El jurista Enrique Gimbernat, este viernes en su casa de Madrid durante la entrevista con EL ESPAÑOL.
Enrique Gimbernat: "La imputación del PSOE está al caer, por el caso de la 'fontanera' o por la financiación irregular"
"La sentencia del TJUE no afecta a Puigdemont, si regresa ahora a España como le aconseja Óscar Puente le espera la cárcel".
"El PSOE dice: actuamos de inmediato cuando hay corrupción. Y manda a la fontanera Leire a actuar contra los jueces por los medios más sucios".
"Un Jurado popular como el que juzgará a Begoña puede ser manipulable, más aún en un caso complejo como la malversación".
Pese a la euforia con la que el Gobierno ha celebrado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, Carles Puigdemont no debería apresurarse a hacer las maletas para regresar a España.
Al menos, es el consejo que le brinda uno de los más prestigiosos juristas de nuestro país, Enrique Gimbernat Ordeig (Sevilla, 1938): que no escuche el último exabrupto del ministro Óscar Puente.
Como catedrático de Derecho Penal, Gimbernat ha formado desde 1963 a decenas de miles de abogados, fiscales y jueces (algunos hoy muy conocidos) en las aulas de las universidades de Salamanca, Alcalá de Henares y la Complutense.
Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Múnich. Tras culminar su labor académica en 2011, sigue siendo uno de los observadores más incisivos de la actualidad española, que disecciona con la lucidez del jurista en los artículos publicados en EL ESPAÑOL y en el diario El Mundo.
En conversación con EL ESPAÑOL, Enrique Gimbernat augura que el "momento decisivo" del juicio a Begoña Gómez será el proceso de selección de los miembros del Jurado, en el que se lo juegan todo la defensa y las acusaciones.
Gimbernat desmonta la teoría del 'lawfare': ‘‘Esa conspiración judicial no existe’’
Y considera "absolutamente espantoso" que el PSOE montara y financiara la red de la fontanera Leire Díez, para perseguir a los jueces, fiscales y mandos de la UCO que investigan la corrupción del entorno de Pedro Sánchez.
Algo que, junto a las sospechas de financiación ilegal, podría deparar muy pronto la imputación del PSOE como persona jurídica, vaticina Gimbernat.
En España, ¿hay una conspiración de los jueces para derribar al Gobierno, como sostiene el propio Gobierno?
¡No, por favor! Además, esa conspiración solamente existe cuando se trata de asuntos y causas en las que están implicados políticos del PSOE o sus familiares.
Pero ahora hemos conocido una cosa absolutamente espantosa. Ellos dicen: no somos como el PP, en el momento que hay cualquier corrupción, inmediatamente actuamos.
Y actúan. Ponen a Leire y empiezan a ver si ese juez es homosexual, o si esa jueza tiene un amante... Es lo que hacen.
En efecto, reaccionan inmediatamente y van a por los jueces y magistrados que llevan causas que afectan al PSOE o a sus familiares. Es una auténtica vergüenza, es horroroso lo que están haciendo.
Han ido a por la juez Biedma, y ahora se ha confirmado por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz que estaba bien instruida su causa [sobre el hermano de Pedro Sánchez].
Y en el caso de Peinado, con todas sus extravagancias, cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han confirmado lo esencial de su instrucción. ¿Están todos en la conspiración?
No tiene pies ni cabeza que cuando los jueces están investigando a gente que es próxima a ti, digas que están conspirando.
Oiga, lo que tienen que hacer, uno es no buscarse un puesto de director de orquesta en la Diputación de Badajoz.
Y la señora de Sánchez, lo que tiene que hacer es no montar una cátedra, una mujer que no tiene ni siquiera un título universitario.
¿No es letal para cualquier democracia que el propio Gobierno diga a los ciudadanos que no deben confiar en la Justicia?
Es letal, eso no pasa en ningún país de Europa, en ningún país democrático. Hay que respetar al Poder Judicial.
Los jueces tienen mil controles: hay una instrucción, hay una sentencia de instancia, hay una sentencia de apelación, luego hay la casación, y el Constitucional. Y el Tribunal de Derechos Humanos. Es decir, están súper controlados. ¿Y son todos conspiradores?
Pero el ataque al Poder Judicial no es sólo con palabras.
Esta Leire va a ver al fiscal, va a ver a Ábalos, va a ver a Santos Cerdán... Todo eso con el PSOE y con el dinero del PSOE detrás. Porque ella misma dice que tiene, y parece que lo tiene, a alguien muy importante que la está respaldando.
El jurista Enrique Gimbernat, este viernes en su casa de Madrid durante la entrevista con EL ESPAÑOL.
Ya ha quedado acreditado que el PSOE financió las actividades de la 'fontanera' Leire contra jueces, fiscales y mandos de la UCO. ¿Este caso es el que más acerca a la imputación del PSOE como persona jurídica?
Sin duda alguna, yo creo que está al caer. En un principio, ese supuesto sólo afectaba a las personas jurídicas, pero posteriormente se extendió también en el Código Penal a los sindicatos y a los partidos políticos.
Tienen que estar vigilantes para que no se cometa ningún tipo de delito, y se han estado cometiendo por un tubo.
Además está la pieza secreta que instruye Pedraz sobre la financiación ilegal del PSOE. Ya tenemos a un secretario de Organización del PSOE condenado a 24 años de cárcel, y al otro le van a caer unos cuantos.
Uno de los primeros objetivos de la trama de la 'fontanera' fue la juez Biedma, que instruía la causa sobre David Sánchez. ¿Es verosímil que Leire intrigara para proteger al hermano del presidente, sin que lo supiera o autorizara el presidente?
No tengo ni idea. Pero no solamente atacan a los jueces y fiscales, también a la UCO, para que no investigue cuando se trata de ellos. Ya estamos viendo lo que está pasando en la Dirección General de la Guardia Civil.
Sí que reaccionan inmediatamente, como ellos dicen, pero para tratar de que esos procedimientos no vayan adelante, por los medios más sucios.
"El Congreso no podría denegar el suplicatorio de Sánchez si es investigado por corrupción, según la jurisprudencia del TC"
Que el Gobierno aliente la tesis del 'lawfare', ¿le permite preparar el terreno para que el Congreso deniegue el suplicatorio de Pedro Sánchez, si el Supremo decidiera investigarle?
No es tan fácil. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice que hay que conceder el suplicatorio, cuando se trata de hechos que pueden constituir delitos comunes. [El entonces senador del PSC] Carlos Barral fue acusado de injuriar a un editor, y el Senado denegó el suplicatorio.
En su sentencia [de 1985], el Constitucional anuló la decisión y determinó que la concesión del suplicatorio no puede ser arbitraria.
El suplicatorio tiene que estar fundamentado en delitos de carácter político, pero en delitos comunes, es obligatorio, hay que darlo sí o sí.
La Audiencia de Madrid confirmó el jueves la decisión de mandar a Begoña Gómez a juicio con Jurado popular, por tráfico de influencias y malversación.
¿A Pedro Sánchez le debería preocupar especialmente que Begoña sea juzgada por un Jurado popular, formado por ciudadanos?
Los juicios por Jurado son muy complicados, porque ahí lo definitivo es la elección de los miembros del Jurado. Y en el caso de Begoña Gómez no va a ser fácil.
Ahí a veces se hacen preguntas indirectas, por parte de las acusaciones y las defensas. Por ejemplo, si el acusado es negro, en vez de preguntar a un candidato si es racista, le preguntas si le importaría que su hija se casara con un negro.
Y de ahí se van derivando cosas para recusarle o no.
Por lo general, estoy en contra del Jurado popular. Estoy a favor de lo que hay en Europa, el Jurado escabinado, por ejemplo con dos jueces profesionales y tres legos. Como en Alemania, Francia o Italia.
Pero un Jurado en el que todos son legos es una importación del Derecho anglosajón, que nos es ajeno.
El jurista Enrique Gimbernat, este viernes en su casa de Madrid durante la entrevista con EL ESPAÑOL.
Por tanto, la primera batalla será la propia selección del Jurado.
En Estados Unidos, los grandes despachos de abogados investigan la vida de cada candidato. El momento decisivo es el de la selección del Jurado.
Un Jurado formado por nueve ciudadanos de la calle, que no conocen las leyes, ¿puede ser más manipulable por las partes?
Claro, y más en un delito algo complicado como es la malversación, en este caso por un software informático. De todas formas, están orientados por el magistrado presidente.
En su auto sobre Begoña Gómez, la Audiencia Provincial cita el precedente del 'caso Urdangarin'. ¿Qué le parece ese paralelismo?
Claro, eso es lo que fundamenta el supuesto tráfico de influencias. Ella ha ido como la esposa de de Pedro Sánchez y ha recibido a las personas en la Moncloa, ha pedido financiación para su cátedra...
No es lo mismo que lo pida un señor que pasa por la calle, que la esposa del presidente del Gobierno. Sin duda alguna.
"En el caso de Begoña Gómez, el momento decisivo será la selección de los miembros del Jurado, no va a ser fácil"
En las dos sentencias que conocimos el jueves, el TJUE determina que la Ley de Amnistía no afecta a los fondos europeos ni vulnera la directiva de la UE sobre terrorismo. ¿Puigdemont puede empezar a hacer las maletas para regresar a España?
¡No, no! Tanto la Sala Segunda del Tribunal Supremo para los condenados por malversación —que son Junqueras, Romeva y otros—, como el juez Llarena, que lleva el procedimiento contra [los fugados] Puigdemont, Comín y Puig, no han aplicado la amnistía a la malversación que éstos cometieron.
No porque piensen que ese precepto de la Ley de Amnistía vulnere el Derecho de la Unión, sino porque consideran que incurrieron en un delito de malversación en el que se produjo un enriquecimiento. Y la propia Ley de Amnistía dice que no se puede aplicar en ese supuesto.
Por tanto, estas dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) son absolutamente irrelevantes, tanto para estos condenados como para los procesados por el 1-O.
Es cierto que han recurrido estas resoluciones ante el Tribunal Constitucional. Y teniendo en cuenta la carrera que lleva el Constitucional actual, lo previsible es que les otorgue el amparo y le diga a la Sala Segunda del Supremo y a Llarena que debe aplicarles la amnistía.
Por lo tanto, la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, del que podemos esperar pocas sorpresas.
Ninguna sorpresa. Es una cuestión de pura experiencia. Cada vez que ha habido un asunto que afectaba al Gobierno, ha habido cuatro votos particulares y los demás han votado a favor del Gobierno.
Varias fotos en el despacho de Enrique Gimbernat, que muestran momentos de su trayectoria académica.
El TJUE ha asumido íntegramente la interpretación del Gobierno, según la cual la finalidad de la amnistía es la reconciliación en Cataluña.
Pero ha obviado el objetivo más evidente: Sánchez compró el apoyo de los partidos independentistas a su investidura, a cambio de perdonar los delitos de sus líderes.
El TJUE cita y hace suya la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía: afirma que tiende a reducir las tensiones constitucionales, institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilita el escenario de reconciliación.
Reproduce lo que dice la exposición de motivos de la ley, que habla de reconciliación. Pero hay dos cuestiones nucleares en las que no entra.
En primer lugar, que esto es una autoamnistía. Y en segundo lugar, que esto ha sido un cambalache para el interés particular de Sánchez. Amnistía por investidura.
Eso es realmente es lo que pone en cuestión que la Ley de Amnistía sea conforme con el Derecho de la Unión.
En su opinión, ¿no lo es?
El TJUE ha tratado de eludir el problema. Pero hay otras dos cuestiones prejudiciales admitidas a trámite, que aún debe resolver. Una, de un Juzgado de Vilanova i la Geltrú, y otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Ambos tribunales alegan que esta Ley va contra el Derecho de la Unión, porque es una autoamnistía y porque no perseguía el interés general, sino el interés particular de un señor particular que es Pedro Sánchez.
Por lo tanto, ¿el TJUE tendrá que pronunciarse al respecto?
Entonces tendrá que entrar en el fondo del asunto: que se trata de un cambio de investidura por amnistía. Y se deduce de lo siguiente: días antes de las elecciones generales, Sánchez dijo en La Sexta que la amnistía era ilegal e inconstitucional. Y que, por consiguiente, ellos nunca la aprobarían.
No sólo es que la amnistía no iba en el programa del PSOE. Es que el programa del PSOE decía que de amnistía, ni hablar. Pero llega el día electoral y ve que necesita también los votos de Junts.
Entonces Sánchez dice: "Hay que hacer de la necesidad virtud" y "somos más". Ya está diciendo que va a contar con Junts.
"Lo de la reconciliación es una tapadera, la amnistía fue un cambalache por el interés particular de Sánchez"
Y para que le voten, necesita aprobar la amnistía. Por consiguiente, está claro que esa es la finalidad de la ley y lo que viene en el preámbulo es una tapadera. Y eso lo sabe toda España.
Eso es fundamental para saber si esta ley está o no conforme con el Derecho de la Unión. No es un interés general de reconciliación, porque eso también estaba el día antes de las elecciones.
Es un interés particular, porque para Sánchez era la única posibilidad de alcanzar la jefatura de Gobierno.
Al asumir la tesis de la reconciliación, el TJUE obvia otro dato fundamental: se perdonan los delitos de los líderes separatistas, pero éstos insisten en que no renuncian a la vía unilateral.
¿No complica la reconciliación que mantengan la voluntad de volver a cometer los mismos hechos?
Claro, ellos ni han pedido perdón ni dan marcha atrás. Por tanto, esto de la reconciliación es una tapadera.
Pero además, el TJUE no tiene por qué asumir la exposición de motivos de la ley. No lo hizo en su sentencia del 24 de junio de 2019, cuando Polonia rebajó por ley la edad de jubilación de los magistrados del Supremo, de 70 a 65 años.
La exposición de motivos de esa ley decía: esto lo hacemos para equiparar a los magistrados del Supremo con los demás trabajadores.
En realidad, el Gobierno quería retirar a los magistrados que no eran simpatizantes del presidente y del régimen entonces imperante en Polonia. Y en la norma, el presidente se atribuía la facultad de designar en los puestos vacantes a los magistrados que él quiera.
Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no se traga la exposición de motivos y dice: hay que levantar el velo, esto es una tapadera para poner a magistrados que sean simpatizantes con el régimen.
Y aquí, sin embargo, la exposición de motivos de la Ley de Amnistía sí es dogma de fe para Spielmann. Y el TJUE de pronto fusila lo que dice el Tribunal Constitucional. Y fuera del preámbulo, no hay nada. Oiga, es que todos sabemos lo que ha ocurrido.
El jurista Enrique Gimbernat, este viernes en su casa de Madrid durante la entrevista con EL ESPAÑOL.
Al examinar la Ley de Amnistía, la Comisión de Venecia dice que si esto fuera una autoamnistía, iría en contra del Derecho de la Unión.
También lo ha dicho la Comisión Europea en su informe ante el TJUE. Y lo dice el propio Spielmann en su informe, que una autoamnistía no estaría de acuerdo con el Derecho de la Unión.
Pero hay más. En el año 2019, Rumanía quería promulgar una ley de autoamnistía [a miembros del partido del Gobierno]. Y el lío que se armó fue tremendo: Juncker, que en aquel momento era presidente de la Comisión Europea, en una conferencia en Budapest, dijo que eso vulneraba los principios del Estado de Derecho reconocidos en el artículo segundo del Tratado de la Unión.
Y Rumania retiró la ley. No llegó al Tribunal Europeo, porque el presidente y el vicepresidente de la Comisión dijeron que esa ley de amnistía no iba a pasar en el Tribunal de la Unión Europea (TJUE).
¿Cree posible que el Gobierno español haya ejercido algún tipo de presión sobre el TJUE? ¿Tiene algún resorte para hacerlo?
No tengo ni idea. Lo que sí le digo es que no es lo mismo que echen abajo una ley de Polonia, a que lo hagan con España, que es uno de los pilares de la Unión Europea. Este asunto desde el principio fue un marrón para el Tribunal de Luxemburgo.
Si Puigdemont se planta hoy en España, como le ha recomendado el ministro Óscar Puente, ¿qué sería lo lógico que ocurra?
Qué barbaridad, acabaría en la cárcel, claro. Además es alguien que tiene peligro de huida. O sea, que estaría en prisión provisional una burrada de tiempo.
La orden de prisión está en vigor porque Llarena considera que este tipo de malversación, en la que ha habido enriquecimiento, está excluida por la Ley de Amnistía.
¿Quién puede tirar eso abajo? El Tribunal Constitucional, actuando de casación, con otra interpretación. Pero el Constitucional no puede ejecutar eso, lo tiene que ejecutar la Sala Segunda.
Entonces, el Supremo puede hacer dos cosas. Acatar sin más lo que dice el Tribunal Constitucional, aplicar la amnistía y dictar un auto de extinción de responsabilidad criminal para los condenados por malversación. O un auto de sobreseimiento, en el caso de Llarena.
O bien puede decir: aquí hay un tema que todavía no se ha planteado, que esto es una autoamnistía y un cambalache. Y entonces plantea la cuestión prejudicial con esos dos argumentos, que ya tiene que resolver el TJUE.
Y entonces quedan en suspenso tanto el auto de extinción de la responsabilidad criminal de la Sala, como el auto de Llarena revocando el auto de prisión. ¿Va a pasar eso? Pues no lo sé.
De las dos sentencias del TJUE que conocimos el jueves, ¿podemos sacar la conclusión de que no debemos esperar que la Unión Europea nos resuelvan los problemas de nuestra democracia, si no lo hacemos nosotros?
Es que España no es Rumanía, ni España es Polonia, ni España es Hungría. Con todos mis respetos para sus magistrados, esto influye en el TJUE.
Por tanto, es muy difícil. Yo no tengo mucha fe en que salgan adelante las cuestiones prejudiciales del Juzgado de Vilanova i la Geltrú y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJUE). O la del Supremo, si la presenta.
Es muy posible que el TJUE no nos haga caso. Pero yo me identifico con que esta ley es inconstitucional y además va contra el Derecho de la Unión.
No me hago muchas ilusiones, pero esto todavía tiene un recorrido.
La colección de libros y tratados de Derecho en el despacho de Enrique Gimbernat.
Vayamos con la Ley de Nietos. Una orden ministerial otorgó la condición de exiliados políticos a todos los que salieron de España entre 1936 y 1955, cuyos descendientes pueden solicitar ahora la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
¿Una orden ministerial puede reinterpretar y ampliar de este modo el alcance de una ley?
Bueno, se puede recurrir. Fran de la Fuente explicó este viernes en un espléndido artículo en EL ESPAÑOL lo que han hecho otros países como Francia, Italia o Alemania: crear una circunscripción electoral más pequeña, para todos los votantes que se encuentran en el exterior.
Así se evitaría que su voto distorsione el resultado de las elecciones. La propia Junta Electoral ha cuestionado ahora que los nuevos nacionalizados puedan inscribirse en el censo en la provincia que elijan, aunque no tengan ningún vínculo con ella.
Es que estamos dando el derecho al voto a personas que a lo mejor ni siquiera saben español, o que no saben nada de lo que sucede en nuestro país.
Eso tenía mucho sentido con los exiliados, pero es que luego se ha extendido a los que se fueron a Venezuela para ganarse la vida, y a los tataranietos, o a los que se fueron a Alemania y no saben español, ni pagan impuestos para el Presupuesto español.
O que nunca en su vida llegarán a pisar España.
Ese voto no puede tener el mismo peso que el de las personas que estamos viviendo aquí.
Es decir, nacionalidad, sí. Pero un derecho de voto restringido, como es natural y como están haciendo otros países europeos.
Disociar la nacionalidad del derecho al voto, para que sólo puedan ejercerlo quienes tienen la residencia permanente en España, ¿exigiría una reforma de la Constitución?
Posiblemente, pero hay que llegar a una solución razonable. Hay muchas soluciones, pero desde luego no la de esta ley.
¿El hermano de Pedro Sánchez y el fiscal general han sido condenados sin pruebas, como sostiene la narrativa del Gobierno?
No, la sentencia de la Sala Segunda del Supremo [que condenó a Álvaro García Ortiz] es excelente.
En el caso de David Sánchez, han sido inhabilitados diez cargos y técnicos de la Diputación de Badajoz. ¿Ambas sentencias tienen un carácter ejemplarizante, para que un funcionario público se lo piense tres veces antes de acatar una orden ilegal?
Sin duda, esa es una de las razones del Código Penal, la prevención general.
Cuando hay una huelga de policías o una catástrofe, gente que nunca habría robado empieza a robar televisores, o a robar trajes... porque en aquel momento la fuerza de prevención del Derecho Penal ha quedado neutralizada.
Y cuando el Código Penal no actúa, entonces mucha gente que nunca delinquiría, lo hace porque se da cuenta que va a ser gratis.
El profesor Enrique Gimbernat, en el despacho de su casa de Madrid.
Que la Fiscalía esté actuando como defensa de la mujer y del hermano del presidente del Gobierno, ¿es una distorsión de la función real del Ministerio Público? ¿Es una instrumentalización política?
Absolutamente. La portavoz del Gobierno dijo el otro día, como gran argumento, que la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra Begoña Gómez. La Fiscalía lo está pidiendo en todos los casos políticos [que afectan al Gobierno].
Y eso es un argumento fundamental para que los fiscales no instruyan las causas, y para que exista la acción popular.
En el caso de los GAL, si no es por la acción popular Amedo y Domínguez se habrían ido de rositas, porque el fiscal tampoco acusaba.
A la vista de que el fiscal es un apéndice del Gobierno, no puede instruir las causas, porque está dependiendo del de arriba y tiene que seguir sus órdenes.
No es como un juez, que es independiente, es imparcial y no le pueden hacer nada, no hay quien le eche. Por eso tiene unas garantías que nunca tiene un fiscal. A un fiscal le remueven.
Por eso estoy totalmente en contra de que los fiscales instruyan, con esta Fiscalía.
"Sin la acción popular, los del GAL se habrían ido de rositas. Aún es necesaria, porque la Fiscalía actúa como un apéndice del Gobierno"
¿Le preocupa que el Tribunal Constitucional se esté convirtiendo en una especie de sala de casación del Supremo, que anula sentencias y condenas como la de los ERE? ¿Es una distorsión de las funciones de ese Tribunal?
Nos preocupa muchísimo a todos los juristas. El Constitucional solamente tiene que entrar en su ámbito y comprobar si ha existido una vulneración de los derechos fundamentales. Pero no puede cambiar la interpretación, que corresponde a los tribunales ordinarios.
El exministro Ábalos ha sido condenado a 24 años de cárcel, y nadie asume ninguna responsabilidad. Se imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil, y el Gobierno decide que no deben dimitir.
¿Este Gobierno ha abolido el principio de responsabilidad política?
Naturalmente. No sólo eso. En Europa, cuando hay elecciones y se forma un gobierno de coalición, se acuerda un programa con el compromiso de cumplirlo. En Alemania, donde me formé, si el Gobierno de coalición pierde una votación decisiva, dimite y convoca elecciones.
Aquí tenemos un Gobierno de coalición que, como no tiene mayoría absoluta, tiene que depender del Parlamento, porque esto es un régimen parlamentario.
Pero pierden una votación tras otra... en cualquier país de Europa democrática habría habido elecciones hace mucho tiempo. Es una cosa tremenda.
No sé si estamos en una especie de zona de sombra que los padres de la Constitución no lograron imaginar.
Son las normas de ética política. Si no tienes mayoría absoluta, tienes que tener un apoyo parlamentario. Y si no lo tienes, hay que convocar elecciones.
Por tanto, es más bien una norma no escrita de decencia política.
Eso no está escrito en ningún país europeo de democracia parlamentaria, pero va de suyo. Aunque Sánchez ya ha cruzado tantas líneas rojas...
