El Gobierno se quedará sin 'escudo social': su pacto se queda corto para Junts y va demasiado lejos para Podemos

Fuentes cercanas a la dirección del grupo parlamentario de Junts en el Congreso confirman a este diario que el partido independentista rechazará el decreto. "A falta de leer la letra pequeña, podemos confirmar que votaremos en contra", señalan estas fuentes.

El Ejecutivo ha intentado recomponer apoyos tras el fracaso del decreto ómnibus tumbado la semana pasada.

El nuevo acuerdo con el PNV exime de la moratoria antidesahucios a los propietarios de hasta dos viviendas: una habitual y otra en alquiler. Estos pequeños propietarios ya no estarán obligados a ofrecer alternativa habitacional en caso de impago.

Sin embargo, la fórmula pactada con los nacionalistas vascos tampoco logra desbloquear la situación. El Gobierno pierde por un lado lo que gana por otro. El PNV apoyará el decreto, pero Podemos rechaza frontalmente la medida, por razones totalmente opuestas a las de Junts.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado su "asco absoluto" por el acuerdo. "El PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que 'sólo' tienen una vivienda para alquilar", ha escrito en su cuenta de X.

"Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad", ha añadido la dirigente morada.

Sin mayoría

El pacto con el PNV ha terminado de romper la precaria mayoría de investidura. Para Junts, la protección a los pequeños propietarios negociada resulta claramente insuficiente y "no resuelve el problema de fondo".

Para Podemos, en cambio, amparar a estos "rentistas" —aunque en su inmensa mayoría son pensionistas— resulta inaceptable. La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha calificado la medida de "criminal".

Los morados califican a estos propietarios de "rentistas y explotadores", sin distinguir entre lo que ellos llaman "fondos buitre" y los jubilados que complementan su pensión con el alquiler de un piso.

Desde Junts, las críticas al Gobierno se mantienen intactas pese al giro del decreto. "La semana pasada, el Gobierno de España ya intentó colar en el mismo decreto la subida de las pensiones con las medidas que protegen las okupaciones", señalan fuentes de la dirección del grupo parlamentario.

"Desde Junts, no nos vamos a tragar los chantajes y las mentiras del Gobierno de Pedro Sánchez", añaden estas mismas fuentes. El partido independentista considera que el problema no se ha solucionado con el acuerdo de Sánchez con los nacionalistas vascos.

"La medida pactada con el PNV no sólo no va a solucionar el problema, sino que es injusta", aseguran desde Junts.

El partido de Carles Puigdemont defiende que limitar la protección a propietarios de una sola vivienda resulta arbitrario. Muchos pequeños propietarios con dos o tres pisos en alquiler quedan desprotegidos.

La formación independentista insiste en su argumento de fondo. "Porque el coste de ese mal llamado 'escudo social' del que tanto se llenan la boca las izquierdas españolas quien lo está pagando es el pequeño propietario y los vecinos", subrayan estas fuentes.

El relato de Junts responsabiliza al Gobierno de poner en riesgo tanto a los pensionistas como la seguridad en los barrios. El partido considera que las medidas de protección de okupas generan inseguridad jurídica. Esto, a su juicio, perjudica a personas que pierden el derecho a disfrutar de su vivienda.

Del ómnibus a dos decretos

El nuevo decreto antidesahucios pretende prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desalojos de personas declaradas vulnerables sin alternativa habitacional.

Pero los peneuvistas habían logrado que esa protección no afectara a la propiedad de los pequeños arrendadores con una o dos viviendas, si una de ellas es su residencia habitual.

Según el texto, correspondería a los servicios sociales competentes buscar alternativa habitacional de emergencia para los vulnerables. El Gobierno había dotado con 300 millones de euros una línea de avales para cubrir a pequeños arrendadores en caso de impago.

El PNV valoraba el acuerdo como "de mínimos" y aseguraba que permitirá "seguir negociando mejoras en materia de vivienda". La formación vasca insistía en que no se puede equiparar a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores.

Pero el pacto no satisface a Junts, que exige medidas más contundentes contra la okupación. Los independentistas han presentado, como también hizo el Partido Popular, incluso una proposición de ley para desalojar okupas en 48 horas.

...pero tampoco convence a Podemos, que considera que cualquier protección a propietarios es una "cesión a la derecha".

El Gobierno ha dividido en dos el antiguo decreto ómnibus. Un texto recoge la revalorización de las pensiones y otras medidas con consenso. Otro incluye la prórroga de la suspensión de desahucios.

Ambos deberán pasar por el Congreso en las próximas semanas. Pero tal como está redactado, el del escudo social, volverá a decaer.