Ayuso da marcha atrás en su ley de Universidades y saca un fondo de 10M anuales para los centros que cumplan objetivos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue trabajando en la que será una de sus leyes más importantes de la legislatura: la Un documento que la presidenta regional lleva años anunciando y que prevé solventar los problemas económicos y de gestión de los centros públicos madrileños.

Más fondos, un mejor sistema de financiación y la promoción de la excelencia son las bases que Isabel Díaz Ayuso siempre ha resaltado de un proyecto que, según parece, cambia por momentos. Y es que, pese a que el Ejecutivo regional prevé presentar el texto en diciembre, su articulado final parece que poco tendrá que ver con el proyecto que se ha ido desgranando desde hace más de dos años.

¿El primer cambio? Lo anunciaba el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en un encuentro con periodistas al explicar que la financiación por objetivos que prometía Ayuso se convertirá ahora en una suerte de concurso anual con un premio final: 10 millones de euros para repartir entre las seis universidades públicas madrileñas.

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Ese fondo extra anual, que figura en el último borrador de la LESUC, se destinará a las universidades que acrediten determinados logros relacionados con su actividad académica o investigadora. Cada centro podrá pactar con el Gobierno regional los objetivos que mejor se adapten a sus características, y el Consejo de Gobierno podrá añadir nuevas metas cada año.

Entre los criterios propuestos figuran la puesta en marcha de programas de investigación, la atracción de docentes de excelencia de otras regiones o países —especialmente de Europa e Hispanoamérica— o la ampliación de la oferta formativa en áreas estratégicas o en el ámbito de las humanidades.

Los rectores de las universidades públicas madrileñas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la toma de posesión de la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid. CAM

Madrid sí tenía contemplada esta financiación extraordinaria, en la llamada partida de "objetivos", lo que pasa es que, en su origen, se planteó esta ayuda como algo que iba a ir mucho más allá y que no iba a ser un presupuesto cerrado con objetivos previamente fijados al que las universidades debían 'optar'.

Hay que recordar que, tal y como se anunció en el inicio de la ley, la financiación de los centros públicos se va a dividir en tres vías: la básica (para el funcionamiento ordinario), la de necesidades específicas (para afrontar proyectos concretos, como la rehabilitación de edificios históricos) y la de objetivos, en la que ahora se integran estos 10 millones.

En un primer momento, esa financiación por objetivos no se planteó así, sino como una serie de partidas con las que la región iba a 'premiar' la excelencia. Se habló de aspectos como recompensar a quienes hicieran pruebas específicas para el acceso a la carrera docente (Magisterio). Ahora, estos supuestos están en el aire.

Lo que pretende Madrid con este fondo de 10 millones de euros es pactar con las universidades unos objetivos y que ellos, en la medida de lo posible, los cumplan. Una especie de auditoría (como la que se le hace a las empresas privadas) en la que no decide el centro en individual su plan de crecimiento, sino que colabora el ente público.

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Rectificaciones

La redacción de esta ley —de la que, insisten desde la Consejería, todavía no hay un texto oficial— ha cambiado sustancialmente respecto a sus inicios.

Según ha podido confirmar este diario, el equipo de Viciana se replantea puntos clave como el reparto de la financiación, que inicialmente dependía en un 70% del Gobierno autonómico y en un 30% de cada universidad.

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Todo parece indicar, además, que la ley ha dado marcha atrás en otros aspectos ya anunciados, como la creación de un mapa de titulaciones que iba a determinar dónde y cuándo podrían ofrecerse determinadas carreras atendiendo a la demanda regional. Ese plan, en las versiones más recientes, podría dejar de ser de obligado cumplimiento y ser de carácter informativo.

Del mismo modo, la Consejería de Educación lanzó en junio del 2024 la idea de sancionar a las universidades si sus alumnos hacían escraches o acampadas. Decisión que se tomó tras un escrache a la propia presidenta regional en la Universidad Complutense.

Ahora, esa idea también se deja en entredicho y se prefiere centrar el tiro en cómo van a ser las sanciones a los universitarios. Hablan de reducir la carga administrativa, simplificar y aligerar el régimen sancionador de las universidades sin entrar en hablar de escraches. Un apartado que, además, no aparecía en el último borrador al que tuvo acceso este diario.

Lo que sí hace el borrador es fijar un máximo de 300.000 euros de sanción para las infracciones muy graves en el ámbito universitario, aunque excluye de esa categoría las que no estén relacionadas con el funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas.

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Diciembre

El texto incorpora también modificaciones en la organización interna de las universidades que, según ha confirmado el propio consejero, surge del diálogo con los rectores.

Con la nueva ley, el gerente será elegido por el rector con el visto bueno del Consejo Social, eliminando el sistema de concurrencia. Además, la figura del interventor se sustituye por una Oficina Económico Presupuestaria formada por dos profesionales: uno nombrado por el rector y otro por el Consejo Social.

Asimismo, se define con mayor detalle el funcionamiento del Distrito Único de Prácticas, un mecanismo con el que la Comunidad pretende garantizar que ningún estudiante se quede sin una plaza para completar su formación. Las vacantes que queden tras la primera asignación se redistribuirán entre quienes las necesiten para poder titularse.

El consejero Viciana asegura que el texto “sigue su curso” y que el próximo paso será convertirlo en anteproyecto para someterlo a información pública antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno. Después, la LESUC se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación definitiva.

De momento, lo que sí parece claro es que el Ejecutivo madrileño pisa el freno en varios de los aspectos más polémicos de una norma llamada a cambiar la relación entre la Comunidad y sus universidades.