El presidente del Senado, Pedro Rollán, presidiendo un pleno de la Cámara Alta. Europa Press
El Senado recurre ante el TC la "manipulación" de una ley que aprobó en pleno y que la Mesa del Congreso "mutiló"
Armengol suprimió una disposición aprobada en el Senado que garantiza 1.200M para la bonificación aérea a residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, lo que el PP califica de "ataque a la labor legislativa de la Cámara Alta".
Más información: Feijóo anuncia que llevará a Armengol al juzgado por "fraude de ley" al bloquear las leyes que aprueba el Senado.
El Senado presentará un nuevo conflicto de atribuciones frente al Gobierno y al Congreso por la supresión "ilegal" de una disposición adicional añadida a un proyecto de ley durante su tramitación en la Cámara Alta.
Según los antecedentes, la iniciativa acabará en el Tribunal Constitucional, que deberá dirimir si la Mesa del Congreso puede "mutilar" un texto legal aprobado por el Senado. O si, por el contrario, está obligada a tramitarlo, más allá de que el Gobierno quiera vetar alguna parte del texto.
Según los populares, el órgano de gobierno del Congreso, presidido por Francina Armengol, "obedeció órdenes" del Gobierno. Según el requerimiento al que ha tenido acceso este periódico, la mayoría progubernamental de la Mesa "mutiló" irregularmente la norma, el pasado septiembre.
El párrafo, introducido como enmienda al Proyecto de Ley de Navegación Aérea, garantizaba una partida de 1.200 millones de euros para bonificar las tasas aéreas de residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Esa enmienda fue aprobada en pleno del Senado y, por tanto, "incorporada al texto legal", según alegan los populares.
El Ejecutivo vetó "irregularmente" la disposición adicional, acogiéndose a la prerrogativa de vetar medidas que supongan más gasto o menos ingreso para el Estado.
La Mesa del Congreso aplicó de forma "ilegal" lo dispuesto en el artículo 134.6 de la Constitución, que permite al Ejecutivo vetar "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".
Pero, tal como recoge el requerimiento, esa facultad está reconocida "de forma separada y autónoma en cada Cámara". Es decir, que en el Congreso, puede oponerse a las enmiendas "mientras las mismas estén en tramitación" en esa Cámara. Y en el Senado, lo mismo.
"Lo que no puede el Gobierno es vetar en el Congreso, cuando el Senado le remite su texto aprobado, enmiendas del Senado cuya tramitación ya ha sido concluida en el Senado".
"Ataque caciquil"
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, advirtió de que su grupo no tolerará ningún "ataque a los derechos de los españoles ni a las competencias legislativas de la Cámara".
El PP califica la actuación del Gobierno y de la Mesa del Congreso como un "bloqueo más a la labor" de una de las Cámaras del Poder Legislativo, en un "ataque caciquil" contra la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.
La Mesa del Congreso actuó supuestamente fuera de sus competencias, según los populares, y se suma a sucesivos conflictos entre el Senado y el Congreso en esta legislatura.
De hecho, Alberto Núñez Feijóo ya anunció la semana pasada la presentación de otro conflicto de atribuciones ante el Constitucional.
El presidente del PP denunció que ya son 31 las leyes bloqueadas por Armengol, "tras ser aprobadas en el Senado". Y según recordó, 17 de ellas "tendrían mayoría y ya estarían en vigor", por lo que el PP llevará a la presidenta del Congreso al juzgado por "fraude de ley" si no levanta esos bloqueos.
El quinto conflicto
En lo que va de legislatura, el Senado ha presentado cuatro conflictos de atribuciones a instancias del PP. El primero, en abril de 2024, frente al Congreso por la tramitación de la Ley de Amnistía. Alegaba que la Cámara Baja la había tramitado como una ley ordinaria en lugar de reforma constitucional.
El segundo, en diciembre de 2024, por la aprobación en el Congreso de una ley con una enmienda que beneficiaba a presos etarras. El Senado había vetado esa enmienda, pero la Mesa del Congreso la incluyó igualmente.
El tercero, en febrero de 2025, contra el Gobierno y el Congreso por incluir en la ley de eficiencia jurídica complementos salariales para jueces y fiscales mediante "un uso fraudulento de la corrección de errores" sin debate parlamentario.
El cuarto conflicto, en abril de 2025, por la ley de desperdicio alimentario. El Senado introdujo enmiendas para reducir impuestos a alimentos, pero el Ejecutivo vetó y la Mesa del Congreso aceptó el veto.
Este quinto requerimiento, que se votará en el próximo pleno, exige que el Congreso y el Ejecutivo rectifiquen el veto.
"Impagos" por falta de PGE
Los populares reclaman la restitución de la disposición adicional en el texto de la Ley de Navegación Aérea, que introdujeron como salvaguarda "ante la ingobernabilidad de España, por mor de la falta de Presupuestos Generales del Estado".
El PP recuerda que las cuentas públicas vigentes son las de 2023, prorrogadas por segunda vez. La partida con la que entonces se dotó la subvención "se ha quedado obsoleta" y se han producido "impagos" en 2024.
Para 2025, advierten compañías aéreas y patronales, es más que inminente la repetición de la situación. Y con esta iniciativa, el Senado eleva al Constitucional la "mutilación ilegal" de la Ley de Navegación Aérea, tal como la aprobó su pleno.
El pleno del Senado votará la resolución la próxima semana. En caso de aprobación, el texto se remitirá al Tribunal Constitucional, para que les dé la razón y obligue al Congreso a restituir la disposición adicional.
