Pedro Sánchez conversa con Ursula von der Leyen durante un Consejo Europeo en Bruselas
Bruselas amonesta al Gobierno de Sánchez por no combatir la corrupción y atacar a los jueces
El Ejecutivo comunitario mantiene su exigencia de reformar el sistema de elección del CGPJ para que al menos la mitad de sus miembros sean designados por los jueces.
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La Comisión de Ursula von der Leyen reprende al Gobierno de Pedro Sánchez por arrastrar los pies en la lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos de interés, en plena acumulación de escándalos que afectan al entorno familiar del presidente, al PSOE y al Ejecutivo.
En su informe anual sobre el Estado de derecho en España publicado este viernes, Bruselas recoge además la preocupación de la judicatura por los ataques recibidos desde el Gobierno y las "acusaciones de lawfare judicial" y reclama a los miembros del Ejecutivo evitar críticas que socaven la independencia del poder judicial.
"Según los estándares europeos, aunque la crítica a las decisiones judiciales forma parte del debate democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar manifestaciones que socaven la independencia del poder judicial o la confianza pública en la Justicia", dice la Comisión.
"Del mismo modo, todos los poderes del Estado -ejecutivo, legislativo y judicial- deben actuar con respeto mutuo para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales y preservar la confianza de la ciudadanía en ellas", señala el informe.
El Ejecutivo comunitario le exige además a Sánchez llevar a cabo la reforma prometida del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ajustarla a los estándares europeos, lo que significa que al menos la mitad sean escogidos por los propios jueces.
El Gobierno tampoco ha culminado la reforma para reforzar la independencia del Fiscal General del Estado, separando su mandato del del Ejecutivo, según reprocha el informe.
Bruselas reclama también avances en otras normas pendientes, bloqueadas por la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno, como la regulación de los grupos de interés -con un registro público obligatorio de lobbies- o la ley para combatir los conflictos de interés y exigir la publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos cargos.
El informe también se hace eco de las denuncias recibidas sobre la injerencia política en los medios de comunicación públicos. Los colectivos del sector cuestionan la reforma de 2024 de la ley de RTVE, que modificó la composición y el sistema de elección del consejo de administración y amplió las competencias de su presidente.
Aunque el Gobierno defiende el funcionamiento normal de RTVE tras los cambios, los profesionales advierten de un deterioro de los estándares periodísticos y de un posible sesgo político en los informativos.
Los consejos de informativos de TVE y RNE denunciaron en enero de 2026 una pérdida de calidad profesional y los informes de los colectivos apuntan a una caída de la confianza ciudadana en los medios públicos, señala el informe.
Al mal tiempo, buena cara. El ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños ha asegurado que la evaluación de Bruselas "destaca los buenos resultados que ya está reflejando la implementación de la Ley de Eficiencia y reconoce el esfuerzo realizado para la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales".
España se sitúa además entre los países más avanzados en materia de digitalización, con proyectos como la integración de la IA en el sistema de Justicia, la implantación de la Carpeta de Justicia o los mecanismos de interoperabilidad digital entre órganos judiciales, sostiene Bolaños.
Sin embargo, la Comisión Europea constata en su informe que la percepción de la corrupción en España sigue siendo elevada. El 92% de los ciudadanos considera que está extendida en el país, frente al 71% de media en la UE, y más de la mitad asegura sentirse afectado en su vida diaria. Entre las empresas, el 85% cree que la corrupción está generalizada y el 62% la ve como un problema para hacer negocios.
Bruselas reconoce avances con la aprobación del Plan Estatal Anticorrupción o la presentación del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, pero denuncia que "la aplicación práctica de las normas existentes no ha mejorado".
"Siguen existiendo dificultades en la investigación y el enjuiciamiento de los grandes casos de corrupción por la implicación de múltiples partes, la duración de los recursos, los retrasos en la cooperación internacional, la complejidad de los informes periciales, la falta de recursos y la ausencia de órganos judiciales especializados", dice el informe.
El Ejecutivo comunitario advierte de avances insuficientes en la prevención de conflictos de interés y alerta de que, con su configuración actual, la Oficina de Conflictos de Intereses tiene una capacidad limitada para detectar y sancionar irregularidades relacionadas con las puertas giratorias y las declaraciones patrimoniales.
Bruselas señala además riesgos persistentes en la contratación pública y la financiación de los partidos. El 40% de las empresas españolas cree que la corrupción les ha impedido ganar concursos públicos y la Comisión alerta de problemas de competencia, trazabilidad y control. Pese a las reformas anunciadas, concluye que España debe mejorar la prevención, la detección y el castigo efectivo de las prácticas corruptas.
