El plan para la inmigración de Feijóo valorará el castellano y creará una 'autoridad única' que regulará los visados de trabajo

El documento incluye una valoración "especial" a los ciudadanos extranjeros que hablen castellano en la valoración de su "visado por puntos", y prevé centralizar todas las competencias de inmigración en "una única autoridad".

Después de un mes calentando con tomas de posición y anuncios parciales de medidas, el PP desvela un documento que pretende poner "orden, legalidad y humanidad" donde, sostiene, "ahora sólo hay caos, quiebra de la convivencia y negocio para las mafias".

Esa autoridad única pondrá fin a la actual "dispersión" entre los cinco ministerios actuales: Interior, Exteriores, Defensa, Política Territorial e Inclusión. Según denuncia el presidente del PP, "todos esos departamentos hablan de inmigración, pero ninguno hace nada".

Ha sido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, quien ha elaborado el documento, por encargo de Feijóo. En todo caso, las ideas ya estaban esbozadas en la ponencia política del último congreso del partido.

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Además, los detalles del llamado "visado por puntos" ya fueron adelantados, el pasado sábado, por este periódico.

El sistema se basará en criterios "transparentes y objetivos" para valorar "la formación, la experiencia laboral, el dominio del idioma y la capacidad de integración" de los solicitantes.

Es decir, pesará el empleo que se busca y la oferta disponible, y la formación y la experiencia del aspirante, dentro de los criterios laborales de valoración del visado por puntos.

Estas reglas serán aplicables a los dos modelos diseñados para acceder al visado. Es decir, la vía del "contrato en origen para sectores estratégicos", y la del permiso "temporal" para la búsqueda de empleo "en sectores tensionados".

Ambas modalidades incluirán "controles estrictos y plazos definidos", con el objetivo de garantizar una "inmigración regulada" que "refuerce la cohesión social" mientras impulsa la productividad y competitividad económica del país.

"Proximidad cultural"

En lo tocante a los criterios sociales, se puntuará compartir el idioma, "porque hablar el español, obviamente, facilita la integración, tanto para el inmigrante como para la comunidad que lo recibe", explican las fuentes consultadas.

Para el PP, tiene todo el sentido que un país de habla hispana "valore la hispanidad" en una política ordenada para regular la inmigración.

"La proximidad cultural puntúa", explica la dirección popular. "Si compartes idioma, valores o formación, como por ejemplo, haber estudiado en España o en centros homologados por nuestro país", se añaden puntos a favor del solicitante.

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Otros de los apartados que se valorarán se refieren al grado de "integración cívica". Es decir, con puntuaciones basadas en la capacidad de emprendimiento y la ejecutiva, además de la edad del solicitante del visado.

"Para quedarte en España, tienes que aportar, trabajar y tener un contrato de trabajo o una búsqueda activa de empleo", ha subrayado repetidamente el presidente del PP.

El documento también contempla un mecanismo para que las personas con visados temporales de búsqueda de empleo estén obligadas a regresar a su país si se les agota el plazo.

El sistema de "premios y castigos" que implanta el visado por puntos se combinará con medidas de "agilización burocrática", con el objetivo de "poner eficiencia en el caos" y generar un "sistema confiable".

Así, sobre el papel, se crea un "incentivo de ida y vuelta" entre el migrante y la Administración.

Esta medida forma parte de su estrategia para que haya "una vía real de entrada legal", que evitaría que los aeropuertos españoles sigan siendo "un coladero de inmigración irregular" y que las mafias "sigan haciendo su agosto" en las costas españolas.

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De hecho, los populares denuncian la situación en las rutas marítimas. "Por vía marítima mueren alrededor de 20.000 personas al año en alta mar", explica la dirección del PP.

Los datos oficiales revelan que el 14% de la población española ya es nacida en el extranjero. Son alrededor de 9 millones de personas, de las cuales 1,5 millones han llegado en los últimos dos años. "Eso hay que regularlo", ha insistido el líder popular.

Reformar tres leyes

La presentación del Plan Integral se hará este martes en Barcelona, ciudad elegida por ser "el paradigma del desgobierno de Sánchez", según las citadas fuentes de Génova.

"El 40% de las okupaciones en España se concentran en Barcelona y su área metropolitana", advierten. Y Cataluña es la región "con mayor porcentaje de extranjeros reincidentes en delitos menores".

Para acabar con esto, los populares proponen en el documento una reforma del Código Penal y otra de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La primera para que la reincidencia sea penada con cárcel como los delitos mayores y eso permita expulsar a los extranjeros condenados.

La segunda, para poder "perseguir a las mafias en aguas internacionales". Es decir, que la Justicia española tenga competencias en la persecución de la trata y el tráfico de personas sin necesidad de que los arrestos se hagan en las aguas jurisdiccionales españolas.

Además, el plan incluye un apartado específico para el refuerzo permanente de agentes y medios para la Policía y la Guardia Civil, además del despliegue del Frontex de la UE en Canarias, Baleares, costa sur de Andalucía, Ceuta y Melilla.

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Una tercera ley que prevé reformar el PP cuando llegue al Gobierno es la de Extranjería.

Por un lado, arbitrará un mecanismo urgente para la determinación "en un máximo de 72 horas" de la edad de los migrantes irregulares. Y por otro, se agilizarán las gestiones para acceder al asilo, con vías exprés en terceros países seguros.

Regularizaciones y revocaciones

Y dentro de los cambios a esta ley se incluirá también la reforma del arraigo para acceder al permiso de residencia.

"Tiene que convertirse en la vía excepcional, y no la manera encubierta de quedarse", explican las fuentes. "Eso depende de que hagamos bien la otra parte, la del visado por puntos", reconocen.

Los populares se oponen rotundamente a las regularizaciones masivas. Sin embargo, un eventual Gobierno de Feijóo sí estudiará regularizaciones individuales, "una a una, con personal y recursos suficientes".

De hecho, otro de los puntos será el desarrollo de la revocación "inmediata" del permiso de residencia a los inmigrantes radicalizados, o con vinculaciones con redes delictivas, "según sentencia judicial".

El PP denuncia que medio millón de personas cobran el IMV u otras ayudas sin haber trabajado una sola hora en el último año. Feijóo argumenta que "los migrantes que vienen a aportar y trabajan tampoco quieren sostener con sus impuestos a los que vienen a aprovecharse".

La formación popular vinculará el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones a la "búsqueda activa de empleo". Los beneficiarios deberán demostrar gestiones periódicas ante las oficinas de empleo para mantener la ayuda.