Manuel Moix, el nuevo responsable de Anticorrupción

Manuel Moix, el nuevo responsable de Anticorrupción Efe

Tribunales

Moix, el jefe anticorrupción que quiere que los fiscales dirijan a la Policía y no al revés

El programa del nuevo responsable de esa Fiscalía plantea desterrar prácticas que han hecho fortuna pese a ser irregulares.

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El visado de todos los dictámenes, informes y escritos que salen de la Fiscalía Anticorrupción, una puntual dación de cuenta del trabajo que realiza cada fiscal; la proscripción de las investigaciones prospectivas, encaminadas a ver si aparece 'algo'; la actuación de la Policía y de la Agencia Tributaria bajo la dirección de los fiscales "y no viceversa", la agilización de los procedimientos, el control de las filtraciones. En estas ideas, entre otras, se basa el programa de actuación presentado por el que será el nuevo responsable de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Manuel Moix, respaldado este miércoles de forma mayoritaria por el Consejo Fiscal para acceder al puesto que quedó vacante el pasado octubre tras la jubilación de Antonio Salinas.

Manuel Moix, fiscalía anticorrupción

Se trata del nombramiento más sensible de los 35 que va a proponer al Gobierno el nuevo fiscal general. José Manuel Maza quiere al frente de Anticorrupción a alguien que no haya formado parte de esta Fiscalía, por la que pasan los asuntos penales que más incidencia están teniendo en la vida política y económica del país. A alguien con experiencia de mando y con habilidades de gestión de fiscalías complejas pero que no haya tenido contacto con inercias instaladas en un órgano en el que los asuntos se eternizan, los fiscales actúan por su cuenta más veces de lo deseable y se asumen acríticamente los contenidos que los investigadores policiales presentan.

Once años después de su creación, Anticorrupción es un ejército de 133 funcionarios, 52 de ellos fiscales (23 en la sede central, 19 delegados y 10 temporales). Cuenta con una unidad de la Agencia Tributaria (11) y otra de la Intervención General del Estado (7), 10 policías y 20 guardias civiles, aunque las principales investigaciones están en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (Uco).

El peso de la Udef y de la Uco en las investigaciones de Anticorrupción es determinante, tanto que en ocasiones los fiscales se limitan a plasmar en sus escritos lo que indican los investigadores policiales en sus informes.

De acuerdo con el programa de actuación del nuevo fiscal jefe, conocido por EL ESPAÑOL, deberán "desecharse tanto las investigaciones generales o prospectivas dirigidas a la búsqueda de 'algo' que pudiera ser un indicio de delito como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales".

La dirección, del fiscal

"De ahí", añade el documento, "que en el ámbito preprocesal de las diligencias de investigación sea necesario tener claro y hacérselo saber tanto a la Policía Judicial como a la Agencia Tributaria que las mismas han de actuar bajo la dirección del fiscal y no viceversa".

Moix subraya que "ha de ser el fiscal el que delimite y acote los hechos que han de ser investigados por presentar indicios de delito, y sólo éstos y no las simples especulaciones o conjeturas, más o menos aventuradas, son los que han de generar la incoación de unas diligencias de investigación".

El programa de actuación considera también que ha de descartarse el inicio de una investigación cuando las denuncias de la Polícía, de la Agencia Tributaria o de particulares "se funden exclusivamente en meras hipótesis subjetivas o en simples plasmaciones de suposiciones".

"Del mismo modo", indica, "habrá de procederse al cese de la investigación en curso y a su archivo en el instante en que se aprecie que determinadas conductas que estén siendo investigadas no revisten los caracteres de infracción penal".

Todas esas decisiones, subraya, "habrán de ser siempre suficientemente motivadas".

Del documento se desprende que Moix está preocupado por el establecimiento de criterios uniformes de actuación que hay que debatir en las Juntas de la Fiscalía, que ahora no se celebran.

"Las Juntas de Fiscalía son el cauce estatutariamente establecido para el intercambio de opiniones y pareceres y la formación de criterios unitarios de actuación", señala. "No es asumible que haya fiscales que actúen de manera descoordinada o independiente, al margen de la pauta general acordada. El principio de unidad de actuación no es incompatible, desde luego, con la imparcialidad que ha de presidir la actuación de cada fiscal, pero sí lo es con la independencia y la autonomía individual".

Moix sostiene que Anticorrupción es un órgano "que actúa de manera autónoma e imparcial en la toma de decisiones" y así debe transmitirse a la opinión pública con una "adecuada política de comunicación" que traslade la información a través del portavoz de la Fiscalía, sin filtraciones.