El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Montaña rusa en Moncloa: Sánchez pasó en dos horas de la euforia por el aval a la amnistía al enfado por el juicio a Begoña
El Gobierno urge al Tribunal Constitucional y al Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont "lo antes posible".
Más información: Begoña Gómez, a juicio por malversación y tráfico de influencias: "Se prevalió de ser la mujer del presidente"
Algunos manuales de autoayuda aseguran que el estado de felicidad continua no existe, sólo instantes o picos de emociones positivas ante estímulos concretos que generan momentáneamente esa sensación placentera.
Algo parecido le ocurrió este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez, en una especie de montaña rusa de emociones políticas y personales que le impide celebrar las buenas noticias.
Empezó con la alegría de ver refrendada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea su arriesgada apuesta de la ley de amnistía, pero ese estado de satisfacción les duró poco porque le siguió el grave revés de que la Audiencia Provincial de Madrid refrendó la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar a juicio con jurado a Begoña Gómez.
El balón de oxígeno político que le llegó de Luxemburgo fue empañado a las pocas horas por la confirmación de que la esposa del presidente se sentará en un banquillo en los próximos meses.
Y a todo eso hay una misma respuesta de resistencia política procedente de la Moncloa, es decir, que los reveses judiciales no acabarán con el Gobierno y que la consolidación de la amnistía confirma el sentido de gran parte de la política de Sánchez y deja en evidencia la del PP por volcarse por tierra, mar y aire contra la norma que libera de responsabilidad penal a los condenados por el procés independentista en Cataluña de 2017.
Es cierto que a la esposa del presidente los jueces le quitan dos delitos por los que le imputó Peinado y que le devuelven el pasaporte, pero se impone la amargura y el enfado porque le mantiene los de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias y ordena la celebración del juicio ante un jurado popular.
Todo un trago personal para la esposa del presidente y un duro golpe para Sánchez, en lo emocional y en lo político, sobre todo tras la condena a nueve años de inhabilitación hace unos días para su hermano, David Sánchez, por prevaricación.
La respuesta es la aplicación de la estrategia de la Moncloa de cuestionar esas resoluciones, hasta ahora enfocada a arremeter contra los jueces instructores, especialmente contra Peinado. Pero ahora esa descalificación debería extenderse a los cinco magistrados de la Audiencia Provincial que respaldan llevar a juicio a Begoña Gómez y los que en Badajoz avalaron la celebración de la vista oral contra David Sánchez.
Si se añaden los magistrados que condenaron en el Tribunal Supremo al fiscal general, Álvaro García, en una sentencia duramente criticada por el Gobierno, la conclusión sería que la acusación de lawfare o carácter político de una decisión judicial debería ser extendida a al menos una veintena de jueces que han participado en esos procedimientos en distintos momentos.
Y, pese a que el Gobierno extiende la desconfianza sobre los jueces, también lamenta que Begoña Gómez sea juzgada por un tribunal de jurado, es decir, sin magistrados profesionales. No menciona que la reforma legal para extender el jurado a delitos como los que imputan a la esposa de Sánchez la impulsó en su momento el PSOE.
Sánchez mantiene que su esposa, su hermano y Álvaro García son inocentes y víctimas de procesos políticos que buscan derribar al Gobierno. Y así lo repiten los ministros y dirigentes socialistas desde hace dos años y así lo seguirán diciendo en las próximas semanas.
Lo harán al tiempo que avanzan otras investigaciones que afectan al Gobierno y al partido como la de las llamadas "cloacas del PSOE", las que tienen que ver con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero.
Sobre estos últimos casos ya no hay respuesta defensiva desde el Gobierno y el partido y admiten en distinta medida la existencia de hechos graves que se investigan. Sólo se mantiene inalterable el respaldo y la defensa de la inocencia en los casos de Begoña Gómez, David Sánchez y Álvaro García, estos dos últimos ya sentenciados.
Y sobre sus casos se vuelca la estrategia de denunciar la persecución política de los tribunales, incluso con intención de darle la vuelta y explotar la "épica del perseguido" y cubriendo los casos de corrupción con ese manto de victimismo.
"Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa de una organización ultraderechista, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del Presidente del Gobierno", aseguran fuentes de la Moncloa.
Sobre la acusación de tráfico de influencias aseguran que "no existe ninguna prueba de llamadas, presiones o gestiones para influir en adjudicaciones" y sobre la malversación que "no hubo beneficio económico para ninguno de los investigados y la UCM no sufrió perjuicio patrimonial. Begoña Gómez no cobró ni un euro por codirigir la cátedra. Empezó a colaborar con la Complutense desde 2012, años antes de que Pedro Sánchez fuera Secretario General del PSOE o Presidente del Gobierno".
En el inicio del día había una previsión de decisión favorable del TJUE sobre la ley de amnistía, es decir, sobre su compatibilidad con la legislación europea y, por tanto, con opción de aplicarle la norma a Carles Puigdemont, acusado de malversación, y facilitar su vuelta a España.
Hubo coordinación en la respuesta con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y tanto éste como el ministro Félix Bolaños comparecieron para urgir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo a aplicar la ley a Puigdemont y dar por zanjada la vertiente penal del proces.
"El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley (...) Se habrá cumplido plenamente la ley tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible", aseguró Bolaños.
"La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Catalunya. La ley es constitucional, como así lo dictó el Tribunal Constitucional en su momento, y la ley cumple con el derecho europeo. Pido, pues, su aplicación diligente e integral", afirmó Illa.
El Constitucional tendrá que aceptar tras el verano los recursos de amparo contra la no aplicación en el Supremo de la amnistía al delito de malversación y este lo tendrá que asumir y cumplir posteriormente para exculpar a los líderes del proces.
El Gobierno quiere que no haya demoras para que Puigdemont vuelva a España "cuanto antes", aunque da por perdida la posibilidad de recuperar el acuerdo de investidura con Junts, por la proximidad de las elecciones generales.
Este asunto de la celeridad con que se aplique la norma es importante para Sánchez, porque está necesitado de buenas noticias y esta le da fuerza para mostrar satisfacción y descalificar al PP por haberse volcado contra la ley de amnistía, tanto en los tribunales como en la calle.
El Gobierno explica que la ley ha sido avalada sobre todo por el Tribunal Constitucional y ahora por el TJUE, en un caso para decir que es acorde a la Constitución y en el otro que lo es respecto a las normas europeas.
Y desde el punto de vista político entienden que se ve refrendada su gestión para plasmar en una norma el difícil acuerdo cerrado con Junts para lograr en 2023 la investidura de Sánchez.
Resumen que lo que llaman la "normalización" y "pacificación" de Cataluña, junto a los datos económicos, justifican la difícil legislatura. Esa felicidad manifiesta se empaña por lo que ya ha venido desde los tribunales y lo que vendrá en los próximos meses.
Para Óscar Puente, la montaña rusa del jueves en Moncloa es intencionada porque insinuó en redes que la Audiencia Provincial de Madrid había hecho pública su resolución para tapar el éxito del Gobierno en el TJUE sobre la amnistía. No mencionó que también coincide con otros acontecimientos como la resaca de la clasificación de España y de Argentina para la final del Mundial de fútbol.
