Sánchez defiende en la UE que se prohíba comprar vivienda "si no es para vivir", una idea de Sumar que no avalaba el PSOE

El presidente del Gobierno presentó este jueves a sus colegas de la UE una propuesta que el PSOE nunca había asumido anteriormente: la prohibición de compra de vivienda "si no es para vivir en ella".

La iniciativa llega tras la creciente presión de sus socios de Gobierno, Sumar, y de los parlamentarios, ERC y Podemos, que la consideran fundamental para frenar la especulación inmobiliaria.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, exigió este martes que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se aparte del cargo por no adoptar medidas "valientes" para atajar la "emergencia habitacional" en España.

Martínez criticó que la principal propuesta del Ministerio haya sido lanzar "un teléfono de la esperanza" sobre vivienda, el 047, es un claro síntoma de que el PSOE no se ha atrevido a "intervenir el mercado" con decisión.

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Por su parte, Ione Belarra, líder de Podemos y exministra, ha advertido de que esta prohibición que ahora parece defender Sánchez es una "condición irrenunciable" para negociar los Presupuestos de 2026.

Y finalmente, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ya insistió repetidamente en el Congreso en que "la solución es sencilla: una familia, una casa". Los republicanos independentistas reclaman "prohibir la especulación" en un mercado que considera "un derecho constitucional, no una mercancía".

Cambio de opinión

La propuesta de Sánchez supone un cambio de opinión en el PSOE. Hasta ahora, los socialistas no defendían prohibir la compra de viviendas que no sean para vivir en ellas.

Se limitaban a proponer la "limitación de la especulación inmobiliaria", gravando fiscalmente ciertos tipos de compra y uso de vivienda.​ En distintas ocasiones, el PSOE ha considerado "extrema" la propuesta impulsada por Sumar, Podemos y ERC.

El portavoz socialista Patxi López declaró en septiembre de 2024 que esta medida sería "contraproducente" y afectaría también a quienes adquieren una segunda residencia legítima, como viviendas de vacaciones.

El presidente subraya que "la vivienda debe ser la prioridad legislativa" tanto en España como en la Unión Europea, "porque la emergencia es la misma en España que en Italia, Francia o Alemania".

Así lo expresó este jueves, ante la prensa, a su entrada a la reunión del Consejo con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Según defendió Sánchez, fue "el grupo de los Socialdemócratas" el que impuso esta prioridad a Ursula von der Leyen para apoyar su renovación de mandato en la Comisión.

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Y desveló sus tres propuestas que luego pondría sobre la mesa en la reunión del Consejo: "Medidas legales" de la UE "para que podamos poner freno a la compra de vivienda que no sea para uso residencial", en primer lugar.

Y además, que "la UE nos dé palancas para actuar sobre las zonas tensionadas", y que la Unión habilite "un fondo específico para la construcción de vivienda protegida".

La UE prevé otro camino

Pese a que el Gobierno español promueve esta intervención dura del mercado, Bruselas está orientando sus políticas en otra dirección. El Parlamento Europeo debatió el miércoles un informe sobre vivienda que propone simplificaciones burocráticas y rebajas fiscales.

El Partido Popular Europeo, de Von der Leyen, ha impulsado la reducción de trámites administrativos y bajadas en el IVA como estrategia para resolver la "emergencia habitacional".

Es decir, el establecimiento de "un máximo de 60 días para otorgar licencias de construcción" de viviendas en toda la UE. Y "un IVA superreducido", hasta el cero en determinados casos, para la nueva construcción y rehabilitación de viviendas.

Estas medidas buscan "agilizar trámites", reducir costes y "garantizar que la legislación europea en materia medioambiental o energética no frene la oferta habitacional".

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El eurodiputado español Borja Giménez Larraz, ponente del informe de la Eurocámara, recuerda que "las licencias de obra en Europa han caído casi un 20% en los últimos cinco años".

Esto indica que "los retrasos administrativos y la maraña normativa están paralizando la oferta y castigando a quienes más necesitan un hogar".

Giménez subraya que, según el Banco de España, "España necesita al menos 700.000 viviendas nuevas", pero la construcción sigue frenada por la burocracia.

El paquete europeo busca revisar normativas como la Ley de Restauración de la Naturaleza, la Directiva de Calidad del Aire o la Directiva Marco del Agua para que no supongan cargas adicionales a proyectos residenciales.