Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, en el banquillo de los acusados este lunes

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, en el banquillo de los acusados este lunes Efe

Tribunales Al banquillo por el 9N

Mas irrita a la vez a sus socios y al tribunal, sin el apoyo popular esperado

El expresident llegó tarde al juicio, lo que molestó a los jueces, y su estrategia defensiva enojó a ERC. 

María Jesús Cañizares Carlos Quílez

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La versión de Artur Mas sobre el 9N ante los jueces ha abierto una nueva crisis con sus socios de gobierno. El motivo: su rocambolesca explicación sobre una consulta que torpedea el supuesto referéndum de septiembre. “Con esta declaración sobre lo que se hizo y no se hizo aquel día, ¿quién se atreve a celebrar un referéndum a nivel institucional?”, se preguntaba este lunes un miembro de ERC tras escuchar la autodefensa del expresidente ante el tribunal que le juzga.

La respuesta, en opinión de los republicanos, pone de relieve el empeño de los convergentes por dar marcha atrás en la hoja de ruta y convocar unas elecciones constituyentes en lugar de la consulta.

Guillermo

El expresidente, así como la exvicepresidenta catalana Joana Ortega, y la exconsejera de Educación, Irene Rigau, se sientan esta semana en el banquillo acusados de desobediencia y prevaricación por organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014 pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.

En su declaración ante el tribunal, Mas se declaró “responsable político” de esa iniciativa en un intento de capitalizar mediáticamente su enjuiciamiento. Pero precisó que, si bien obedeció una primera suspensión del Tribunal Constitucional al renunciar a una consulta institucional y sustituirla por un “proceso participativo”, éste fue llevado a cabo por voluntarios, no por el Gobierno catalán.

Subterfugios

Más allá de los subterfugios que esa versión pretenda ante los jueces, lo cierto es que el líder de PDECat -una formación que ha caído en barrena desde que Mas abrazó el independentismo- ha demostrado que la celebración de un referéndum legal y vinculante es prácticamente imposible.

Eso ha molestado a ERC y ha confirmado los peores presagios de la CUP, la formación antisistema que presiona para que esa votación se celebre “sí o sí” sin tener en cuenta lo que manifiesten las instituciones españolas. Esto es, desacatando las resoluciones jurisdiccionales que se puedan derivar de la convocatoria de ese referéndum.

Tal como informó Crónica Global, Artur Mas pretende sacar partido del juicio que este lunes comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con el propósito de reforzar su imagen de virtual candidato a la presidencia de la Generalitat --y de paso tapar casos de corrupción como el del 3% que afectan a su partido--, después de que su sucesor, Carles Puigdemont, haya manifestado reiteradamente que no quiere ser cabeza de lista.

La posibilidad de un tándem electoral entre ambos dirigentes –Mas por Barcelona, Puigdemont por Girona- cobra fuerza, pero el tacticismo preelectoral del líder de la nueva CDC no agrada a ERC. Es cierto que las encuestas de intención de voto dan como ganador al republicano Oriol Junqueras, pero según fuentes de su partido, éste no quiere presentarse en unas elecciones anticipadas como cómplice de CDC, que habría abortado la hoja de ruta secesionista antes de tiempo.

37 minutos tarde

La estrategia de Mas ante el juicio no sólo ha molestado a sus socios sino también a los propios jueces que tienen que decidir sobre la pena a inhabilitación que pide la Fiscalía (y que, de producirse, daría al traste con la resurrección electoral de Mas).

Mas, Ortega y Rigau llegaron con 37 minutos de retraso a su cita con la justicia. Allí, en una de la salas del majestuoso palacio de justicia, el presidente, Jesús Barrientos, arropado por los magistrados Ramos y Rodríguez, miraba hacia el techo, con semblante serio, viendo trascurrir los segundos.

Los fiscales, Bañeres y Sánchez-Ulled, miraban hacia abajo, entre sus notas y hacia la puerta. También muy serios. Pasaban los minutos y los acusados, arengados y arengando a su enfervorecido público, dilataban su personación con discursos, declaraciones, gestos, saludos y todos tipo de atrezo evocador de épica.

En aquellos momentos, y entre los asistentes al juicio, algunos miembros de la Judicatura y la carrera fiscal. Entre ellos, Roser Bach, vocal del CGPJ, esposa del ex consejero de Justicia Germà Gordó.

Por poco esa tardanza no les ha costado a Mas, Ortega y Rigau un revés en fondo y forma por parte del tribunal. “Cinco minutos más y…”, ha revelado, resoplando, este veterano fiscal como quien anuncia una catástrofe que no ocurrió.

Finalmente empezó el juicio. Tras la cuestiones previas, las buenas formas imperaron, aunque el tribunal quiso dejarle claro al expresidente -y en segundo lugar, a la opinión pública- que allí, entre aquellas cuatro paredes, cobijados por sus togas impolutas, quienes mandaban eran sus señorías.

“No hace falta que me dé más explicaciones. Si usted no quiere responder al fiscal, pues no lo haga”, le ha espetado a Mas el presidente del tribunal, Jesús Barrientos, con buenas formas pero con tajante autoridad cuando el expresident se explayaba de forma innecesaria.

Políticos y jubilados

El comienzo del juicio contra Mas no cumplió las expectativas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural en cuanto al apoyo popular. Ambas entidades secesionistas habían planificado una movilización ciudadana tan masiva que impidiera al expresidente y a las dos exconsejeras llegar al Palacio de Justicia. Pero no se cumplieron las previsiones. "Para nosotros fue una manifestación rutinaria, no tuvo nada de especial", explican a Crónica Global fuentes de los Mossos d’Esquadra.

Según la Guardia Urbana, el número de concentrados no llegó a 40.000, mientras que el Observatorio Electoral de Cataluña de Sociedad Civil Catalana (SCC) redujo esa cifra a 16.300. Nada que ver con las previsiones del propio Mas, quien había puesto muy alto el listón de sus apoyos callejeros.

La mayor parte de los concentrados en los aledaños del Palacio de Justicia eran personas jubiladas, cargos políticos y algún que otro curioso. Tal como informó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la más representativa en las administraciones públicas, la mayoría de los funcionarios desoyó el llamamiento de la ANC -apoyada por la propia consejera de Gobernación, Meritxell Borràs- a manifestarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, previa petición de horas libres por asuntos propios. “El grueso de las plantillas acudió a su puesto de trabajo, como no podría ser de otra manera”, aseguró este sindicato.