Sánchez quiere prohibir las redes a los menores y rastrear a la vez la "huella de odio y polarización" de los adultos

Entre ellas, destaca la decisión de limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, como TikTok, pero también la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una "huella de odio y polarización" de los usuarios.

Se trataría de activar una suerte de rastreadores similares a los que ya utilizan las propias aplicaciones de redes sociales, pero que podrían ser gestionados por el propio Gobierno y que, consiguientemente, le darían la capacidad para convertirse en censor.

Sin embargo, ni el equipo de Sánchez ni nadie del Ejecutivo ha dado más información al respecto.

El presidente habló de evitar que las redes sean "el salvaje oeste", dando a entender que pretende perseguir a quienes, camuflados bajo perfiles anónimos, actúan como haters o trolls.

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Su iniciativa se enmarca en la tendencia internacional de poner orden en internet.

Países como Francia o Australia han dado pasos hacia su regulación y existen proyectos iniciales en Portugal, Italia o Dinamarca.

El propio Parlamento Europeo fijó en noviembre un marco para armonizar la edad mínima de acceso a las redes sociales en los 16 años.

Y, de hecho, la limitación del acceso de los menores a los entornos digitales ya se está debatiendo en el Congreso de los Diputados.

Concretamente, dentro del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, promovido por el Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego (Sumar), que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

La norma fue admitida a trámite por el Pleno del Congreso en septiembre de 2025 y se encuentra ahora en fase de discusión de enmiendas, con los grupos ya posicionados sobre su contenido.

En la mayoría de los puntos, hasta la oposición coincide con el fondo de la ley y, de hecho, el Partido Popular acusa al PSOE de haber bloqueado el debate de la norma hasta ahora, cuando el Gobierno trata de marcar la agenda en medio de los problemas por el AVE, los Cercanías en Cataluña, las malas perspectivas en Aragón y las nuevas derrotas parlamentarias.

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Según explican fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a EL ESPAÑOL, la redacción inicial de la ley no formula de manera literal una "prohibición" del acceso a redes sociales a menores de 16 años, pero sí introduce un cambio legal que produce ese efecto en la práctica.

El proyecto modifica la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales para elevar de 14 a 16 años la edad a partir de la cual un menor puede prestar por sí solo consentimiento válido para el tratamiento de sus datos personales.

Por debajo de esa edad, dicho tratamiento solo será lícito si existe consentimiento expreso del titular de la patria potestad o tutela.

Dado que la mayoría de redes sociales y plataformas digitales basan el tratamiento de datos —creación de cuentas, perfilado, publicidad o recomendaciones algorítmicas— en el consentimiento del usuario, el cambio legal dificulta de forma notable que un menor de 16 años pueda abrir o mantener una cuenta sin intervención adulta.

"El efecto combinado de elevar la edad de consentimiento y exigir sistemas efectivos de verificación de edad empuja claramente hacia una restricción del acceso autónomo de los menores a las redes sociales", señalan estas fuentes.

Verificación obligatoria

La ley va más allá del consentimiento. El articulado obliga a las grandes empresas tecnológicas a implantar controles parentales gratuitos por defecto en todos los dispositivos, que deberán activarse automáticamente en la configuración inicial.

Esto significa que, al comprar un móvil a un menor, el aparato deberá de estar preparado, por ley, con herramientas que limiten el uso de aplicaciones.

Estos sistemas permitirán a los padres restringir el acceso a servicios, aplicaciones o contenidos considerados perjudiciales para menores, y ahí se incluyen no sólo las redes sociales, sino también las aplicaciones de juegos de azar.

Además, cuando se apruebe la ley, todas plataformas estarán obligadas a incorporar mecanismos efectivos de verificación de la edad, especialmente en servicios dirigidos a adultos o con contenidos sensibles.

La falta de verificación se tipifica como infracción, lo que refuerza la presión regulatoria sobre todo el ecosistema digital.

Tanto el Ministerio de Sira Rego en la redacción inicial de la ley, como el PP, apuestan por que la herramienta reguladora y que imponga las sanciones a las empresas sea la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC): un organismo "totalmente autónomo".

Más allá de las redes

El aumento de la edad de consentimiento no se limita a las redes sociales. Afecta a cualquier servicio digital que trate datos personales basándose en el consentimiento del menor, lo que incluye plataformas de vídeo, videojuegos online, aplicaciones móviles, servicios de suscripción e incluso tiendas digitales de ropa u otros bienes.

En todos estos casos, los menores de 16 años necesitarían autorización de sus padres o tutores para que el tratamiento de sus datos sea legalmente válido.

El anuncio de Sánchez de este martes ha sido recibido con críticas por parte del PP, que acusa al PSOE de haber ralentizado y limitado el debate parlamentario de una ley que ahora el presidente presenta como iniciativa propia.