Última hora política, en directo | Robles ve imposible que ningún país cumpla con subir el gasto militar al 5 % del PIB : "España ha sido el más sincero"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recordado este viernes la aprobación del matrimonio igualitario cuando se cumplen veinte años. "Fue una ley impulsada por una minoría, pero benefició a todos", ha proclamado.

Así se ha pronunciado Zapatero en el acto titulado 'Orgullo y Justicia', donde el Ministerio ha conmemorado el Día Nacional del Orgullo LGTBI y las dos décadas del aniversario del matrimonio igualitario. El ministro Félix Bolaños ha entregado la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al propio expresidente y, a título póstumo, al activista LGTBI, jurista y político socialista Pedro Zerolo, cuyo galardón ha sido recogido por la presidenta de la fundación que lleva su nombre, Luisa Estévez.

En su intervención, Zapatero ha asegurado que durante su Gobierno pretendió "anclar en el ordenamiento jurídico de nuestro país un genuino derecho antidiscriminatorio". "Y las discriminaciones solo se pueden combatir con derechos nacidos del tronco común de la igualdad", ha señalado.

Dicho esto, el exmandatario socialista ha reivindicado que "la lucha por la igualdad es una tarea siempre inacabada porque la democracia es una promesa abierta".

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha advertido este viernes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que calificar de "ilegal" un fallo del Tribunal Constitucional (TC) "sí que es un ataque a la justicia", por lo que le ha pedido "coherencia".

Torres ha respondido de esta forma a las críticas de varios dirigentes del PP a la sentencia de la Corte de Garantías que considera constitucional la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez esta legislatura y aprobada por el Congreso.

En declaraciones a los periodistas tras asistir a una Ejecutiva extraordinaria del PSOE de Canarias, del que es secretario general, el ministro se ha preguntado si para el PP "los fallos (de los tribunales) solo son legales cuando van a acordes a lo que ellos quieren", cosa que, en su opinión, "ataca la separación de poderes".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado a la Unión Europea que "reaccione" ante la prohibición de la manifestación del Orgullo en Budapest, lo que a su juicio supone que el Gobierno de Viktor Orbán "vulnera el convenio de derechos humanos y Europa no lo puede permitir".

"Se están violentando los derechos humanos en el corazón de Europa y Europa tiene que reaccionar", ha defendido Díaz en declaraciones a los medios junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, desde Budapest, a donde han acudido en representación del Gobierno para apoyar al colectivo LGTBIQ+.

Díaz ha explicado que asistirá este sábado a la marcha del Orgullo en Budapest, pese a la prohibición oficial por parte del Gobierno de Orbán, para "celebrar" la conquista de derechos fundamentales. "Le vamos a decir a todas las personas que los derechos humanos no se tocan, que las personas tienen derecho a amar y a ser como les dé la gana", ha avisado.

Así, la vicepresidenta segunda también ha señalado que alzará la voz para decirle al primer ministro húngaro "y a muchos dirigentes de la extrema derecha en el mundo" que las personas van a "seguir siendo libres" y que la comunidad LGTBIQ+ "va a seguir teniendo derechos y libertades". "Mañana Hungría debe de ser la capital de los derechos humanos en el mundo. Debe de ser la capital de la democracia", ha dicho Díaz.

El Gobierno ha reafirmado este viernes el compromiso de España con "la igualdad, la diversidad y los derechos de las personas LGTBIQ+" después de que el Gobierno de Hundría haya prohibido la marcha del Orgullo 2025 en Budapest, y ha apelado a la jurisprudencia europea para luchar contra la discriminación.

En un comunicado, señala que las marchas en el día del Orgullo recuerdan en todo el mundo "la lucha contra la discriminación, la criminalización y la violencia hacia las personas LGTBIQ+" y recuerda que es "un instrumento para exigir sociedades más justas e igualitarias donde no se produzcan retrocesos en los derechos".

Destaca que la UE "se construye con los derechos humanos", como recoge el Tratado de la Unión Europea y la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y remarca que estos derechos se ven vulnerados con la prohibición del Gobierno húngaro de celebrar una manifestación cuya finalidad es "concienciar sobre la discriminación por razón de la orientación sexual, como lo ha dictaminado ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosas ocasiones".

"La normativa y la jurisprudencia europeas protegen a las personas LGTBIQ+ prohibiendo expresamente cualquier discriminación por motivos de orientación sexual y permitiendo la adopción de medidas para luchar contra la discriminación", zanja Exteriores en la nota.

El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha denegado la apertura de juicio oral a la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y a los otros 14 acusados en el caso sobre la gestión de la Generalitat de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. 

El juez instructor ha decidido sobreseer el procedimiento sobre todos ellos. Algo que ya ocurre por segunda vez desde que finalizó la investigación. 

Se da la circunstancia de que el 21 de junio se cumplieron tres años desde que Oltra dimitió. Pero pese al archivo del juez, acabará previsiblemente sentada en el banquillo ante la evidente discrepancia que el magistrado mantiene con la Audiencia Provincial de Valencia. 

La Comisión Ejecutiva Regional del PSN-PSOE ha aprobado una resolución política en la que subraya "la unidad del partido en torno a la figura de su secretaria general, María Chivite en defensa de su honor y su acción política" y muestra su "firme voluntad de colaborar en el esclarecimiento de los hechos que afecten, directa o indirectamente, a la Comunidad Foral".

"Vamos a trabajar para defender la honorabilidad del Gobierno de Navarra, del PSN-PSOE y de la presidenta y secretaria general, María Chivite", sostienen los socialistas en un comunicado en el que afirman que creen "profundamente en la transparencia, en la rendición de cuentas y en la necesidad de despejar cualquier duda que pueda empañar la confianza de los navarros en las instituciones".

En ese sentido destacan que tras conocerse los informes de la UCO en el entorno de la investigación del conocido como caso Koldo, tanto el Ejecutivo Foral como el PSN han puesto en marcha diferentes acciones "concretas y contundentes para proteger los intereses de la ciudadanía navarra y garantizar la limpieza del sistema público, aun no existiendo ni una sola solicitud judicial o policial dirigida al Gobierno de Navarra, ni tampoco constancia de ilegalidades en los procedimientos de adjudicación realizados en los últimos años".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este viernes en el Senado que es "absolutamente imposible" que algún país de la OTAN pueda cumplir con una inversión militar del 5 % de su PIB, porque "no hay industria capaz de absorberlo", y ha presumido de la postura de España, la "más sincera y honesta".

"Todo el mundo está absolutamente convencido de que en este momento no hay industria que sea capaz de absorber el 5 %. Podemos decir lo que queramos, podemos vestirlo o revestirlo: no hay industria que pueda asumirlo", ha enfatizado Robles casi al término de las cerca de tres horas de comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado.

Robles ha explicado que "ni la industria médica ni por supuesto la industria europea" es capaz de absorber ni el 5 %, ni el 3,5 % en este momento, porque entre otras razones, "no hay personal cualificado ni algo tan básico como es la materia prima".

Por eso, la ministra ha reivindicado ante los senadores la postura de España de no refrendar en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el porcentaje comprometido, pero sí reafirmar ante la alianza que nuestro país cumplirá invirtiendo este año el 2 %, porque, ha recalcado, la Alianza Atlántica sabe que "España es un aliado fiable, responsable y comprometido".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este viernes que no le parecen "oportunas" las críticas que el expresidente Felipe González ha vertido sobre el Gobierno, tras avalar el Tribunal Constitucional la amnistía a los implicados en el 'procés'.

González se muestra muy crítico con muchas de las políticas de Pedro Sánchez. Tras el aval a la amnistía, que tilda de "barrabasada" y de "vergüenza", ha amenazado con no votar a su partido ni a ninguno de los que respaldó la ley si esta se consolida.

Requerida por una valoración de la postura del expresidente a la salida de su comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado, Robles ha asegurado que "no le parece oportuno que se critique" al Gobierno.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado este viernes que "el margen prevaricador del Tribunal Supremo se está estrechando" después de que el Tribunal Constitucional avalase el jueves la ley de amnistía.

"Sé que les da igual, porque nadie se atreverá a juzgar a los jueces del Supremo, pero cada vez que fuerzan las costuras del Estado de derecho, la grieta se va haciendo más grande hasta el punto de hacerla insostenible", ha asegurado Puigdemont en un vídeo distribuido por JxCat.

Para Puigdemont, "la actitud sediciosa del Supremo no puede desdibujar la decisión de ayer", y ha dicho que el hecho de que no se aplique la ley de amnistía es "otra muestra de la estafa democrática del régimen monárquico español".

Para Puigdemont, "la actitud sediciosa del Supremo no puede desdibujar la decisión de ayer", y ha dicho que el hecho de que no se aplique la ley de amnistía "ha abierto una profunda crisis" y es "otra muestra de la estafa democrática del régimen monárquico español".

"En un Estado de derecho los jueces aplican las leyes. En el Estado español, los jueces no. Aplican la ley de la forma que a ellos les gusta y boicotean aquellas con las que están en desacuerdo político", ha apuntado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la multa que el juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, impuso a Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, por informar a la prensa de unas declaraciones al salir del Juzgado. Su cuantía era de 5.000 euros.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha informado este viernes que las derivaciones de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias o Ceuta a otros territorios empezarán, previsiblemente, en el mes de agosto, pese a las "resistencias" de las comunidades del PP.

Así lo ha señalado la ministra tras presidir la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este viernes en Madrid, que ha durado unas dos horas y en la que el Gobierno ha informado a las comunidades sobre el real decreto que detalla cómo se realizarán los traslados de los menores.

Rego ha lamentado que las comunidades presididas por el PP han vuelto a acudir a esta reunión "con las manos vacías, simplemente a poner palos en las ruedas" pero ha recalcado que lo tratado hoy en referencia al decreto era a modo "informativo", por lo que "todo sigue su curso".

El magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente ha rechazado una nueva petición de Víctor de Aldama, investigado en la causa que instruye contra él y otras personas por varios delitos, para viajar a México entre los días 11 a 20 de julio por motivos profesionales.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha denegado la petición de Santos Cerdán de que fuera retransmitida en directo la declaración que prestará el próximo lunes.

"Resulta inconciliable con la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que establece que las diligencias del sumario son reservadas y no tienen carácter público hasta que se abre juicio.

El domicilio en Valencia de José Luis Ábalos ha vuelto a aparecer pintado con mensajes de 'Sánchez corrupto' y 'PSOE traidor', después de que pasado 15 de junio el propio Ábalos ya presentase una denuncia ante la Policía por pintadas similares.

En aquella primera pintada en la puerta del garaje de su vivienda aparecía la frase "Sánchez corrupto", si bien ahora también se puede leer 'Aquí vive un putero', "Torrente 6" y otras expresiones que hacen alusión a una de las exparejas de Ábalos.

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha pedido este viernes a Sánchez que aclare si las empresas del entorno de "la trama creada por Santos Cerdán" financiaron su campaña a la presidencia.

"El señor Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez tienen que dar explicaciones ante la información que ha sido publicada en algún medio de comunicación que apunta a que empresas del entorno de la trama creada por Santos Cerdán financiaron la campaña", ha apuntado Sémper en declaraciones a los medios.

Se ha referido así al artículo publicado este viernes por EL ESPAÑOL en el que se asegura que la empresa del exsecretario de organización del PSOE, Servinabar 2000, transfirió 50.000 euros a Noran Cooperativa, compañía de Koldo García, en la época de la campaña electoral que Sánchez inició en 2016 a bordo de un Peugeot 407.

El ministro competirá con su actual presidente, el irlandés Paschal Donohoe.

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha insistido en que su formación "acata" la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la Ley de Amnistía, aunque ha reivindicado su "perfecta legitimidad" para discrepar de esta decisión que ha tomado un órgano "que es político y no jurisdiccional".

"Todo el mundo sabe que la Ley de Amnistía, aparte de ser amoral e inmoral", es una norma inconstitucional", ha recalcado Sémper, que ha defendido la posición "extraordinariamente crítica" del PP con esta decisión.

En este contexto, el portavoz de los 'populares' ha negado que estén cuestionando la legitimidad de cualquier órgano, insistiendo en que la amnistía "es una transacción mercantil para permitir que Pedro Sánchez llegue a la presidencia del Gobierno".

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado como "evidente la constitucionalidad" de la ley de la amnistía, avalada por el Tribunal Constitucional, y ha resaltado también, desde un punto de vista "más profundo", la "apuesta por la convivencia" de esta medida, y que es "la apuesta ganadora".

Por eso, Hereu discrepa de las declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González. que ha amenazado con no votar a este partido ni a ninguno que haya aprobado una norma que tildó de "barrabasada" y de "vergüenza" para cualquier demócrata.

"Discrepo absolutamente de su valoración. Creo que conforma y forma parte de un pasado ya superado", ha manifestado el ministro este viernes a preguntas de los periodistas en la localidad cántabra de Ampuero, donde ha visitado las instalaciones de Teknia.

Según ha indicado, la hoja de ruta del Ejecutivo de Pedro Sánchez se basa en "tres grandes apuestas": el progreso económico, la extensión y el desarrollo de derechos sociales y la convivencia, por la que están "apostando de manera estratégica". Y es que, como ha apuntado el ministro, la convivencia es "una condición" para el desarrollo económico y social de un país.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga como un supuesto delito de terrorismo o como delito contra las altas instituciones la filtración de datos de Pedro Sánchez y de varios ministros y presidentes autonómicos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha avisado a los fiscales de que durante la huelga convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales -menos las progresistas- para los días 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y de la Fiscalía tendrán que garantizar ciertos servicios para evitar "perjuicios directos" a la ciudadanía, explicando que el Ministerio Público no tiene competencia para fijar servicios mínimos.

Según ha informado la Fiscalía, García Ortiz ha enviado este viernes un escrito a todos los fiscales jefes donde se hace eco del acuerdo alcanzado el jueves por el CGPJ, en el que resolvió por unanimidad que el ejercicio de derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, "por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria" ni fijar servicios mínimos.

García Ortiz explica en su misiva que "el Ministerio Fiscal está integrado en el Poder Judicial con autonomía funcional", por lo que "la Fiscalía General del Estado carece igualmente de competencias para fijar servicios mínimos respecto de la actividad de los fiscales en los referidos días".