El exconcejal del PP, José Luis Peñas, que contribuyó a destapar el 'caso Gürtel'.
El Gobierno indultó en 2024 al denunciante de la Gürtel por su "utilidad pública" pero ataca la rebaja de pena para Aldama
Bolaños aseguró tras conceder el indulto: "Quien colabora para perseguir el delito, cuenta con el reconocimiento y con el apoyo del Gobierno de España".
Más información: El PSOE y el Gobierno cargan contra el Supremo por la baja condena a Aldama: "Sale a cuenta ser corruptor en España"
Un mes antes de que Víctor de Aldama saliera de la cárcel provisional prometiendo colaborar con la Justicia, el Gobierno indultó a José Luis Peñas.
Peñas es el exconcejal del PP en Majadahonda arrepentido que presentó una denuncia en 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción que inició la investigación de la trama Gürtel.
Fue condenado por cinco delitos a una pena de prisión de cinco años y tres meses, aunque no entró en prisión por colaborar con la Justicia.
En cambio, sí recibió una inhabilitación absoluta para cualquier cargo público que el Gobierno anuló en octubre de 2024 por "razones de justicia y equidad" y de "utilidad pública".
"El mensaje que enviamos con esto es un mensaje muy contundente: quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España, y quien colabora para perseguir el delito cuenta con el reconocimiento y con el apoyo del Gobierno de España", afirmó Félix Bolaños, ministro de Justicia.
En Moncloa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños insistió en que la cooperación con la Justicia "no puede ser vista como una debilidad, sino como una fortaleza institucional".
Bolaños también destacó que tanto el Supremo como la Fiscalía se posicionaron a favor de la concesión de este indulto parcial, que le permitió recuperar su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.
Sin embargo, menos de dos años después de ese indulto, es el propio Gobierno el que pone en duda los beneficios a Víctor de Aldama por colaborar con la Justicia.
Cuando dijo que tenía "pruebas de todo" y que ayudaría a esclarecer la trama que este lunes ha sentenciado el Supremo, Pedro Sánchez manifestó: "Menuda inventada".
El ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya estaba en el Consejo de Ministros en el que se dio el visto bueno al indulto de Peñas, cargaba este lunes contra los beneficios concedidos a Aldama, que también avala la Fiscalía.
Al final, la sentencia del Supremo ha sido de cuatro años y medio, pero no entrará en la cárcel por su "aportación al descubrimiento de los delitos".
Eso ha indignado a Puente, que escribía este lunes: "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada, ni entraréis en prisión".
También la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, lamentaba que se exima a Aldama de entrar en la cárcel: "¿Sale a cuenta ser corruptor en España?", preguntaba en X. Y añadía: "Sinceramente, cuesta entenderlo".
Por otra parte, el programa electoral del PSOE en 2023 también hablaba de "reforzar" la entrada en funcionamiento de la Autoridad de Protección del Informante para aquellos que aporten pruebas sobre casos de corrupción.
![José Luis Peñas grabó durante casi dos años a Francisco Correa](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/1053632.jpg?p=w:320\/h:240&h=7ygNCKIK"])
El texto de los socialistas habla de la "aprobación por el Gobierno de la Estrategia Nacional Anticorrupción, en la que se integrarán el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y el conjunto de los instrumentos de prevención y reacción contra el fraude".
En el caso Gürtel, varios empresarios fueron eximidos de entrar en prisión. Es el ejemplo de Alfonso García-Pozuelo, expresidente de Constructora Hispánica, que, tras admitir haber pagado cuatro millones de euros a la red de Francisco Correa, no fue a la cárcel.
Lo mismo sucedió con varios empresarios valencianos que confesaron haber pagado más de un millón de euros en B para costear actos electorales del PP a través de facturas falsas giradas a la empresa Orange Market.
En la actualidad, hay personas como la fontanera del PSOE Leire Díez o Julito Martínez, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero que podrían optar por colaborar con la Justicia para obtener beneficios penales a cambio de aportar pruebas.
