La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón (c), durante la Conferencia Sectorial de Educación este miércoles.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón (c), durante la Conferencia Sectorial de Educación este miércoles. Isa Saiz / Europa Press

Política EDUCACIÓN

Al menos 5 CCAA suspenderán el programa de auxiliares de conversación en el aula por la falta de respaldo del Gobierno

Tras diversas denuncias, los inspectores han considerado a estos extranjeros como verdaderos "trabajadores" y algunas CCAA afrontan multas de 25 millones de euros en total.

Más información: La Xunta envía una carta a Yolanda Díaz para resolver el problema de los auxiliares de conversación

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Las claves

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Al menos cinco comunidades autónomas suspenderán el programa de auxiliares de conversación por falta de respaldo y coordinación entre el Gobierno central y las regiones.

El conflicto surge por la discrepancia entre los ministerios de Educación y Trabajo sobre si los auxiliares son estudiantes en intercambio o trabajadores, lo que ha provocado multas millonarias a las comunidades.

Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Andalucía y Galicia han sido las más afectadas, con sanciones que ascienden a 25 millones de euros en total.

Algunas regiones como Galicia y Madrid critican la falta de soluciones legales y la poca financiación del Gobierno central para sostener el programa.

La llegada de 7.890 auxiliares de conversación extranjeros a las aulas españolas para el próximo curso se encuentra pendiendo de un hilo debido al intenso conflicto abierto entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas.

El histórico programa, fundamental para potenciar el bilingüismo en los centros educativos, atraviesa una crisis sin precedentes derivada de la evidente descoordinación y discrepancia de criterios en el seno del propio Gobierno central, concretamente entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo.

Uno, en manos del ala socialista del Gobierno, con Milagros Tolón a la cabeza, y el otro en Sumar con la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz.

Ante la oleada de inspecciones laborales y el riesgo inminente de tener que afrontar multas millonarias, varias comunidades como la Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Andalucía y Galicia han dado la voz de alarma y han comenzado a descolgarse de la iniciativa.

El origen de este choque radica en cómo considera cada departamento a estos jóvenes que sirven de muleta para los docentes para reforzar un idioma extranjero.

Mientras Educación sostiene que se trata de estudiantes integrados en un "programa de intercambio cultural y educativo" que ejercen como embajadores lingüísticos sin que medie relación laboral alguna, la Inspección de Trabajo, dependiente del departamento de Yolanda Díaz, ha dictaminado exactamente lo contrario.

Tras diversas denuncias, los inspectores han considerado a estos extranjeros como "trabajadores" en activo que debían estar dados de alta en la Seguridad Social, levantando actas de infracción y desencadenando sanciones contra las autonomías que ya rozan los 25 millones de euros en total.

El impacto económico para las comunidades ha sido tal que muchas de ellas aseguran no querer volver a arriesgarse a estas multas.

La Comunidad Valenciana se ha llevado la peor parte con una histórica multa de 15 millones de euros, a los que hay que sumar otros 3,7 millones en actas de liquidación correspondientes a los 1.990 auxiliares que recibió en sus aulas entre los años 2021 y 2025.

En Andalucía, los inspectores de Trabajo multaron a la Junta con cinco millones de euros por incorporar a trabajadores extracomunitarios de forma irregular y por el consiguiente impago de las cuotas.

Además, las regiones afectadas denuncian una flagrante hipocresía en las actuaciones: Trabajo ha sancionado a las comunidades por los auxiliares adscritos a las consejerías autonómicas, pero ha ignorado por completo a los jóvenes incluidos en el cupo directo del Ministerio de Educación, salvando así al departamento de Milagros Tolón de cualquier multa a pesar de que todos se rigen por la misma normativa.

Esta polémica ya cuenta, además, con un importante aval judicial que da la razón al Ministerio de Trabajo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminó el pasado mes de febrero que los 125 auxiliares destinados en el curso 2020-2021 a la provincia de Granada ejercieron bajo "una auténtica relación laboral", en un caso donde la Junta fue condenada de manera firme a abonar más de 438.000 euros a la Seguridad Social.

En la reunión mantenida este miércoles durante el transcurso de la Conferencia Sectorial, la ministra Tolón ha asegurado que "el conflicto está resuelto", pero desde Trabajo no se ha sido tan tajante al respecto.

Murcia, Madrid, Galicia...

Ante estas dudas, varias comunidades autónomas han comenzado a recortar el programa. La Región de Murcia, a través de su consejero de Educación, Víctor Marín, ha anunciado esta misma semana la suspensión temporal de la iniciativa para el próximo curso, una decisión que afectará a 270 auxiliares de conversación de inglés, francés, alemán, italiano y chino.

Marín ha defendido que su Ejecutivo no va a "arriesgar recursos públicos esenciales" en multas multimillonarias y ya tramita el desvío de esos fondos europeos hacia otras iniciativas de inmersión lingüística más estables.

Por su parte, la Xunta de Galicia ha lanzado un órdago directo a Moncloa. El conselleiro Román Rodríguez ha ofrecido por carta ceder al Estado los 4,8 millones de euros que la región destina al programa (lo que supone el 90% de su financiación total) para que sea el propio Ministerio quien asuma de forma directa su contratación.

Desde Galicia califican de "trampa" el nuevo anexo redactado por el Gobierno, argumentando que no entra en el fondo del problema y les deja "a los pies de los caballos" ante las inspecciones, con el agravante de que ya existe un expediente abierto en A Coruña.

En la misma línea de reproche se ha expresado la Comunidad de Madrid. Su consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha denunciado durante esta reciente Conferencia Sectorial que la nueva convocatoria ha llegado "tarde y mal y sin certezas".

Zarzalejo subrayó que la simple modificación de un anexo no ofrece el paraguas jurídico necesario frente a Trabajo, recordando además que Madrid invierte cada año 28 millones de euros para sostener a 2.800 auxiliares, frente a los 90 euros que aporta el Ministerio en la región.