El ministro de la Función Pública, Óscar López, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Sánchez cede a Cataluña la competencia de selección de los interventores municipales que fueron clave contra el 'procés'
El Consejo de Ministros aprobó esta exigencia de Puigdemont, la "devolución" de los funcionarios habilitados nacionales a la Generalitat. El Senado rechazó la medida el pasado abril.
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Escondido entre los papeles del Consejo de Ministros que aprobaba el real decreto-ley para "hacer efectivas las subidas salariales de los empleados públicos", el Gobierno de Pedro Sánchez coló este martes otra de las exigencias de Carles Puigdemont.
Se trata de la entrega a Cataluña de las competencias para seleccionar a los funcionarios "habilitados nacionales".
Estos interventores, secretarios y tesoreros municipales fueron clave en 2017 como dique de contención al procés.
Ahora, el nombre del cuerpo, "habilitados nacionales", pasará a ser tan contradictorio como los argumentos que esgrime el Ejecutivo para ceder a esta demanda de Junts.
La realidad es que Sánchez sólo busca recuperar su apoyo en el Congreso. La explicación oficial es que habrá "mejor gestión, más cercana y eficiente". Pero eso ya se probó en el pasado, y no fue así.
Estos secretarios, interventores y tesoreros municipales son funcionarios de la Administración local, pero su habilitación la da el Estado.
Sus funciones de fe pública, asesoramiento legal, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria fueron decisivas para parar el golpe separatista del referéndum ilegal. También se encargan de la contabilidad, la tesorería y la recaudación en las entidades locales.
Su unidad garantiza la observancia del ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional.
El pasado verano, el PP presentó una proposición de ley para evitar la cesión que ahora ha consumado el Gobierno. Quería blindar la competencia, que ya fue cedida a las Comunidades Autónomas en época de José Luis Rodríguez Zapatero.
Entonces, el caos y las plazas sin cubrir obligaron al Gobierno de Mariano Rajoy a recuperar la competencia para el Estado.
Aquello fue clave, a la postre, como dique ante el procés.
El Senado rechazó este traspaso el pasado mes de abril, y en verano, el PP presentó una proposición de ley para blindar la competencia a nivel nacional.
De esa forma, el sistema, argumenta el PP, tiene una "mayor imparcialidad", porque aleja la selección de estos funcionarios de los poderes autonómicos y municipales a los que deben controlar.
Oposición de COSITAL
El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) ha expresado su profunda preocupación por la cesión a la Generalitat de Cataluña de la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los funcionarios habilitados.
COSITAL advierte de que la cesión de competencias autonómicas exclusivas para cubrir estas plazas, como prevé el decreto-ley, fragmenta un cuerpo que históricamente ha mantenido criterios uniformes de selección, formación y provisión de puestos en todo el territorio nacional.
Entre 2007 y 2013, periodo en que las comunidades autónomas ya gestionaron estas competencias, la cobertura de plazas fue insuficiente: se convocaron 956 plazas frente a las 4.197 convocadas por el Estado entre 2014 y 2022.
Esta experiencia evidencia que la descentralización "no ha cumplido las expectativas que se esperaban", ni las aspiraciones del colectivo.
La convocatoria nacional conjunta había demostrado ser más eficaz, "con programas y criterios homogéneos que aseguran una formación técnica sólida y la neutralidad y transparencia" en el ejercicio de las funciones.
COSITAL considera, por tanto, que la medida aprobada no contribuye a mejorar la dotación de plazas ni la preparación técnica de los habilitados nacionales.
Por el contrario,entiende que la regionalización de la selección y provisión de plazas podría debilitar la independencia de los funcionarios, comprometer la correcta fiscalización económico-financiera de los municipios y dificultar la estabilidad presupuestaria y la gestión de fondos públicos, incluidos fondos europeos como los Next Generation UE.
