Isabel Díaz Ayuso, tras firmar un protocolo de colaboración con Cisco, en Austin (Texas).

Isabel Díaz Ayuso, tras firmar un protocolo de colaboración con Cisco, en Austin (Texas). EFE

Política

¿Asfixia Ayuso la Universidad o se ahoga sola con más y más personal? La Rey Juan Carlos recorta 10M de gasto superfluo

La Complutense recibe un crédito por valor de 30 millones de euros para poder pagar el sueldo de sus 11.400 trabajadores.

Más información: Ayuso da marcha atrás en su ley de Universidades y saca un fondo de 10M anuales para los centros que cumplan objetivos.

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Las claves

La Universidad Rey Juan Carlos y la Complutense de Madrid solicitan créditos para pagar nóminas debido a problemas financieros.

La oposición culpa a Isabel Díaz Ayuso de "ahogar" el sistema público universitario, mientras que la Comunidad de Madrid atribuye la situación a la "contratación indiscriminada" de personal.

El rescate financiero incluye medidas de contención del gasto, como la reducción de gastos superfluos y la optimización de infraestructuras.

La financiación de las universidades públicas madrileñas vuelve a situarse en el centro de la polémica después de conocerse que la Universidad Rey Juan Carlos precisa de un rescate financiero.

Tras meses de tiras y aflojas entre el Gobierno regional y los rectores por la financiación universitaria contemplada en la futura ley regional, la Complutense y la Rey Juan Carlos se han visto obligadas a solicitar un crédito para pagar las nóminas de sus profesores.

Ambas realidades financieras abren el debate sobre quién tiene la culpa de esta situación. La oposición (Más Madrid y el PSOE) dice que todo es culpa de Isabel Díaz Ayuso que quiere "ahogar" el sistema público.

En la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid recuerdan que la situación económica de ambos centros es mala por la contratación "indiscriminada" de personal.

Hay que recordar que en la Comunidad de Madrid hay seis universidades públicas y sólo dos han precisado, por el momento, de este tipo de créditos.

Aunque la Universidad Politécnica, la de Alcalá de Henares, la Autónoma y la Carlos III reclaman una "financiación más consensuada", ninguna tiene el problema de no poder pagar la nómina a sus trabajadores.

Rescate de la UCM

El préstamo que va a entregar la Comunidad de Madrid a la Complutense (UCM) ya está prácticamente cerrado. Serán 34,5 millones de euros y el objetivo es garantizar el pago de las nóminas de sus 11.400 trabajadores y "la operativa habitual de la universidad".

Según fuentes de la Consejería de Educación, este crédito se concede con la condición de que el centro adopte "medidas reales y efectivas de contención del gasto".

En juego está, además, la transparencia presupuestaria: la UCM debe presentar un plan económico-financiero ajustado a la ley autonómica y alineado con los objetivos de eficiencia que exige la Comunidad. "Están empezando a trabajar para reducir el gasto superfluo", dicen fuentes cercanas a Educación.

Según las cuentas públicas del organismo a las que ha podido acceder este diario, el mayor porcentaje de gasto de la UCM es de personal (70% del total de su presupuesto) e inmuebles (12%). Concretamente, la partida para profesores, funcionarios o no, de la UCM fue de casi 500 millones de euros en 2024.

Gastos previstos para 2024

Gastos previstos para 2024 UCM

En paralelo, la URJC se enfrenta a una situación financiera delicada, con un déficit que cerró 2023 cerca de los 33 millones de euros y pérdidas de unos 45 millones en 2024, según fuentes próximas al rector.

Es por ello que, en estos momentos, Madrid está ultimando un rescate para este centro público. El crédito será similar en condiciones al de la UCM.

En su caso, la consejería de Emilio Viciana ya ha hablado de la buena "disposición" del rector Abraham Duarte, recién llegado al cargo, por reducir ese gasto superfluo.

De hecho, fuentes de la Universidad aseguran a EL ESPAÑOL que Duarte ya ha implementado medidas de contención de gasto, como el aumento de la carga docente del profesorado para evitar nuevas contrataciones, que podrían haber supuesto entre "10 y 12 millones de euros anuales".

También se está rediseñando el plan de infraestructuras para priorizar solo obras imprescindibles, lo que ha generado un ahorro significativo. Algo que podría paralizar proyectos ambiciosos como la primera facultad pública de gastronomía de España.

El consejero Emilio Viciana ha señalado que la Comunidad se sitúa "al lado" de ambas instituciones y que el rescate o apoyo financiero no implica un cambio en la política de control de gastos.

Por su parte, la UCM insiste en que no se trata de un rescate, sino de un préstamo para cubrir necesidades puntuales, y que el incremento de gastos se debe a factores ajenos a la gestión, como la asunción de la seguridad social de todo el personal, el aumento de sexenios y quinquenios, y la contratación de profesores asociados exigidos legalmente.

Así las cosas, la Comunidad de Madrid defiende que la ayuda financiera se ofrece de manera "estrecha y responsable", pero condicionada a medidas claras de contención de gasto. Además, insisten en que "año a año" incrementan la financiación de estos centros.

Mientras, las universidades argumentan que la infrafinanciación histórica desde 2008 es el verdadero origen del déficit, agravado por la inflación y el incremento de costes energéticos.

"La inflación ha subido un 44%, mientras que la financiación de las partidas que la Comunidad da las universidades lo hacía un 5%", lamentan desde los claustros universitarios.

Rescate en 2013

Lo cierto es que esta herramienta no es la primera vez que se usa. La UCM ya pidió un crédito en 2013 a la Comunidad de Madrid que todavía arrastra. Ese año, al igual que ahora ocurre con la Rey Juan Carlos y la Complutense, fueron la Politécnica y la UCM.

Los créditos sumaban 78 millones y tras años congelando las contrataciones de docentes, la Politécnica consiguió devolver el dinero. Ahora, es una de las universidades con mayor proyección internacional y mejores salidas laborales.

Mientras, la UCM sigue acumulando deuda. Los detractores de Joaquín Goyache le acusan de haber "sobrevivido" gracias a una sentencia del Tribunal Supremo de 2020.

En ese momento, la Justicia condenó a la Comunidad de Madrid a pagar casi 600 millones de euros a las universidades públicas de la región porque Esperanza Aguirre había incumplido durante su última legislatura los planes de inversión.