El PP lleva a cuatro ministros al Senado por los incendios y quiere que Sánchez comparezca por la imputación de su mujer

El PP hará desfilar esta semana por la Cámara Alta a los ministros Margarita Robles (el martes), Sara Aagesen (el miércoles), Fernando Grande-Marlaska (el jueves) y Luis Planas (el viernes), para que expliquen la aportación que ha hecho el Gobierno a las CCAA para prevenir y combatir los incendios.

Es sólo uno de los frentes que el PP prepara ante el inicio del nuevo curso político, junto a la corrupción, los contratos del Ministerio de Interior a la compañía china Huawei (vetada por EEUU y la UE por constituir una "amenaza para la seguridad nacional"), la inmigración ilegal, el cupo catalán, el caos ferroviario y el "machismo en la Moncloa" protagonizado por Paco Salazar y el exministro Ábalos.

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La Diputación permanente del Congreso debe resolver el martes la petición que ha registrado el PP para que Pedro Sánchez comparezca en un Pleno de extraordinario, con el fin de que explique la imputación de Begoña Gómez por un presunto delito de malversación (el quinto que le atribuye el juez Peinado) y la trama de la fontanera de Ferraz Leire Díez.

Se adelanta así el inicio del nuevo curso político. El Consejo de Ministros aprobará el martes la declaración de las zonas afectadas por los incendios, como paso previo para que puedan cobrar ayudas quienes hayan perdido sus casas o explotaciones agrarias.

También en la mañana del martes, se reúne la Comisión Interministerial para la Emergencia Climática, encabezada por los ministros Sara Aagesen y Fernando Grande-Marlaska, como anunció el viernes el presidente Pedro Sánchez, en una visita a la zona afectada por los incendios en Asturias.

La ministra de Transición Ecológica ha dejado entrever que se trata del argumento que el Gobierno va a emplear para intentar recomponer el "bloque de investidura", y arrinconar al PP y Vox.

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"Quien diga que no al pacto de Estado contra el cambio climático se va a arrepentir", señalaba este domingo Aagesen en una entrevista a El Diario.

En apenas dos semanas de agosto, los incendios forestales han arrasado más de 400.000 hectáreas de terreno (sobre todo en Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias) y han obligado a evacuar a más de 33.000 personas. La mayoría de ellas ya han podido regresar a sus casas.

La portavoz del PPE, Dolors Montserrat, esgrimió este domingo los informes del Tribunal de Cuentas europeo para afirmar que las comunidades autónomas que más invierten en prevención de incendios son, por este orden, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Madrid (que tiene mucha menos masa forestal).

En cambio, señaló, "dos países pequeños como Portugal y Grecia invierten casi el doble que España" en esta materia.

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La dirigente popular denunció que el Gobierno de Sánchez ha dejado sin ejecutar 320 de los 400 millones de euros que pidió a los fondos europeos Next Generation para prevención de incendios y gestión forestal.

El Gobierno prefiere gastar los fondos europeos, ha alegado, en "los amigos de Begoña, Cerdán, Ábalos y Koldo", sostuvo Montserrat en declaraciones a los periodistas desde Granollers (Barcelona).

Sin embargo, Moncloa niega estas cifras. Afirma que, a pesar de no haber tramitado ni aprobado los Presupuestos del Estado de 2025, el Ministerio de Transición Ecológica ha incrementado este año en un 29% las partidas destinadas a la extinción de incendios, hasta alcanzar los 109'3 millones de euros.

En concreto, el Gobierno sostiene que se ha incrementado un 32% el presupuesto de las brigadas de refuerzo de incendios forestales (23,7 millones), un 21% el acuerdo con Defensa para operar los aviones anfibios (29 millones) y un 11% la partida de medios aéreos de extinción de incendios forestales para el verano (hasta los 45 millones).

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En su ofensiva del nuevo curso político, el PP ha solicitado que comparezcan en el Congreso el presidente Pedro Sánchez y ocho ministros.

La decisión debe tomarla este martes la Diputación permanente, en la que tienen mayoría el PSOE y sus socios.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, está citada a declarar el 11 de septiembre ante el juez Juan Carlos Peinado, investigada por un presunto de malversación.

El instructor considera que la mujer de Pedro Sánchez ha podido hacer un uso ilícito de los recursos públicos, al utilizar a su asistente de la Moncloa para fines privados, en gestiones relacionadas con el doctorado y los máster que impartía en la Universidad Complutense.

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Es el quinto presunto delito que Peinado imputa a la mujer del presidente, junto con los de tráfico de influencias, corrupción de delitos privados, apropiación indebida e intrusismo profesional.

El PP quiere Pedro Sánchez comparezca en un Pleno extraordinario del Congreso para explicar estos hechos y para informar, también, sobre la trama de la fontanera de Ferraz Leire Díez.

A raíz de una denuncia presentada por Hazte Oír, el juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego ha citado a Leire Díez a declarar el próximo 11 de noviembre, investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Como ha informado EL ESPAÑOL, Leire Díez se reunió con varios empresarios implicados en tramas de corrupción, a los que ofreció un trato de favor de la Fiscalía, a cambio de que le ofrecieran información comprometedora para desacreditar a los jueces, fiscales y mandos de la UCO que investigan los casos que afectan al PSOE.

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La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido al juez que investigue a Leire Díez por haber intentado sobornar a los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y José Grinda.

Ambos fiscales rechazaron los ofrecimientos de la fontanera de Ferraz y pusieron los hechos en conocimiento de sus superiores.

La Diputación permanente del Congreso también debe resolver el martes las solicitudes que ha presentado el PP para que comparezcan los ministros Óscar Puente (por el caos ferroviario), Elma Saiz (por la crisis migratoria) y la vicepresidenta María Jesús Montero, por el modelo de financiación privilegiada que el Gobierno ha pactado con la Generalitat.

El PP quiere que también comparezcan en el Congreso el ministro de Justicia, Féllix Bolaños (por su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos), y Fernando Grande-Marlaska, por los contratos que Interior ha adjudicado a la tecnológica china Huawei.

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Los populares apuntan hasta cuatro supuestos vínculos del entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con Huawei, empresa vetada por EEUU y la UE por constituir una "amenaza para la seguridad nacional".

Huawei adjudicó un contrato a la consultora de las hijas de Zapatero y fichó al que fuera jefe de seguridad de la Moncloa, en la etapa de aquel como presidente del Gobierno.

Además, los intereses de Huawei en Bruselas han estado representados por la consultora Acento, fundada por el que fuera ministro de Transportes del Gobierno de Zapatero, José Blanco.