El ministro Ángel Víctor Torres, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una reunión de seguimiento de la crisis en Ceuta.

El ministro Ángel Víctor Torres, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una reunión de seguimiento de la crisis en Ceuta. Efe

Política

Moncloa responde "fuera de plazo" a Ceuta y sin poner fecha a las expulsiones: Vivas exige un calendario o irá al Supremo

Torres llamó durante el Consejo de Gobierno y anunció el envío de 63 folios con un balance de gestión, sin plazos, más medios o datos de los expedientes.

Más información: Del Tarajal a Loma Colmenar: Ceuta, angustiada, no se fía del desalojo de los asentamientos si no hay devoluciones.

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El Gobierno central responde fuera de plazo al requerimiento del Ejecutivo de Ceuta para resolver las devoluciones de más de 15.000 migrantes sin fijar un calendario ni detallar el estado de los expedientes.

El Ejecutivo ceutí, encabezado por Juan Jesús Vivas, estudia acudir al Tribunal Supremo al considerar que Moncloa desestima sus exigencias clave y no aporta datos sobre las devoluciones ordinarias.

El ministro Ángel Víctor Torres defiende la gestión estatal alegando actuaciones iniciadas y apoyo económico y policial, mientras niega que la inactividad pueda vulnerar la normativa de extranjería.

El balance oficial contabiliza más de 12.700 retornos voluntarios a Marruecos y admite que ningún menor no acompañado ha podido ser reagrupado con su familia hasta la fecha.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido "fuera de plazo" al requerimiento del Ejecutivo de Juan Jesús Vivas para resolver los expedientes de expulsión y devolución de los más de 15.000 migrantes que aún permanecen en la ciudad, desde la "invasión" de los pasados 30 y 31 de julio.

La contestación de Moncloa rechaza la acusación de inactividad, pero no fija un calendario para las salidas ni detalla el estado de cada procedimiento. Es decir, en realidad, no estaría contestando al requerimiento, como estudian ya los servicios jurídicos de la ciudad autónoma.

El requerimiento de la corporación local, firmado el 16 de septiembre, llegó al Gobierno el día 18 y la respuesta se produjo el 20 de octubre. Así, el equipo de Vivas considera que llegó un día después del vencimiento del plazo, cuando la Ciudad se disponía a someter al Consejo de Gobierno la iniciativa para acudir al Supremo.

En todo caso, la vía judicial sigue abierta, aunque la decisión sobre el recurso queda pendiente del análisis de los servicios jurídicos. "Veremos también si han dado respuesta o no a estas cuestiones y, si no, pues obviamente acudiremos al Tribunal Supremo", advirtió el portavoz ceutí, Alejandro Ramírez.

El ministro que ejerce de Autoridad Funcional, Ángel Víctor Torres, interrumpió la celebración del Consejo de Gobierno para comunicar que remitía la contestación. "Ha sido una llamada esta misma mañana, justo durante la celebración del Consejo de Gobierno", explicó Ramírez.

Un balance sin calendario

El documento, al que ha podido acceder este periódico, tiene 63 páginas y se centra en un extenso balance de gestión. No incorpora un calendario de inicio ni de finalización de las devoluciones pendientes ni la relación actualizada de cada expediente que reclamaba Ceuta.

La resolución firmada por Torres acuerda "tener por contestado y por desestimado el requerimiento previo" de Vivas. Es un rechazo formal, pero no despeja la principal exigencia política del Gobierno ceutí: conocer cuándo se ejecutarán las más de 15.000 devoluciones.

El Ministerio niega la inactividad porque las actuaciones "se encuentran ya iniciadas y en curso". Admite, eso sí, que la controversia afecta al "ritmo de tramitación", los medios desplegados y el plazo en que deberían culminar los procedimientos.

Es precisamente esa información la que reclama la Ciudad: "Conocer si realmente se están tramitando esos expedientes, cuándo ha sido el inicio de esos expedientes, cuál es el tiempo de tramitación, cuál es el calendario que prevé el Ministerio", enumeró Ramírez en la rueda prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El requerimiento pedía resolver y notificar en un mes los expedientes de expulsión, devolución o retorno y las solicitudes de protección internacional. También reclamaba ejecutar las salidas "en los casos que así proceda", aportar los medios necesarios y comunicar el estado de cada expediente.

Torres rechaza ese plazo general porque "no puede prevalecer sobre los plazos, trámites y garantías establecidos en la normativa de extranjería y protección internacional". Pero su respuesta no ofrece un calendario alternativo de resolución y ejecución.

En cambio, enumera refuerzos policiales, medios militares, instalaciones de acogida, actuaciones sanitarias y ayudas económicas. El Gobierno presenta esas medidas como prueba de una respuesta "activa y sostenida" ante la crisis.

Cifras globales, sin detalle

La resolución sí aporta datos, actualizados de las salidas "voluntarias": 12.142 personas han retornado a Marruecos entre el 10 de agosto y el 18 de octubre y otras 563 han sido expulsadas por delitos o infracciones.

También contabiliza 5.133 triajes de adultos y 289 de menores.

Una nota de prensa difundida este martes por Moncloa eleva el balance de retornos a más de 12.700 personas desde el 10 de agosto. El Ministerio atribuye esos resultados a la movilización de recursos y al desalojo de los grandes asentamientos.

Pero ninguno de esos balances permite conocer cuántos de los expedientes están pendientes de resolución, notificación o ejecución. Tampoco se ofrece una relación individualizada de las solicitudes de asilo y sus eventuales denegaciones.

Ramírez distinguió los retornos voluntarios y las expulsiones vinculadas a delitos de las devoluciones mediante el procedimiento ordinario anunciado por Interior. "Ahora mismo, lo que hace el Ministerio es aportar cifras de cuándo se están yendo de manera voluntaria, pero no hay una sola devolución ordinaria comunicada", reprochó.

El portavoz ceutí considera "lamentable" que todo dependa de que las personas decidan regresar voluntariamente a Marruecos.

Sobre los menores, el documento sí contiene una admisión expresa: "Ninguno de ellos ha podido ser, hasta la fecha de hoy, reagrupado en Marruecos".

La vía judicial, abierta

Ahora, "se está analizando si la información que ha aportado es suficiente", explicó Ramírez. "Si consideramos que no es una información suficiente, pues obviamente continuaremos el procedimiento" ante el Supremo.

El portavoz también dudó de que pueda cumplirse el horizonte del 31 de diciembre que citó en su comparecencia. Con más de 7.000 adultos en campamentos, sostuvo que "ese plazo seguramente tampoco se va a cumplir".

El examen jurídico deberá abordar además el cauce del recurso.

Porque, aunque el Ejecutivo de Vivas mantiene la referencia al Supremo, la resolución de Torres señala que su impugnación corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con un plazo de dos meses desde el día siguiente a su notificación.