Pedro Sánche saluda a Delcy Rodríguez en Bruselas, durante la cumbre de la UE-Celac, en julio de 2023.
Bruselas investigará si la invitación del Gobierno a Delcy a la cumbre en Madrid vulnera la posición común de la UE
El PPE alerta de que dejarla entrar supondría blanquear "la narcodictadura", mientras Albares pide levantar la sanción a Delcy, en contra del voto de la Eurocámara, que exige mantener el veto hasta avances "irreversibles".
Más información: María Corina: "No he hablado nunca con Sánchez, conozco episodios opacos que juzgaré cuando la verdad se verifique".
La invitación del Gobierno de Pedro Sánchez a Delcy Rodríguez para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, el próximo mes de noviembre, ha cruzado ya la frontera política y se instala en el terreno jurídico de la Unión Europea. La Comisión tendrá que pronunciarse sobre si el gesto del Ejecutivo español "vulnera la posición común" de la UE sobre sanciones a Venezuela.
El Ejecutivo de Ursula von der Leyen y la Alta Representante de Política Exterior, Kaja Kallas, deberán responder por escrito a una pregunta registrada en el Parlamento Europeo por la vicepresidenta del Grupo Popular Europeo, Dolors Montserrat.
En esa iniciativa, a la que ha tenido acceso este periódico, la dirigente del PPE cuestiona abiertamente "si es compatible con el Derecho de la Unión invitar a una persona que tiene prohibida la entrada en territorio comunitario".
El caso afecta a la hoy presidenta encargada de Venezuela, quien desde 2018 integra la lista de altos cargos del régimen sometidos a sanciones individuales por violaciones de derechos humanos y por socavar la democracia y el Estado de Derecho.
El Gobierno español ha confirmado que quiere que represente a Caracas en la cita de noviembre en Madrid pese a ese veto, que votó el propio Sánchez en su primer Consejo Europeo, en julio de aquel año.
La ofensiva del PPE llega en pleno choque entre la estrategia del Ejecutivo español y la posición expresada por una amplia mayoría de la Eurocámara. Mientras José Manuel Albares pide levantar las sanciones a Delcy e impulsa su invitación a la cumbre, el Parlamento Europeo ha votado mantenerlas hasta que haya avances "irreversibles" hacia una verdadera transición democrática en Venezuela.
En su nota, Montserrat recuerda que la Resolución, aprobada el 30 de abril, reclama condiciones muy precisas para plantearse cualquier flexibilización: que haya una "verdadera Ley de Amnistía", más allá de la suspendida por el propio Gobierno de Rodríguez, la "liberación de todos los presos políticos" (pues quedan unos 470 en las cárceles del régimen) y reformas que permitan "elecciones libres".
El documento recuerda que, de momento, nada de eso se ha materializado.
Consecuencias para España
La eurodiputada popular subraya además que las sanciones vigentes desde 2017 incluyen "expresamente" la prohibición de entrada en territorio de la UE y la congelación de activos para los altos cargos señalados, entre ellos Delcy. Por eso exige a la Comisión que aclare si la invitación española puede considerarse "una vulneración de la posición común" o si caben excepciones.
En su pregunta, Montserrat va más allá y solicita que la Comisión detalle qué consecuencias tendría para España ignorar el marco europeo. Pregunta si el Ejecutivo comunitario ha sido "informado de alguna solicitud formal de excepción o derogación" por parte de Madrid y qué efectos tendría que el Gobierno permitiese la presencia de Delcy en la cumbre sin ese aval previo.
El trasfondo político es evidente. Mientras Albares defiende que España "actúa como corresponde, invitando a quien tiene la representación internacional" de cada país, el principal grupo del Parlamento Europeo acusa a Sánchez de "forzar los límites" del sistema de sanciones por razones ideológicas y económicas: el PPE habla abiertamente de "pulso a Bruselas".
En declaraciones a este diario, Montserrat carga con dureza contra la presidenta encargada venezolana y contra el Gobierno español. Define a Delcy Rodríguez como "la mano derecha de dos narcodictadores como Hugo Chávez y Nicolás Maduro" y acusa a Sánchez de blanquear al régimen chavista invitándola a Madrid mientras sigue torturando en las cárceles y sigue sancionada por toda la Unión.
Blanquear el chavismo
La eurodiputada enlaza la invitación con la reciente decisión de Rodríguez de dejar sin efecto la Ley de Amnistía que había servido de argumento a Albares para pedir el levantamiento de las sanciones. Recuerda que esa marcha atrás ha sido criticada con dureza por el Parlamento Europeo porque mantiene a centenares de opositores en prisión y cuestiona la sinceridad de la supuesta transición.
![Jesús Castillo, en una fotografía junto a María Corina Machado.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/24\/actualidad\/1003744221558_262633681_320x180.jpg"])
"Europa exige avances democráticos verificables antes de levantar cualquier sanción", insiste Montserrat. Añade que el mensaje de la Eurocámara ha sido "unánime" hacia Sánchez, Albares y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes acusa de liderar una operación política para rehabilitar internacionalmente al chavismo.
En este contexto, la pregunta registrada en Bruselas busca obligar a la Comisión a fijar una doctrina clara sobre las invitaciones a líderes sancionados.
No sólo sobre el caso concreto de Delcy, sino sobre el margen que tienen los gobiernos nacionales para abrir excepciones en nombre de la diplomacia sin vaciar de contenido las decisiones de sanciones del Consejo.
El debate se superpone a una práctica ya conocida: la posibilidad de autorizar, de forma puntual, la presencia en territorio de la UE de personas sancionadas cuando acuden a cumbres internacionales en representación oficial de su país. Esa cláusula de excepción ha sido utilizada en el pasado, incluso con la propia Delcy en una cumbre UE‑Celac en Bruselas.
La respuesta que dé la Comisión a la pregunta de Montserrat será clave para saber si Bruselas interpreta la invitación a Delcy como una excepción jurídicamente posible o como una vulneración de la posición común.
Hasta entonces, el Gobierno español seguirá bajo el foco de la principal familia política europea, que ya ha dejado claro que no está dispuesta a que se "abra la puerta a dictadores" ni "por totalitarismo ni por chanchullos con hidrocarburos".
