Catalá, en el Congreso

Catalá, en el Congreso Efe

Tribunales

Catalá acepta las demandas de los jueces y logra parar la amenaza de huelga

Recuperación de derechos laborales, convocatoria de oposiciones a Judicatura y negociación sobre retribuciones, entre los acuerdos.

El Ministerio de Justicia y las cuatro asociaciones judiciales han llegado este miércoles a un acuerdo para poner en marcha medidas que solucionen demandas históricas de la Judicatura cuya desatención está en la base del malestar existente en la carrera.

Los portavoces de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar; Francisco de Vitoria (FV), Raimundo Prado; Jueces y Juezas para la Democracia (JpD), Ignacio González, y Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, coincidieron en que el encuentro celebrado con el titular de la cartera, Rafael Catalá, ha sido "positivo" y se han alcanzado "unos compromisos y un calendario". Eso sí, subrayaron (especialmente FV y FJI) que "si no se cumple lo que se nos ha prometido, tendremos que tomar medidas, sin descartar la huelga", dijeron en una rueda de prensa conjunta.

De momento, sin embargo, la receptiva actitud de Catalá en ese encuentro ha logrado ahuyentar el fantasma de un paro en la Judicatura que hubiera representado una pésima noticia para el Gobierno en un momento en que la Judicatura abandera la lucha contra la corrupción y la reconquista de los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del poder económico y financiero.

De huelga y de otras actuaciones de fuerza se ha venido hablando en las últimas semanas en los chats judiciales. Las asociaciones de jueces -que se han sorprendido de que el Ejecutivo 'mueva ficha' con un paquete de medidas concretas antes que lo haga el propio órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial- han optado por recoger ese malestar y negociar con el Ministerio.

El acuerdo

En concreto, Catalá ha anunciado que la próxima semana se presentará en el Congreso una proposición de ley por la que se modificarán los días de vacaciones y de permiso de jueces y fiscales, así como del resto del personal de la Administración de Justicia, de forma que vuelvan a disponer de los mismos días de los que disfrutaban antes de las medidas adoptadas en 2012 para cumplir con los objetivos de austeridad y eficiencia.

La iniciativa parlamentaria recogerá los siguientes puntos: jueces y fiscales disfrutarán de los mismos días de vacaciones y permisos que tenían antes, incluidos los días adicionales por antigüedad; se repondrán los tres días adicionales que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reconocía al personal de la Administración de Justicia antes de su reforma; y una nueva redacción de la LOPJ permitirá a jueces y fiscales tener un permiso de paternidad con las mismas condiciones que el resto del personal que presta sus servicios al Estado (cuatro semanas en lugar de las dos actuales).

El ministro se ha comprometido a convocar la próxima semana las oposiciones libres a Judicatura, de manera que el primer ejercicio pueda celebrarse en octubre. Saldrán 100 plazas de jueces y fiscales.

En julio se reunirá el grupo de expertos para la implantación de las nuevas tecnologías, cuyo deficiente funcionamiento es un serio lastre para los Juzgados y Tribunales.

Para septiembre está prevista la publicación del decreto de creación de unas 80-90 nuevas unidades judiciales con el fin de que entren en funcionamiento antes de fin de año. Según un comunicado del Ministerio, se va a prestar especial atención a los juzgados de primera instancia, de lo mercantil, de lo social y de lo penal.

En septiembre se convocará, asimismo, la mesa de retribuciones para la carrera judicial.

Cambio del CGPJ

Las cuatro asociaciones judiciales están de acuerdo en reclamar una reforma de la LOPJ para cambiar el procedimiento de elección y el sistema de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Coinciden en que hay que suprimir la actual fórmula que concentra el poder en la Comisión Permanente y sólo concede dedicación exclusiva a los vocales que forman parte de esa comisión, para volver al tradicional funcionamiento del CGPJ con los 21 vocales 'liberados'.

Están de acuerdo, igualmente, en que los 12 vocales del Consejo que han de proceder de la Judicatura deben ser elegidos por y entre los jueces, sin intervención de las fuerzas políticas.

Los dirigentes de las asociaciones pedirán reuniones a los grupos parlamentarios para plantearles sus demandas sobre estas modificaciones que, según les manifestó Catalán, no están en su mano sino que dependen del Parlamento.