La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es aplaudida a su llegada a un acto de la Comunidad de Madrid para conmemorar el 2 de mayo.
Ayuso resucita el Estatuto de expresidentes de Madrid: sin la pensión de jubilación que sí hay en Cataluña y País Vasco
Los ex altos cargos tendrán una retribución del 80% de su sueldo durante dos años y recibirán 750 euros por labor consultiva.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reactivado la puesta en marcha de un Estatuto de expresidentes en la región. El Gobierno regional recupera así una iniciativa que lleva años 'sobrevolando' el debate político y que pone a Madrid al nivel del resto de CCAA.
Hasta ahora, Madrid y Cantabria eran las únicas regiones sin un marco normativo que regule los derechos y obligaciones de sus expresidentes. Aunque en el caso de la región no era así. Hasta que Cristina Cifuentes perdió su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, la región tenía un Consejo Consultivo donde los expresidentes cobraban 8.500 euros brutos al mes. Fue la oposición quien, con Cifuentes en minoría, quitó esta figura, así como la posibilidad de que los expresidentes tuvieran un Estatuto.
El Gobierno regional ahora lo recupera, pero con muchos matices. Desde la Real Casa de Correos insisten en que el objetivo es tener una norma "austera" que homologue la situación madrileña a la del Estado y otras CCAA. "Es austero, restrictivo y transparente", insisten.
Entre las claves de este Estatuto, que se ha sometido a consulta pública desde este jueves, está el rechazo a pensiones vitalicias o medios permanentes (asistentes, despachos o choferes). Beneficios que sí están reconocidos en otras regiones como Cataluña o el País Vasco.
Lo que sí regulará Madrid es el uso de medios personales y materiales a cargo de la Comunidad de Madrid durante un máximo de dos o cuatro años, en función del tiempo de permanencia en el cargo.
En Madrid, los expresidentes tampoco tendrán sueldos fijos por funciones consultivas, como sí hay en Andalucía o Galicia. Aun así, el documento sí abre la posibilidad de que los expresidentes sean llamados a prestar funciones de asesoramiento que no serían remuneradas.
Desde el Gobierno regional insisten en que toda esta regulación, en cuanto a los derechos económicos, materiales y personales, se aplicará a los expresidentes que cesen una vez entre en vigor el Estatuto. Pero toda esa labor consultiva recogida en el Estatuto, sí será de aplicación para los anteriores a su puesta en marcha, como son Gallardón, Aguirre o Cifuentes.
Lo que sí cobrarán
El núcleo del borrador es la compensación económica por la imposibilidad de desempeñar cargos públicos o privados durante los dos años posteriores al cese. Los expresidentes podrán recibir el 80% de su salario durante ese periodo, siempre que hayan cesado tras la entrada en vigor del decreto. Esta retribución, ya vigente en otras comunidades y en el Gobierno central para exministros, sustituye a cualquier otro ingreso por actividad remunerada.
La norma recupera, además, parte de la función consultiva que quedó en suspenso tras la eliminación del Consejo Consultivo en 2015, durante el mandato de Cristina Cifuentes y fruto de un pacto con Ciudadanos.
Desde entonces, los expresidentes madrileños no contaban con ningún tipo de reconocimiento o función institucional fija. El decreto que impulsa Ayuso abre la puerta a su nombramiento como vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora, siempre que hubieran ejercido al menos dos años como presidentes y accedido al cargo al inicio de una legislatura. Algo que deja fuera de la ecuación al expresidente Ángel Garrido o a Ignacio González.
La participación en este órgano no implica salario, pero sí el cobro de una dieta de 750 euros por cada pleno, en una fórmula que el Ejecutivo justifica como un "resarcimiento por su labor institucional". Esta dieta será incompatible con la compensación mensual por cese, y también con cualquier actividad retribuida en el ámbito público o privado.
Es en este apartado donde la remuneración a Alberto Ruiz, Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes sí se contempla, pero no a Joaquín Leguina porque ya está en otro órgano consulto como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
Consejeros
El Estatuto también regula la situación de los exconsejeros autonómicos. Al igual que los expresidentes, tendrán derecho a una compensación económica mensual del 80% de su salario durante un máximo de dos años. Según la memoria económica del decreto, esta cifra se sitúa actualmente en torno a los 88.000 euros anuales.
Tampoco podrán ejercer ninguna actividad remunerada ni pública ni privada durante el tiempo que perciban esta retribución. El modelo replica el aplicado a los secretarios de Estado tras su cese en el Gobierno central.
