Transportes cree que la Guardia Civil sostiene "por inercia" la tesis del robo e insiste en no descartar el sabotaje en el AVE

Pero en el Ministerio de Transportes aseguran que los agentes defienden esa tesis "por inercia". "La Guardia Civil está ahí porque no es habitual lo del sabotaje. Y es verdad que hay muchos robos, pero como este, ninguno", asegura un alto cargo de la cartera que dirige Óscar Puente.

Mientras se esclarece lo sucedido, desde el Ministerio comentan que ya están empezando a estudiar distintas fórmulas para intentar alcanzar un mayor grado de seguridad para proteger la línea.

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Pero en España hay una red ferroviaria de 15.600 kilómetros, 4.000 de ellos de alta velocidad. El pasado martes, Puente ya reconoció que es prácticamente imposible garantizar la seguridad plena, aunque la mayoría de ese recorrido se encuentra vallado.

Inmediatamente después de producirse el incidente, el Gobierno aireó la teoría de que se trataba de "un sabotaje". Es decir, se trataría de un acto con la intención de dañar la imagen del Gobierno y no un robo por motivos económicos.

En sus declaraciones de los primeros días, tanto Óscar Puente como otros altos cargos del Gobierno y del PSOE alimentaron la teoría del sabotaje. La principal defensa de esa teoría es que se llevaron un material que tenía un coste total muy bajo: a Transportes le ha costado alrededor de 2.000 euros reponerlo.

Sin embargo, la Guardia Civil detectó el modus operandi de las bandas organizadas dedicadas al robo de cobre. Así lo plasmó en un atestado, enviado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Orgaz, en Toledo, que ya ha abierto una investigación por la comisión de un delito de "robo con fuerza de las cosas".

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El instructor actúa así tras haber recibido dicho atestado de la Guardia Civil (en el que también se tiene en cuenta la denuncia de Adif), dosier que apunta a un "delito de robo con fuerza en las cosas", un tipo penal distinto al que castiga los actos de sabotaje.

Aunque todavía no se ha avanzado demasiado en la investigación, en el Gobierno tienen esperanza en encontrar a los responsables. Es cierto que el robo se produjo en una zona sin videovigilancia, pero sí hay cámaras en las carreteras de la zona y se puede intentar localizar los teléfonos móviles de los que pasaron por allí.

La despoblación que complica la protección de algunos tramos ferroviarios también puede, paradójicamente, ayudar a resolver el problema: a fin de cuentas, no mucha gente pasa por esa zona y los sospechosos son reducidos.

Sin embargo, a pesar de todos los indicios, en Transportes sigue rigiendo la idea de que se trata de un sabotaje y no de un robo por motivos económicos. Aunque Moncloa prefiere no hablar abiertamente de esa tesis, no se ha inclinado todavía por la contraria. Precisamente, por el coste económico de lo robado.