Sánchez pretende ahora que las universidades 'online' de CCAA con lengua cooficial queden libres de las nuevas limitaciones

Al contrario de lo que el propio presidente del Gobierno anunció, esta nueva ley contendrá una nueva "cesión" al nacionalismo.

Tal y como denuncian a EL ESPAÑOL fuentes del sector educativo, el nuevo borrador en el que trabaja el Ministerio de Universidades que dirige Diana Morant plantea diferenciar entre las universidades online que se creen en regiones sin lengua cooficial y las que sí la tienen.

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El borrador en el que está trabajando el Ejecutivo, y que aún no ha sido remitido a los rectores ni a las comunidades autónomas, corrige una de las grandes novedades de la ley para beneficio de las regiones donde hay dos lenguas cooficiales.

El primer borrador establecía que la aprobación de las nuevas universidades debería pasar por el Congreso de los Diputados. Algo que nunca antes había ocurrido y que si se trata de un centro con formación mayoritariamente presencial tampoco es necesario.

La medida que resta autonomía a los gobiernos autonómicos y fue muy criticada en su propuesta inicial.

Sánchez y su equipo defendieron este cambio asegurando que, al tratarse de centros que van a impartir sus formaciones en toda España, no debían depender de las normas de una región, sino de las estatales. Ahora, esa valoración ha cambiado.

Según la citada modificación en la que trabaja el Ejecutivo, si las nuevas universidades online tienen la mayoría de sus temarios en alguna lengua cooficial, no deberán pasar por el Congreso de los Diputados. Por tanto, su puesta en marcha dependerá únicamente de la región en la que presenten la propuesta.

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Lenguas cooficiales

Entre las bases de este cambio figura que "no serán de competencia estatal" las universidades con una oferta de estudios mayoritariamente online, si "al menos el 50% de la docencia se va a impartir en lenguas cooficiales".

Eso significa que no tendrá que darles su aprobación el Congreso de los Diputados. La desigualdad que eso crea entre regiones es evidente.

Pongamos como ejemplo dos universidades online que ya están creadas y cuyo ámbito de actuación es todo el Estado: la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).

Aunque a ninguna les afectaría actualmente el decreto, pues ambas llevan varios años de actividad lectiva, si ahora decidieran ponerse en marcha, los riojanos deberían someter su aprobación al Congreso de los Diputados. Mientras, el centro de estudios catalán simplemente necesitaría del sí de su región.

Este paso extra puede llegar a ser un problema.

Diversas fuentes de gobiernos autonómicos aseguran que eso hace a sus regiones menos competitivas, porque complica y alarga los plazos, "con la repercusión económica que eso podría tener".

Desde las diferentes comunidades autónomas recriminan al Gobierno de Sánchez el trato discriminatorio y ven tras este movimiento una negociación "bilateral" con los socios nacionalistas de los que depende el Gobierno.

Además, supone dejar de lado al "máximo órgano" de cooperación y coordinación de la política universitaria: la Conferencia General de Política Universitaria. Ahí es donde se deben negociar estos aspectos y no de forma bilateral como, según confirman a este diario, se está tratando esta modificación.

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Más allá de esta modificación, la mayoría de las CCAA, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, ya se han opuesto al proyecto normativo porque, afirman, invade sus competencias en materia universitaria.

"Tras presentarnos el proyecto, manifestar que estábamos en contra y que ni nos dejaran votar... Ahora nos enteramos de que negocian a espaldas de los organismos que la ley prevé para esto. Es una deslealtad institucional", denuncian fuentes autonómicas.

Desde los rectorados de diferentes universidades explican que este posible cambio supondría dar marcha atrás sobre una de las bases del Real Decreto: que el Ministerio de Universidades tutorice los centros educativos de nueva creación.

La medida es, a su juicio, una "concesión" a la "presión de los partidos nacionalistas". Eso sí, insisten en que la hipotética cesión no tendría como objetivo sacar adelante el documento pues, como recuerdan, al ser un Real Decreto no tiene que ser votado por el Congreso de los Diputados.