El PP exige 3.100M más para la universidad pública: el Estado no cumple el objetivo de gasto y da sólo un 6% de la financiación

Esa aportación "prácticamente nula", según los populares, demuestra la "falta de compromiso" del Ejecutivo para "que nuestras universidades alcancen las mayores cotas de excelencia".

Apoyándose en los últimos datos publicados por el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el PP ha presentado una Proposición No de Ley, a la que ha tenido acceso este diario. La iniciativa busca "la defensa del sistema público universitario y la necesaria implicación del Estado en su financiación y en el impulso de su excelencia". 

La LOSU establece, en su artículo 55.2 que "el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1 por ciento del PIB al gasto público en educación universitaria pública".

Por eso, los populares plantean la reclamación de aumentar en 3.135 millones de euros anuales la financiación pública para las universidades. En 2022, el total de ingresos no financieros de las 47 universidades públicas presenciales españolas ascendió a 11.358 millones de euros.

Esta cifra, calculada por la Conferencia de Rectores (CRUE), es la que permitiría cumplir con el mandato de la ley. Pero el objetivo resulta imposible de cumplir si el Estado "se desentiende" y deja "todo el peso" a las autonomías, "bajo un modelo de financiación basado en la fórmula yo, Gobierno, invito y tú, Comunidad Autónoma, pagas", tal como denuncia el PP.    

El problema, según denuncia la formación de Alberto Núñez Feijóo, es el empeño del Gobierno en utilizar la política universitaria "como herramienta de confrontación", según se puede leer en la exposición de motivos de la PNL.

Fuentes del PP recuerdan la reciente ofensiva lanzada por María Jesús Montero. La vicepresidenta primera acusó hace unas semanas a las universidades privadas de ser centros donde "se compran" los títulos.

Después, fue secundada por el mismo presidente, Pedro Sánchez, que las calificó de "chiringuitos" al anunciar un plan para añadir nuevas exigencias a los centros universitarios privados.

Todo, pese a que sus títulos no los logró en universidades públicas: es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial y doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela.

Las tasas de matrícula cubren, en la actualidad, el 16% de la financiación de la universidad pública en España. Así, con el Estado aportando apenas el 6% del gasto total del sistema universitario, el 78% restante queda a merced de las Comunidades Autónomas y su músculo presupuestario, dado que las competencias están transferidas.

El Gobierno, ausente 

España está muy por debajo de los niveles de inversión en educación superior del entorno europeo.

Según el último informe de la Fundación CYD, presentado en enero de 2025, en España el 67% del gasto en educación superior procede del sector público. Esta cifra contrasta con el 76% de la media de la Unión Europea.

Además, el gasto público en universidades representa sólo el 2,19% del total del gasto público nacional, muy por debajo del 2,44% en la UE y del 2,72% de media en los países de la OCDE.

Más allá de las cifras, lo que preocupa a rectores, investigadores y a la oposición es la falta de una estrategia estatal clara. Según denuncia el PP en su PNL, no existen prioridades definidas ni planes plurianuales que impulsen de forma coherente la excelencia académica, la investigación o la internacionalización.

Todo depende, señalan desde el PP, del esfuerzo de las CCAA. "El sistema no es sostenible sin una implicación real del Estado", advierte el texto registrado para su debate y votación en el Congreso.

Improvisación y falta de diálogo

El documento del PP critica también la gestión del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al que acusan de "incompetencia manifiesta".

Los populares citan, como ejemplos, la cancelación de las ayudas a investigación en Inteligencia Artificial en diciembre de 2024 y la mala gestión de los contratos postdoctorales Margarita Salas y María Zambrano.

Además, cargan directamente contra Morant, ministra del ramo y secretaria general del PSOE en la Comunidad Valenciana, por no haber "desplegado las ayudas necesarias para la comunidad universitaria como consecuencia de los daños ocasionados por la dana del pasado 29 de octubre". 

Muchas de las reformas impulsadas desde el Ejecutivo, insiste el PP, se han hecho "sin consultar ni consensuar con las haciendas autonómicas". De hecho, la aplicación del artículo 55.2 de la LOSU, que fija el objetivo del 1% del PIB para la universidad pública, es uno de los casos más flagrantes, pues fue aprobado "sin negociación previa con las CCAA", que son quienes asumen casi todo el coste.

Excelencia sin recursos

La CRUE, en su informe Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, de diciembre de 2023, ya denunció que sin recursos suficientes, no se puede pedir más resultados. Los rectores coinciden con el PP en la necesidad de reformar el modelo de financiación universitaria.  

El citado informe de la Fundación CYD también subraya que España no podrá mejorar su competitividad si no invierte más en talento, investigación y transferencia de conocimiento. "El Estado no puede estar ausente", insisten las fuentes.

En este sentido, la PNL presentada por el PP reclama una serie de medidas concretas: convocar urgentemente una conferencia de política universitaria para redefinir las líneas prioritarias de investigación, crear un programa de fortalecimiento científico con más fondos para personal y equipamiento, asumir los costes de los programas Margarita Salas y María Zambrano, y recuperar las ayudas canceladas en Inteligencia Artificial.

También se exige al Gobierno abrir un diálogo "multilateral y transparente" con las Comunidades Autónomas antes de lanzar cualquier reforma que afecte al ámbito universitario, así como asumir plenamente la financiación de los campus de Ceuta y Melilla, que hasta ahora no ha superado el 51%.

Un futuro incierto

El Gobierno, por su parte, insiste en que su compromiso con el sistema universitario es firme. Pero la iniciativa del PP lo pone en duda aportando datos. Y advierte de que las universidades públicas afrontan múltiples retos.

Según los populares, que gobiernan en 14 de las 19 autonomías, los centros públicos de educación superior deben ser "herramientas transformadoras en las que se desarrollan capacidades críticas e innovadoras". Y sólo así podrán "impulsar el desarrollo económico, científico y cultural de nuestro país".

Para "captar y retener talento", adaptarse a la digitalización, mejorar la empleabilidad y reforzar su papel en la innovación hace falta, insisten los populares, una financiación suficiente, o muchas de estas transformaciones se quedarán en el papel. "La inversión en educación superior no es un gasto, sino una apuesta por el futuro", afirma la PNL.