El voto de Vox contra Mercosur bloquea el 'AgroFrontex' con sede en Málaga para controlar productos de terceros países

Esa "alianza contra natura" de ultraderechas y extremistas bloqueó la creación de un cuerpo de control agroalimentario similar al Frontex migratorio, cuya sede se estaba negociando para Málaga.

Este AgroFrontex o "Frontex Agroalimentario", como lo bautizó un alto cargo del PP Europeo, sería "una oficina de control de importaciones de terceros países" que se integraría en la nueva Autoridad Aduanera de la UE.

Su negociación estaba en plena culminación, en estos meses entre la Comisión y el Parlamento.

Según confirman fuentes oficiales del PPE, las salvaguardas que quedaron colgadas en la negociación por el voto del miércoles incluían una contrarreforma de la PAC "absolutamente clave para cumplir las reivindicaciones del campo europeo".

Ese punto implica precisamente la creación del AgroFrontex con capacidad efectiva de "defender a productores" españoles y europeos.

"La Eurocámara ha perdido toda la credibilidad con este voto", explican estas fuentes. "Ahora la Comisión no tiene ningún incentivo para considerarnos un agente fiable", y los eurodiputados temen quedar orillados en el siguiente tratado, con la India.

Pero para lo que toca ahora, añaden, "lo que podemos perder es todos los puntos de mejora que estábamos imponiendo para recuperar la Política Agraria Común [PAC], que la Comisión tenía previsto destruir", añaden.

El voto de Vox junto a ERC y Sumar acaba de bloquear una negociación delicadísima en Bruselas.

Málaga como sede

Según la candidatura oficial del Ayuntamiento de Málaga, la sede de esta Autoridad Aduanera Europea (EUCA), que integraría el AgroFrontex, supondría unos 250 empleos directos de alta cualificación.

El impacto económico anual se estima en varias decenas de millones de euros, con efecto arrastre sobre tecnología, servicios profesionales y turismo de negocios.

Los empleos serían mayoritariamente cualificados: juristas, economistas, ingenieros de datos, perfiles TIC y de gestión. Los salarios estarían por encima de la media provincial, incrementando el poder adquisitivo local.

A estos se sumarían empleos indirectos y de servicios como consultoría, traducción, hostelería, eventos, mantenimiento y seguridad. En agencias europeas comparables, estos suelen multiplicar por 1,5 a 2 los puestos directos a medio plazo, es decir, hasta 500 nuevos puestos de trabajo más.

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El impacto económico total se calcula como estratégico para Andalucía y el sur de España. Con un gran centro de datos y personal internacional, inyectaría varios millones de euros anuales en gasto en salarios, vivienda, consumo y servicios locales.

Málaga es una de las grandes ciudades europeas sin presencia institucional formal de la UE ni de la ONU. Alojar la EUCA tendría un fuerte valor simbólico e institucional.

La sede consolidaría la imagen de Málaga como hub tecnológico y logístico —el "Silicon Valley español", según la candidatura—. Y reforzaría su peso en decisiones sobre comercio internacional y control aduanero.

Facilitaría captación de congresos, reuniones de alto nivel y proyectos europeos de investigación vinculados al comercio y gestión de datos. Todo esto ahora está en riesgo por el voto del miércoles.

Presión a la Comisión

Eurodiputados del PP Europeo aseguran que mantendrán presión sobre la Comisión para que no rompa la negociación. Aunque Bruselas quiera activar "provisionalmente" el Tratado por calendario, no creen que pueda hacerlo antes de febrero.

En el pleno de ese mes "se prevé aprobar las salvaguardas que estábamos negociando con el Ejecutivo comunitario, gracias a la presión del PP español", explican estas fuentes. El ponente del informe y negociador jefe con la Comisión es Gabriel Mato, eurodiputado español del PP.

"Vamos a salvar o, como mínimo, paliar algunas de las consecuencias que pudieran perjudicar al campo español del acuerdo con Mercosur", asegura Mato. Las fuentes subrayan que el problema no es el Tratado en sí, sino que el error está la política agraria que ha llevado a cabo la Unión Europea.

"Por eso, es clave la negociación de salvaguardas, ahora puesta en riesgo con el voto de Vox", insisten. "Estamos negociando compromisos serios y claros que tenemos que mantener firmes", afirma Mato.

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Este jueves por la mañana, el presidente del PPE, Manfred Weber, habló con Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP español. Evaluaron juntos la crisis abierta por la "alianza contra natura".

Weber anunció que se mantiene el compromiso del PPE con el Tratado UE-Mercosur. Pero siempre que la Comisión Europea garantice las "seis condiciones" que se estaban negociando.

Primero, activación automática y urgente de cláusulas de salvaguarda. Segundo, cumplimiento de reciprocidad fitosanitaria y sanitaria de importaciones.

Tercero, refuerzo de controles en frontera a importaciones de terceros países. Cuarto, refuerzo de auditorías y controles en países de origen a explotaciones, exportadores y grupos industriales.

Quinto, revisión de normativas medioambientales de la PAC. Entre ellas el Pacto Verde, Reglamentos de Restauración de la Naturaleza y Directiva Hábitat, que "están lastrando la competitividad agrícola".

Y sexto, la creación e implementación del AgroFrontex. Sin esas garantías, el PPE amenaza con mantener el veto a la ratificación definitiva del acuerdo, "porque no sería beneficioso para la UE, si perjudica a su sector primario".