El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en Moncloa. J.J. Guillén/Efe

Política

Sánchez impulsa que Cataluña y País Vasco entren en Unesco y OMT dándoles perfil de Estado para seducir a Junts, ERC y PNV

ONU Turismo solo reconoce seis miembros asociados: Aruba, Flandes, Hong Kong, Macao, Madeira y Puerto Rico.

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Las claves

Pedro Sánchez impulsa que Cataluña y País Vasco sean miembros asociados de la Unesco y ONU Turismo como parte de su estrategia política.

Esta categoría está diseñada para territorios no soberanos, pero no es habitual para regiones como Cataluña o País Vasco, lo que supondría una excepción inédita en España.

El objetivo es atraer el apoyo de Junts, ERC y el nacionalismo vasco, otorgando a ambas comunidades un perfil diferenciado en foros multilaterales.

Ser miembros asociados permitiría a Cataluña y País Vasco participar con delegación propia en ámbitos como cultura y turismo, sin que esto implique soberanía independiente.

Pedro Sánchez impulsará que Cataluña y País Vasco sean miembros asociados de la Unesco y de ONU Turismo, la antigua Organización Mundial del Turismo.

Se trata de dos organismos que dependen de Naciones Unidas y en los que, a día de hoy, España figura sin territorios diferenciados.

El movimiento del presidente del Gobierno, anunciado el lunes durante su balance político del año, busca recomponer puentes con Junts y también atraer el apoyo de ERC y el nacionalismo vasco.

Lo habitual es que el sujeto de representación sea un Estado, que actúa como miembro de pleno derecho y concentra la voz internacional de sus territorios.

La figura de "miembro asociado" está pensada para territorios no soberanos que no gestionan su política exterior. No es el caso ni de País Vasco ni de Cataluña.

Es decir, es una categoría para regiones que por razones concretas —como su marco administrativo o su insularidad— cuentan con una presencia diferenciada respecto al Estado en algunos foros multilaterales.

Por ejemplo, en ONU Turismo solo existen seis miembros asociados: Aruba, Flandes, Hong Kong, Macao, Madeira y Puerto Rico.

En la Unesco, esa categoría incluye, entre otros, Aruba, Curaçao y Sint Maarten, las Islas Feroe, Groenlandia y varios territorios de ultramar del Reino Unido.

Estas regiones cuentan con delegación propia, pero tienen un estatuto más limitado, sin derecho a voto. No se consideran miembros de pleno derecho.

Madeira, por ejemplo, figura como miembro asociado de Portugal por su condición insular.

No ocurre lo mismo con otros territorios españoles en características similares, como podrían ser Canarias, Ceuta o Melilla.

Por eso, la propuesta para pretender ahora desglosar de España a Cataluña y País Vasco introduciría una excepción inédita.

Y solo se puede entender en el contexto de debilidad política de Sánchez, porque la iniciativa se plantea en el peor momento de la relación entre el PSOE y el partido de Carles Puigdemont.

"Sobre la relación con Junts, efectivamente, ustedes lo saben, está rota, pero el Gobierno quiere tender la mano y continuar en esa hoja de ruta", afirmó el presidente en la primera de las cuatro preguntas que aceptó durante su comparecencia.

Fue ahí, de hecho, donde anunció el impulso a la entrada de estas dos comunidades como miembros asociados de la Unesco y de ONU Turismo.

La maniobra encaja en la estrategia de Sánchez para vender avances a Junts en el plano internacional. De hecho, el Gobierno ya recurrió a esta vía tras el bloqueo de la UE a la oficialidad del catalán.

Entonces, Moncloa presentó como logro la aceptación del catalán en las Escuelas Europeas, un movimiento que en realidad no tiene ningún efecto jurídico en las instituciones europeas.

En cambio, incluir a País Vasco y Cataluña en foros multilaterales tiene mucha más importancia.

Porque se reconocería a estas dos comunidades autónomas como sujetos territoriales diferenciados en ámbitos como la educación, la cultura o el turismo.

Ese estatus les permite participar con delegación propia en reuniones, comisiones y programas, así como canalizar proyectos sin depender de forma constante de la representación estatal.

La fórmula no altera en ningún caso la soberanía española, pero sí introduce cierta paradiplomacia institucionalizada.