Pedro Sánchez conversa con Patxi López en el Congreso de los Diputados durante este martes y minutos antes de votar.
Todos contra todos: el PSOE y sus socios no saben qué hacer con el decreto del alquiler tras tumbarlo el Congreso
El PSOE aguarda mientras Sumar no descarta presentar un nuevo texto, acorde con las exigencias de Junts, mientras Podemos o ERC piden aprobar el mismo "una y otra vez".
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Todos contra todos en la política de vivienda: el PSOE y sus socios no logran una posición clara tras el rechazo del Congreso al decreto para limitar los precios de los alquileres, mientras cada grupo marca su propio rumbo y se recrudecen las diferencias sobre cómo y cuándo volver a intentarlo.
En Sumar han ido perfilando su postura a lo largo del día. Por la mañana, Yolanda Díaz llamaba a la movilización social si el Congreso tumbaba la medida. “Hay batallas que se pierden en las Cortes Generales pero están ganadas en las calles”, aseguraba la vicepresidenta segunda.
Por la tarde, después de que decayese el Real Decreto, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, afirmaba que harán “lo que haga falta” y no cerraba la puerta a volver a aprobar un nuevo texto en un próximo Consejo de Ministros, donde tampoco se oponía a introducir ahora los cambios que exija Junts.
Desde hace semanas, los separatistas exigen que se apruebe el IVA franquiciado para los autónomos, es decir, que no se les repercuta a aquellos que facturen menos de 85.000 euros al año. Una propuesta que el PSOE ya ha apoyado en una proposición parlamentaria de Junts, pero que no acaba de materializar pese a que es una exigencia comunitaria.
El problema es que los de Puigdemont critican la raíz de la moratoria de alquileres que limita la subida a un 2%. Una cifra que los separatistas consideran “arbitraria” y que ha sido “la primera que se les ha venido a la cabeza”. Algo que Bustinduy no contempla cambiar.
El giro en Sumar se produce después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la de Podemos,Ione Belarra, pidiesen en el debate que el Gobierno trajese “una y otra vez, una y otra vez” el decreto tumbado “hasta que se cansen” en Junts de votar en contra.
Lo cual implicaría entrar en un círculo vicioso de aprobar la medida, que entrase un mes en vigor, y que decayese en el Congreso para volver de nuevo a la Moncloa.
En el PSOE aguardan y miran. No se mojan y esperan ganar tiempo. En el Gobierno no se cierran a volver a aprobar un Real Decreto con cambios, pero ahora piden ir “paso a paso”. No parece que sea algo inminente y, de momento, insisten en que “quede retratado quien vota en contra”.
Esto choca con la posición de ERC y Podemos, que reclaman un Consejo de Ministros extraordinario y urgente para que la medida no decaiga. Ya que los Reales Decretos, contemplados para medidas excepcionales, se aprueban y entran en vigor al día siguiente cuando se publican en el BOE.
La legalidad no parece preocupar a partidos como Podemos, donde denunciaban que el Gobierno ya “ha sido capaz de hacer el mayor rearme de la historia sin presupuestos”.
Aunque el problema no es solo Junts. También está el PNV, que ahora ha pasado a la abstención. Su portavoz, Maribel Vaquero, aseguraba que “la crisis de vivienda no es un tema coyuntural, es estructural y medidas puntuales como esta no van a suponer una solución”.
Así que no ve la limitación de los alquileres como una medida efectiva. Otros cinco votos cruciales que, además, suben de precio si el Gobierno quiere sacar adelante esta medida.
Todo mientras en Sumar no ocultan su decepción con el sector socialista a la hora de negociar con Junts. "No hemos visto al PSOE lo suficientemente implicado", afirmaba Gerardo Pisarello.
Algo que los socialistas rechazan y aseguran que Rafael Simancas, el secretario de Estado con las Cortes, trató de negociar con los de Puigdemont pero, desde un primer momento, se opusieron. Ante las críticas, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, deslizaba que quizás "alguno no está negociando bien".
Las críticas al PSOE también se extendían por otros partidos como Compromís. Como respuesta, Moncloa enviaba a Pedro Sánchez al Congreso para votar la medida. Una "imagen" con la que trataban de cerrar las discrepancias y reproches, ya que la ministra de Vivienda no estuvo durante el debate, a la par que con la presencia del presidente del Gobierno trataban de mostrar su respaldo a la moratoria.
La votación confirma que la política de vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de tensión del bloque de investidura, donde las discrepancias entre socios no son coyunturales, sino estructurales, y condicionan cada día la capacidad legislativa de un Gobierno que no parece tener una hoja de ruta, sino improvisaciones constantes.