Los servicios sociales navarros admiten que no deberían haber llevado al niño de 4 años al centro en el que fue agredido

A la mujer se lo transmitió una representante del Servicio de Acogimiento Familiar de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, dependiente del Departamento de Derechos Sociales, en una reunión celebrada el pasado 23 de enero.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la funcionaria admitió a la madre durante ese encuentro que "se podían haber hecho las cosas de otra manera", en relación con el caso de agresión sexual, que ya está en manos de la Fiscalía.

El suceso, según ha avanzado este periódico, tuvo lugar el pasado 17 de enero. Ocurrió en el centro Lagunetxea, gestionado por la Fundación Amigó y ubicado en Mutilva, a cinco kilómetros de Pamplona.

Se trata de un centro tutelado por el Gobierno foral, presidido por la socialista María Chivite.

"Nadie quiere ni espera que ocurran estas cosas, pero a veces ocurren", le dijo a la madre la representante de los servicios sociales en esa reunión, según la conversación a la que ha accedido este periódico.

La madre, de 30 años, tiene la patria potestad suspendida. Su hijo pequeño se encuentra bajo la tutela del Gobierno navarro desde diciembre de 2024, después de que la Administración declarara su situación legal de desamparo.

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La madre se quejó de que su hijo no tenía que estar en un piso tutelado y "mucho menos cuando hay tantos niños mayores". 

"Él es el más pequeño y no se pueden hacer cargo de él porque no le dan la atención que necesita para la edad que tiene", protestó.

En un momento dado, la madre mostró su malestar por la gestión del caso y llegó a calificar a los responsables de los servicios sociales como "ineptos".

Ahí la funcionaria le pidió rebajar el tono y le dijo que "validamos ese enfado y no podemos estar más de acuerdo".

"Un niño de 4 años no tiene que estar en un piso ni en una residencia", reconoció. "Atendiendo a su edad, es cierto, no tiene que estar donde está".

La representante de los servicios sociales le admitió que, por su edad, el menor "necesita una familia" y que desde el Servicio de Acogimiento Familiar se había explorado "toda la red sociofamiliar extensa" antes de su ingreso en el centro.

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También le trasladó que se había intentado encontrar una familia de acogida, aunque por el momento no había ninguna "disponible".

Eso "no significa que no se estén buscando familias" para que el niño "deje de estar en la residencia y pueda estar en una familia", le dijo.

"Medidas adecuadas"

Durante esa reunión, la funcionaria defendió la actuación del centro tras el incidente porque "desde el hogar han tomado las medidas que tenían que tomar, adecuadas, dadas las circunstancias".

El mismo día que tuvo lugar el caso de presunta agresión sexual, el menor fue ingresado en el Hospital Universitario de Navarra para ser evaluado, pero la madre no fue informada de lo ocurrido hasta el día siguiente.

Fue notificada a través de un mensaje de whatsapp, donde se le comunicaba que el menor se encontraba "muy bien, tranquilo y cuidado en todo momento",

Y que había sido ingresado "de manera preventiva" tras "unas verbalizaciones que por su edad y contenido conviene que valoren los profesionales".

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En ningún momento se le explicó a la madre el origen del traslado hospitalario.

Ya el lunes 19 de enero, la llamó una de las educadoras del centro, M.G.C., y ahí sí le comunicó que lo que había sucedido "puede ser una agresión sexual".

Le dijeron que no sabían "ni lo que ha pasado ni cómo ha pasado", porque no lo habían visto, y que actuaron tras escuchar el testimonio del pequeño.

Tras el incidente, el centro decidió separar a los menores.

El centro donde se produjeron los hechos, según su página web, cuenta con 12 profesionales de atención directa y un equipo técnico compartido que incluye una directora, dos técnicos de familia, un terapeuta individual y un terapeuta.