Marlaska, Bolaños, Yolanda Díaz, Pedro Sánchez y el Rey, en el Consejo de Seguridad Nacional, este jueves. Efe
Moncloa asegura que Marlaska siguió adelante por su cuenta con la compra de las balas israelíes para la Guardia Civil
El Gobierno considera que ha encontrado una vía con garantías para no tener que pagar íntegramente el contrato rescindido.
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La única manera de salir de un callejón sin salida es dar la vuelta y salir por donde se ha entrado. Y eso hizo este jueves Pedro Sánchez, al rectificar alentado no sólo por Sumar, sino también por socios parlamentarios como ERC, Bildu y hasta el PNV. En realidad, desde el principio el presidente del Gobierno quiso enmendar la decisión de su ministro del Interior.
Porque fuentes de la Moncloa explican que el presidente del Gobierno desconocía hasta el mismo miércoles que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska seguía adelante con el contrato para adquirir más de 15 millones de balas a una empresa israelí para uso de la Guardia Civil.
Por eso, no ha sido tanto un pulso entre PSOE y Sumar o entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, como una decisión autónoma del Ministerio de Marlaska adoptada al margen del presidente del Gobierno y rectificada por éste en cuanto tuvo conocimiento, en coincidencia con su socio de coalición.
Y además creando un conflicto con estruendo político que tapó lo que Moncloa pretendía fuera un gran anuncio sobre vivienda.
Es decir, que el presidente del Gobierno no defendió nunca el contrato, sino que ordenó rescindirlo el miércoles cuando se enteró. Consideraba que no es coherente con la posición que mantiene respecto a Israel.
La decisión tiene que ver con lo que Moncloa explica como compromiso "con la causa Palestina y la paz en Oriente Medio" y que hace que "desde el 7 de octubre de 2023, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes. Ni lo hará en el futuro".
Eso explica que haya notable malestar con el ministro del Interior en la Presidencia del Gobierno. También porque Interior informó el miércoles de la existencia de un informe de la Abogacía del Estado que prácticamente descarta la ruptura del contrato y apunta a que España tendría que pagar los más de seis millones de euros aunque no reciba las balas.
Ahora, según Moncloa, se ha encontrado la vía para rescindir el contrato "con garantías" y sin que se produzca ese desembolso de dinero público.
Para explicar el enredo y su gestión el miércoles, las fuentes remarcan las dificultades generadas por la presencia de Marlaska en Irak en visita oficial.
El 29 de octubre de 2024, cuando se publicó la existencia del contrato, Interior hizo público un comunicado en el que aseguraba que habían “puesto en marcha el proceso para rescindir la adjudicación a una empresa israelí de un contrato de adquisición de cartuchería 9 x 19 mm. PB NATO para la Guardia Civil”.
Entonces, la ministra Pilar Alegría aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que “cuando se tuvo conocimiento de aquella adjudicación se inició rápidamente la actuación para rescindir el contrato” y expresó “el compromiso intacto” del Gobierno de “no comprar ni vender armamento a Israel”.
Moncloa lo dio por cumplido hasta que el pasado 18 de abril (viernes santo) se publicó el contrato para la compra de las balas a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A.
Al conocerse el miércoles la existencia del contrato, y tras la reacción de Sumar e Izquierda Unida, Sánchez dio orden de cancelarlo. Para ello se elaboró también un informe jurídico que asegura que sí es posible la rescisión.
El presidente del Gobierno no sólo no defendió ante Yolanda Díaz la decisión de Interior, sino que dejó claro que pretendía rectificarlo. Hasta que no hubo salida legal este jueves no se anunció la rectificación.
Denuncia a la Fiscalía
“La Junta de inversión de material de doble uso denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato”, aseguró la Moncloa.
Los socialistas entienden, no obstante, que el traspiés de Marlaska se ha visto amplificado por la polémica sobre el gasto militar y la situación tensa del espacio político a su izquerda, con Izquierda Unida buscando perfil propio y Podemos presionando con su radical posición en contra de la política de Sánchez sobre esta materia.
En todo caso, el conflicto entre los dos socios del Gobierno de coalición sobre la compraventa de armas a empresas israelíes no es nuevo y se mantiene desde hace meses. Se ha agravado ahora por la discrepancia pactada sobre el aumento del gasto militar.
De hecho, Sumar registró en febrero una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que se investigue si se está enviando armamento a Israel desde España y que actúe, si así fuera, contra los responsables.
El diputado Enrique Santiago firma el escrito en el que pide a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigue si desde la base aérea de Zaragoza están saliendo vuelos con material militar y con destino a Israel.
Moncloa asegura que ya explicó a sus socios que hay material militar con componentes fabricados en Israel que sólo pueden ser manipulados, reparados o sometidos a labores de mantenimiento en ese país y, por eso, hay trasiego de material bélico entre ambos países.
Este argumento es utilizado también para explicar que no es posible romper totalmente relaciones comerciales sobre material militar con Israel. Hay material abundante que no puede funcionar sin esos acuerdos y ese intercambio.
Tampoco es posible, según explican, que el Gobierno español apruebe formalmente un embargo total y formal para ese comercio con Israel, como consecuencia de la legislación internacional. Ahora, hay un compromiso político.
No obstante, el Gobierno se compromete a que "los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y, los que sean armamento, no se van a ejecutar".
