El Gobierno pidió ayuda para "reponer el material de la vía" Madrid-Sevilla y Bruselas la dio para "garantizar su seguridad"

La Comisión Europea aprobó más de 111 millones de euros de subvención para modernizar 435,2 de los 471 kilómetros de la línea, con la finalidad de "garantizar un servicio más seguro, fiable y sostenible".

Según exigía Bruselas, las actuaciones debían incluir la "reposición de elementos de vía, la mejora de puentes y túneles y la adecuación de sistemas de drenaje".

Esa financiación comunitaria se encuadró en el proyecto Mediterranean Corridor – Madrid‑Seville high‑speed section: improvement/adaptation to TEN‑T standard – infrastructure and track, y se justificó por el diagnóstico de que la línea no cumplía plenamente "las normas europeas de interoperabilidad ferroviaria" ni los requisitos de la red transeuropea de transporte.

La Comisión Europea alertaba entonces, en diciembre de 2023, de que la infraestructura estaba "obsoleta en comparación con el resto de la alta velocidad española".

Bruselas alertó en diciembre de 2023 que la línea de AVE Madrid-Sevilla estaba "obsoleta" y dio 111 millones para mejoras

Por eso, concedió la subvención del 80% del proyecto, a través de los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER) para "garantizar su calidad y fiabilidad". Y porque, en esa situación, la línea quedaba lejos del estándar de las "normas europeas de interoperabilidad ferroviaria".

Seis meses después, la Comisión Europea aprobaba oficialmente la subvención de 111,6 millones de euros procedentes, de los 133 del total del proyecto presentado por el Ejecutivo español.

"Los proyectos realizados desde 1992", especificaba Bruselas, "han mejorado la calidad del servicio y mantenido altos niveles de seguridad. No obstante, dados los últimos avances tecnológicos, la línea se ha quedado obsoleta en comparación con el resto de la red de alta velocidad española".

Los documentos

De este modo, la subvención se calificó en junio de 2025. Es decir, un mes después de que concluyeran oficialmente las obras de "renovación integral" de la vía "finalizadas el pasado mayo", según ha sostenido Óscar Puente, ministro de Transportes.

Pero lo cierto es que, después de esta afirmación de Puente, tras el accidente de Adamuz en el que fallecieron 46 personas, el Gobierno de Pedro Sánchez se vio obligado a reconocer que la renovación no había sido "completa", sino parcial.

Trece días después del siniestro, el Ejecutivo confirmó que durante las obras no se sustituyeron todos los raíles, y que tampoco se habían llegado a reponer las traviesas en el tramo donde descarriló el Iryo Málaga-Madrid, antes de chocar con el Alvia Madrid-Huelva de Renfe.

Precisamente las traviesas que el proyecto europeo especificaba que debían ser reemplazadas.

"Las obras del proyecto incluyen la sustitución de raíles y traviesas, la mejora estructural de puentes y túneles, la estabilización de terraplenes y la adaptación del sistema de drenaje", se lee en el documento oficial de la Comisión.

La soldadura de la vía que causó el accidente de Adamuz no tenía el "rango de dureza" que exige la normativa de Adif

"Se renovarán los edificios e instalaciones necesarios para el funcionamiento de la línea y se mejorarán las vías de servicio y acceso. Se instalarán vallas perimetrales donde no las haya y se reforzarán las existentes", añade más adelante.

Como ya informó EL ESPAÑOL este lunes, tres eurodiputados del PP —Juan Ignacio Zoido, Borja Giménez Larraz y Esther Herranz— registraron una pregunta parlamentaria en Bruselas, dirigida a la Comisión Europea exigiendo explicaciones inmediatas.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, es incómodo para el Gobierno y para la Comisión.

Y es que le inquiere al Ejecutivo comunitario que, "si concedió la subvención para la sustitución de raíles y traviesas del tramo obsoleto y el Gobierno afirma que no las cambió, ¿prevé la Comisión investigar la trazabilidad de esa ayuda y saber cómo se empleó?".

Es más, los europarlamentarios exigen una explicación a Bruselas sobre si "antes de conceder la subvención de FEDER", la Comisión evaluó "si la obsolescencia de la vía podía afectar a la seguridad de la línea".

Corrupción y dación de cuentas

Los populares, de hecho, abren una segunda línea de indagación política. Según palabras de Zoido, varias empresas participantes en el proyecto estarían "presuntamente implicadas en la trama de corrupción que salpica el Ministerio de Transportes".

Esto genera una tercera pregunta que el PP considera fundamental, y que este martes le transmitirán al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, durante su comparecencia en la comisión de investigación del apagón, en el Senado: "¿Hubo malversación de fondos europeos?".

Para el PP, todo está relacionado, y amplifica la gravedad de estos interrogantes. El Gobierno Sánchez "carece de Presupuestos y no tiene mayoría en el Congreso", insisten las fuentes consultadas.

Óscar Puente dice en el Senado que el tren en España está "cerca del riesgo cero" y que es víctima de "los bulos del neofascismo"

Además, la trama de corrupción vinculada a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán ha "erosionado profundamente la credibilidad de la gestión del Ministerio de Transportes".

Y para la oposición, el accidente de Adamuz no es sino "la consecuencia de un Gobierno más interesado en su supervivencia que en cuidar los servicios públicos".

Los populares acusan a Puente de "negar los problemas" cuando emergen públicamente "e insultar a quien pide explicaciones", para después "rectificar cuando la documentación lo obliga", siempre presentándose "como víctima".

Primero calificó de "bulo" la información sobre los trenes auscultadores inoperativos; días después, admitió que tres de cuatro no funcionaban. Se negó a publicar el certificado de la soldadura que falló en Adamuz; después, el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, tuvo que solicitarlo por escrito.

También estos detalles se abordarán este martes en la comparecencia del presidente de Adif en el Senado. Los senadores del PP prevén cuestionarle sobre si se respetaron los protocolos de soldadura, quién validó los trabajos y qué controles se realizaron.

También preguntarán por las decisiones sobre mantenimiento, auscultaciones y recursos humanos.

Además, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya anunció la creación de otra comisión específica sobre la situación del sistema ferroviario.

Los populares piensan mantener viva la presión política hasta que la UE audite cómo se invirtieron 111,6 millones en un proyecto cuyas "mejoras" buscaban "garantizar una mayor calidad, fiabilidad y frecuencia de los servicios", para permitir que los "nuevos operadores utilicen el corredor" tras la liberalización de la red.