal en un acto con 10.000 personas. No queremos un problema de orden público".

En el Gobierno existe la convicción de que los independentistas "van buscando" que se produzcan incidentes y altercados que afecten a los ciudadanos y que puedan achacar a la actuación del Estado. "Ellos necesitan vender la imagen de un Estado represor que cercena la libertad y los derechos de la gente", afirman.

"Queremos evitar escenarios de alteración del orden público", explican las mismas fuentes, que recuerdan que las competencias de seguridad ciudadana en Cataluña las desempeñan los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana.

El resultado de esta posición, defendida por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y que ha asumido el presidente Rajoy, es que "los mítines de la campaña los vamos a consentir, así los expedientes irán engordando".

Una vez celebrados los mítines habrá atestados y la Fiscalía tramitará diligencias, al menos, por un delito de desobediencia al TC. En ellas se investigarán, además, los indicios de una posible malversación para el supuesto de que se hayan utilizado fondos públicos. La Fiscalía de Tarragona acordó el propio jueves abrir diligencias respecto al acto en el Tarraco Arena.

Para el Gobierno, la prioridad es que no haya votación, de manera que se irá respondiendo "gradualmente" y "cuando actuemos será de una vez", afirman respecto a una reacción más contundente.

Por parte de la Fiscalía se recuerda que desde el pasado martes las fuerzas policiales ya tienen instrucciones concretas de impedir los preparativos del 1-O, por lo que corresponde a los agentes decidir cómo actuar en cada caso.