Chivite dio 1,7 M a dedo en 60 contratos a la constructora que reformó la sede del PSN: está investigada por troceo irregular

Se trata de la empresa que reformó la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN) y que fue beneficiaria de adjudicaciones públicas investigadas por un posible troceamiento "irregular".

Así lo ha podido saber EL ESPAÑOL a partir de la documentación remitida por el Ejecutivo foral en respuesta a una petición de información, a la que ha tenido acceso este periódico, y que recoge adjudicaciones realizadas entre 2018 y 2025.

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Los contratos corresponden a dos empresas públicas del Gobierno foral: Nasuvinsa y NICDO, ambas dependientes de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), que preside la propia Chivite como jefa del Ejecutivo.

Por un lado, según la relación facilitada, estas sociedades públicas concedieron al menos 54 contratos menores a Adentro Construimos por un importe aproximado de 460.000 euros.

Entre esos trabajos figuran actuaciones en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, como reformas de oficinas, reparaciones de humedades, suministro de mobiliario o trabajos en fachada, todas ellas tramitadas como contrato menor.

A estas adjudicaciones se añaden dos contratos concedidos mediante procedimiento simplificado, uno por 176.000 euros y otro por 186.000 euros, para la construcción de los platós de cine de Lecároz, conocidos como Estudios Melitón.

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Contratos menores

La mayoría de los contratos se tramitaron como menores, una modalidad que permite a la Administración adjudicar obras de hasta 40.000 euros sin concurso público.

El procedimiento simplificado permite tramitar los contratos en plazos más cortos que un concurso ordinario.

En el listado remitido por el Ejecutivo no figuran, sin embargo, las adjudicaciones del caso Sendaviva, pese a tratarse de contratos ejecutados por NICDO y adjudicados a la misma empresa.

Se trata de cuatro contratos con importes de entre 197.000 y 199.999 euros, que suman cerca de 800.000 euros.

Estas adjudicaciones están siendo analizadas por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra por un posible fraccionamiento "indebido" y presuntas "irregularidades".

También forman parte de las diligencias abiertas por una jueza tras una querella de Vox.

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El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, tal y como adelantó este periódico, ha reclamado al Gobierno foral la documentación de los contratos.

Chivite, en un escrito remitido por su Ejecutivo a la jueza, sostiene que no dispone de esos expedientes.

1,7 millones

La relación de contratos con Adentro Construimos no acaba ahí.

Existen también otros dos contratos concedidos desde departamentos del Gobierno foral a la misma empresa, para la construcción de un memorial de los centros de detención de la Guerra Civil y para la instalación de baños públicos en Sartaguda.

En conjunto, entre los contratos incluidos en el listado remitido por el Gobierno y las adjudicaciones que omite, el volumen asciende a 1,7 millones de euros.

La solicitud de información fue registrada por Vox en el Parlamento de Navarra. En ella reclamaba todos los contratos, expedientes, actas de resolución e informes firmados entre el Gobierno foral, sus empresas públicas y organismos dependientes con Adentro Construimos SL.

La respuesta llegó firmada por el director general de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), Francisco Fernández Nistal. Pero remitió un archivo Excel con un listado de adjudicaciones incompleto.

Ante esa respuesta, Vox volvió a registrar este miércoles una nueva solicitud de información, esta vez dirigida directamente a NICDO, para reclamar los contratos omitidos.

Fuentes del partido de Santiago Abascal advierten de posibles acciones penales por prevaricación si persiste la negativa a facilitar la documentación.

Adentro Construimos SL también remodeló la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN). Y se encargó, a su vez, de la reforma de un piso adquirido por el ya exportavoz socialista Ramón Alzórriz.

El inmueble, situado en una de las zonas más exclusivas de la capital foral, fue adquirido poco después de que la pareja de Alzórriz, Diana Enériz, trabajara en Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, y actualmente investigada por la Guardia Civil.