Pedro Sánche y el ministro Ángel Víctor Torres, el viernes en el Congreso de los Diputados.
El plan de Sánchez que esperan en el Gobierno: elecciones y nuevo decreto para aprobarlo en la Diputación Permanente
El presidente anunciará este lunes su decisión, aunque en su entorno prevén que sea el fin de la legislatura.
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Adelanto de elecciones y un plan para poder aprobar en breve un nuevo 'decreto Maricarmen', para que pueda ser convalidado en la Diputación Permanente del Congreso, como arranque de la campaña electoral.
Esas son las dos líneas de actuación de Pedro Sánchez que esperan escuchar este lunes miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE convencidos de que habrá elecciones generales el próximo 29 de noviembre.
El presidente del Gobierno mantiene su agenda con un acto con empresarios a las 9,30, pero antes podría reunirse con el Rey (que arranca su visita oficial a Finlandia) y comparecer en la Moncloa para exponer sus planes.
Lo ha meditado durante el fin de semana y, a falta de confirmación oficial, no hay dudas en su equipo de que la decisión irá por ahí, para aprovechar el tirón de la movilización por la vivienda, beneficiarse del coste que pueda tener para el PP su voto con Vox y Junts rechazando el decreto y, de paso, admitiendo al fin que la legislatura es imposible.
Además, si Pedro Sánchez anunciara este lunes la disolución inmediata de las Cortes, aún tendría una bala parlamentaria para aprobar un nuevo decreto sobre vivienda, pues tendría mayoría suficiente para convalidarlo en la Diputación Permanente del Congreso.
La opción supondría aprobar en Consejo de Ministros un decreto similar al que decayó el viernes en el Congreso. Habría 30 días para convalidarlo, pero ya no sería el Pleno del Congreso quien tendría que hacerlo, sino que iría a la Diputación Permanente que sigue funcionando cuando hay disolución.
Tiene 69 miembros y ahora la mayoría ya no dependería de Junts, sino que podría convalidarse con votos de los partidos que votaron a favor este viernes en el Pleno. Es decir, todos salvo Junts, PP, Vox y UPN.
La Diputación Permanente tiene 27 diputados del PP, 25 del PSOE, seis de Vox, 6 de Sumar, uno de ERC, uno de Junts, uno de Bildu, uno del PNV y uno del Mixto, que es Ione Belarra, de Podemos.
Fuentes del Gobierno no confirman oficialmente que se esté trabajando en ello.
Entre otras cosas, porque supondría confirmar que puede haber adelanto electoral, algo que Sánchez se supone que medita durante este fin de semana. Pero otras fuentes admiten que está sobre la mesa.
Permitiría al Gobierno mantener la tensión sobre este asunto y llevar a cabo una especie de primer acto de campaña electoral y, al tiempo, no dejar desprotegidos a los afectados por el decreto. Por ejemplo, los vulnerables que se pretendía proteger con el decreto.
Un destacado miembro del Gobierno admite que sería una buena decisión política y estratégica. Porque la Diputación Permanente tiene un máximo de 30 días para convalidar y el Gobierno podría llevar al máximo este plazo para acercarse lo más posible a la campaña electoral.
El éxito de las movilizaciones por la vivienda y, especialmente, las manifestaciones del sábado han empujado al Gobierno y al PSOE a abrazar la tesis de aprovechar ese empuje para ir ya a elecciones.
Ministros y dirigentes socialistas son cada vez más defensores de la convocatoria electoral anticipada y, según avanzó el fin de semana, están más convencidos de que la legislatura se ha acabado. Eso sí, añaden que con este presidente del Gobierno nunca se sabe.
Todo parece indicar que esta vez sí firmará el decreto de disolución, dando por imposible llegar a 2027 como pretendía y admitiendo que no va a tener mejor momento que este.
No tanto para ganar las elecciones o gobernar, como está obligado a asegurar en público, como para sostener un resultado que no sea catastrófico para el PSOE.
Es decir, la decisión final depende de la respuesta a una pregunta básica: ¿es posible mejorar de aquí a julio?
En la respuesta intervienen factores que analiza estos días como la evolución de la situación económica que, atendiendo a la coyuntura internacional, no sólo no mejorará, sino que es previsible que haya datos negativos como un ascenso de los precios de la energía y los hidrocarburos con todo lo que ello significa.
En ese escenario económico, no parece aconsejable ir a elecciones en plena turbulencia en febrero o marzo. Mucho mejor ahora con la agenda de la vivienda caliente sobre la mesa.
El otro 15-M
El análisis de esa coyuntura económica, la prospectiva del corto plazo y los datos de encuestas exprés y estudios demoscópicos sostienen la meditación de Sánchez en este nuevo fin de semana de retiro, según fuentes del Gobierno.
Esos estudios demoscópicos buscan determinar si la oleada de protestas por la vivienda favorece al PSOE, si mejora posiciones de otras opciones de izquierdas como Podemos o lo que será el Frente Amplio, si movilizan a las derechas o si van a opciones minoritarias que no aportan para la distribución de escaños.
Con todas las diferencias por el paso del tiempo, estos días se recuerda que hace 15 años el 15-M se hizo contra un Gobierno del PSOE (el de Zapatero) y no vino seguida de una victoria de la izquierda. Por el contrario, sólo seis meses después el PP de Mariano Rajoy arrasó con mayoría absoluta.
La ola de aquella acampada no sirvió en el corto plazo para que los socialistas ganaran poder sino que, por el contrario, surgió a su izquierda Podemos y dejó al PSOE en su peor resultado histórico.
En el entorno de Sánchez dan mucha importancia al hecho de que todas las encuestas indiquen que el PP está estancado en el porcentaje de voto de 2023, mientras que Vox sea el beneficiario de acontecimientos como los de Ceuta o, incluso, el rechazo de protestas como la de la Puerta del Sol por la vivienda.
Otra línea de análisis es qué se puede hacer en estos meses si se aguanta en el Gobierno.
Para empezar, consideran que ha quedado demostrado que no pueden aprobar nada sobre vivienda y es un esfuerzo inútil volver a presentar más iniciativas o decretos.
Tienen en el horizonte más inmediato la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo modelo de financiación.
Esa iniciativa tiene un coste político interno siempre y, en este caso, es rechazada por Asturias y Castilla-La Mancha, las dos únicas comunidades de régimen común con presidentes socialistas, además de Cataluña.
Junts lo rechaza porque es fruto de un pacto con ERC y porque lo consideran insuficiente.
Por tanto, llevarlo al Congreso supondría una nueva derrota con alguna quiebra interna y, en definitiva, otra constatación de su debilidad.
Sin Presupuestos
El siguiente hito sería la negociación de los Presupuestos para su presentación, dando por hecho que no serán aprobados en diciembre y así poder disolver para llamar a las urnas en febrero o marzo.
Pero visto lo visto consideran que no tiene mucho sentido porque ya tienen la causa justa para convocar elecciones y no necesitan aguantar tantos meses cambiando el marco sobre la vivienda que ahora entienden más favorable.
