Alberto Bravo Queipo de Llano, vicepresidente de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros.
Los interventores sostienen que la cesión de Sánchez a Cataluña es "inconstitucional" y dificulta la lucha contra la corrupción
"Es un paso más de Cataluña para la desconexión de España", dice el vicepresidente de la asociación de secretarios, interventores y tesoreros.
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El real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros que cede a Cataluña las competencias para gestionar la oferta pública y los procesos selectivos del funcionariado con habilitación nacional ha desatado una ola de indignación entre los profesionales directamente afectados.
Interventores, secretarios y tesoreros municipales, responsables del control jurídico y económico de las entidades locales, advierten de que la cesión de Pedro Sánchez a la exigencia de Carles Puigdemont es "inconstitucional" y dificultará la lucha contra la corrupción.
"La cesión competencial tiene un impacto directo en el retroceso sobre los mecanismos de prevención y detección de irregularidades y prácticas corruptas en los ayuntamientos. El nacionalismo quiere controlarlo porque implica un control sobre el fiscalizador", asegura a EL ESPAÑOL Alberto Bravo Queipo de Llano, vicepresidente de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (APSITAL).
Los funcionarios habilitados nacionales -secretarios, interventores y tesoreros- son los principales garantes del control interno y de la legalidad de los actos administrativos de los Ayuntamientos. Su independencia, explica Bravo Queipo de Llano, es "la primera barrera contra malas prácticas, corrupción y clientelismo".
"La experiencia comparada demuestra que cuando el órgano controlado no es completamente independiente, el riesgo de desviaciones, tolerancia hacia prácticas irregulares o, incluso, las presiones políticas, aumenta. Esta cesión debilita esa independencia jurídica", afirma.
Hay que tener en cuenta que estos habilitados nacionales son funcionarios de Administración local, pero su habilitación es nacional.
Sus funciones de fe pública, asesoramiento legal, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria fueron decisivas para parar el golpe separatista del referéndum ilegal de 2017.
Su carácter nacional se concibió precisamente para asegurar uniformidad técnica y neutralidad frente a los poderes políticos locales y autonómicos.
Sin embargo, con la cesión a Cataluña, la Generalitat podrá elegir quién ejerce el control de fiscalización.
"Se rompe con el régimen nacional de selección y provisión de los funcionarios que controlan la legalidad. Esto significa que la Generalitat de Cataluña podrá establecer sus propios criterios, procesos selectivos y nombramientos para un cuerpo que, por definición constitucional, es estatal", apunta el vicepresidente de APSITAL.
"No hay razones técnicas"
Según asegura, la cesión de Sánchez ante Junts es "un paso más para Cataluña en la construcción de un marco institucional propio y en su desconexión de España".
Entre los principales peligros de este real decreto-ley, detalla Bravo Queipo de Llano, están "la pérdida de imparcialidad, la desigualdad territorial para funciones comunes en todo el territorio nacional, fragmentación del control local y debilitamiento de la lucha contra la corrupción en Diputaciones".
El representante de este colectivo sostiene, además, que esta concesión política a Junts nada tiene que ver con la eficiencia administrativa, aunque el Gobierno sostenga que la medida permitirá "una gestión más próxima y eficiente" del funcionariado.
"El real decreto no responde a razones técnicas ni de mejora de la gestión. Va a perjudicar la cobertura de vacantes y será complicado crear una bolsa de opositores", afirma el vicepresidente de APSITAL.
Denuncia también que este paso supone la ruptura de un modelo de Estado "por la puerta de atrás", pues "se introduce de manera encubierta una cesión competencial que corresponde en exclusiva al Estado".
Bravo Queipo de Llano recuerda que la experiencia ha demostrado que la decisión de ceder competencias en este terreno no funciona, como ocurrió en época de José Luis Rodríguez Zapatero.
Recuerda que hubo falta de personal y reducción de la calidad técnica de los procesos, lo que llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a recuperar la competencia para el Estado.
En este sentido, recuerda que, por ejemplo, el País Vasco lleva más de tres años intentando sacar convocatorias en un proceso selectivo, todavía paralizado.
Por eso, el colectivo asegura que tiene que haber un proceso común para que haya igualdad de oportunidades y de procesos entre autonomías. "Se está alterando por la vía de urgencia un régimen funcionarial que lleva un siglo garantizando imparcialidad y profesionalidad en los ayuntamientos españoles", concluye.
