Sánchez junto a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, este martes en Ponferrada tras el Consejo de Ministros.
Sánchez arrastra a España a un debate polarizador para incluir el aborto en la Constitución sin ninguna opción de éxito
El Gobierno necesita el apoyo de tres quintos del Congreso, cifra que nunca podría alcanzar sin el PP, pero hasta Podemos rechaza la iniciativa.
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Pedro Sánchez ha propuesto una reforma de la Constitución para blindar el aborto en la Constitución. Un cambio en la Carta Magna que, de momento, solo ha emprendido Francia.
El texto, acordado por PSOE y Sumar tras varios días de discrepancias, se cerró en la misma mañana del martes en el que fue aprobado por el Consejo de Ministros.
Tras coquetear con la idea de un referéndum, como esa misma mañana deslizó Sánchez en la SER, al final el modelo elegido es una reforma del artículo 43, añadiendo un nuevo apartado, pero sin ser una reforma agravada. Aun así, necesitaría el acuerdo de tres quintos del Congreso.
El texto pactado por los dos socios del Gobierno es el siguiente: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".
Moncloa busca retratar con esta iniciativa al PP, cuyo voto es indispensable.
El asunto incomoda a Génova por la diversidad de corrientes dentro de su seno. En su último Congreso Nacional, no aprobó resolución alguna sobre el aborto para evitar abrir debates internos.
Todo empezó con el traspié del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al aceptar una propuesta de Vox para informar a las embarazadas sobre el supuesto síndrome postaborto, que carece de base científica.
El PSOE empezó a amplificar la polémica tras varias semanas horribilis. A los audios de José Luis Ábalos sobre la prostitución se sumó la polémica de los fallos en las pulseras antimaltrato y la escasa información por parte del Ministerio de Igualdad.
La fuga de voto femenino, clave para el PSOE, llevó a los socialistas a tratar de pasar al contraataque, y encontró la baza que le proporcionó el Ayuntamiento de Madrid para volver a levantar la bandera del feminismo.
A continuación, Sánchez avivó la polémica al enviar una carta a los presidentes autonómicos de Madrid, Aragón, Baleares -estos tres del PP- y Asturias -del PSOE- exigiéndoles que garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública.
En la carta les pedía la puesta en marcha del Registro de Objetores de conciencia, como marca la ley vigente, aprobada en tiempos de Irene Montero como ministra de Igualdad. Sánchez les daba tres meses para elaborar dicho registro.
Esto motivó la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que respondió que ese registro serviría para "señalar" a los profesionales sanitarios y, tras mencionar que en España se practican más de 106.000 abortos al año, añadió: "¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar".
La reacción del PP
Esto motivó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondiese mediante una carta a Sánchez acusándole de "meter miedo" y "utilizar a las mujeres".
"Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica", aseguraba en su misiva.
Ahora, el último giro de guión es la reforma constitucional, que ni siquiera entusiasma a sus socios.
El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, acusa a Sánchez de estar "ante un intento de marcar agenda con titulares vacíos” y le recuerda que "no dan los números".
En la formación morada lamentan que el Gobierno obvie que "ya hay leyes, ya hay mecanismos legales" que garantizan el derecho al aborto "en un centro público y cercano al domicilio".
Pero el Gobierno no desiste de su reforma constitucional ya que ocupará la agenda durante meses, hasta que sea tumbada por el PP en el Congreso.
Vox ha entrado también en el debate para posicionarse en contra de la reforma.
La polémica la usa el Gobierno para tratar de alargar la legislatura, porque le permite mantener el relato de que, si se adelantaran las elecciones, se pondría fin a avances sociales como el de "constitucionalizar el derecho al aborto".
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, no escondía este objetivo al admitir que esta modificación de la Constitución es una respuesta a la "ola reaccionaria y regresiva nacional e internacional que pretende recortar los derechos de las mujeres".
Tras la polémica de las pulseras, la ministra vuelve a sacar la cabeza y a vender acción de Gobierno.
