La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, este martes en el Senado.
El PSOE contenta a catalanes y vascos con las universidades: tener lengua cooficial permitirá evitar el control del Congreso
Los centros 'online' tendrán competencia estatal y las aprobarán las Cortes, excepto si están en una región con lenguas cooficiales, como pedía PNV.
Más información: El Gobierno cambia las reglas del juego para la creación de universidades y se reserva el derecho de veto ante las CCAA.
El Ministerio de Universidades y Ciencia ha tenido que realizar varias modificaciones en su real decreto estrella: el que va a limitar la creación de nuevas universidades.
La normativa surgió ante la "proliferación" de centros privados a los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó "chiringuitos".
Algunos de los cambios llegan tras la queja de organismos como el Ministerio de Economía o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que habían realizado alegaciones al texto inicial.
Otros, por el contrario, han venido de sus socios en el Congreso: nacionalistas vascos y catalanes.
Y es que, en la redacción final del decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, se recoge la principal exigencia del PNV: que si una universidad online quiere instalarse en una región, no tenga que recibir el permiso del Congreso de los Diputados si está implantada en una comunidad con lengua cooficial.
Hay que recordar que una de las principales novedades de la ley era que las universidades cuyos títulos se impartan online iban a pasar a depender directamente del Gobierno.
Hasta ahora, el visto bueno lo daban las autonomías en las que estuvieran sus sedes, pero con el nuevo decreto es el Congreso de los Diputados el que debe validar su puesta en marcha.
En la actualidad, la Cámara Baja está controlada por los partidos de la coalición, pero si las próximas elecciones cambian, el tablero político no será así.
Por eso, el PNV exigió a sus actuales socios una puntualización: si las nuevas universidades online se ponían en marcha en una región con lenguas cooficiales, ya no deberían pasar por el Congreso y quedaría su aprobación en manos regionales.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 7 de octubre de 2025.
Pero, además de este requisito, el Gobierno hace un segundo favor a sus socios vascos y catalanes e incluye dos cláusulas extra para librar a estos nuevos centros de depender del Congreso de los Diputados, puesto que puede haber algunas que tengan sedes en otras regiones sin lengua cooficial.
De este modo, si la universidad imparte más de la mitad de sus títulos en lengua cooficial, tampoco deberá pasar por la Cámara Baja, y si sus títulos tienen precios públicos fijados por la comunidad autónoma, tampoco.
Este último punto favorece, sobre todo, a la Universidad Oberta de Cataluña, que cumple este requisito y no el de impartir la mitad de sus títulos en catalán.
Como novedad, también añade una cuarta excepción, aunque en este caso no vinculada a ninguna región en concreto: si la universidad online tiene financiación parcial de la comunidad autónoma (un mínimo de un 20% del presupuesto de la universidad), tampoco pasará por las Cortes.
Tirón de orejas de la CNMC
Tanto la CNMC, como el Consejo de Estado o el Ministerio de Economía notificaron a Universidades una serie de cambios en este decreto. Algunos de ellos sí se han eliminado, como que en cinco años la universidad tenga 4.500 alumnos, pero otros no.
De hecho, uno de los apartados más polémicos, criticados por el Consejo de Estado, sigue presente. Este es el relativo a que los profesores de las universidades online tengan a más del 75% de su personal docente residiendo en España o en algún país de la Unión Europea.
Esto, según los informes, supone un atentado contra la libre circulación de ciudadanos, pero según Universidades se persigue que universidades extranjeras no pongan aquí sedes online con plantillas enteras desde el extranjero.
Otra de las cuestiones que se han modificado a petición del Consejo de Estado ha sido la necesidad de que los dueños de las nuevas universidades tengan experiencia en la gestión universitaria. Ahora el Gobierno elimina esa petición y la rebaja a los equipos directivos.
