Todos los caminos judiciales llevan a Moncloa: de Sánchez Acera a Cristina Álvarez y Luis Carrero empezando por Ábalos Gráfico: Sandra Vilches
Todos los caminos judiciales llevan a Moncloa: de Sánchez Acera a Cristina Álvarez y Luis Carrero empezando por Ábalos
Las tramas del 'caso Ábalos', el 'caso Begoña', el 'caso hermano' y el 'caso fiscal general' confluyen en la sala de máquinas de la Moncloa.
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Del caso Ábalos al caso fiscal general. Del caso Begoña al caso hermano. Todas las investigaciones judiciales abiertas en torno a los presuntos escándalos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE confluyen en la sala de máquinas de la Moncloa.
Allí trabaja la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, que utilizó un correo electrónico con el membrete de Presidencia del Gobierno para pedir a una empresa que financiara la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense.
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga las actividades profesionales de Begoña Gómez, ha citado a declarar como testigo el próximo 16 de abril al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para aclarar quién ordenó contratar a Cristina Álvarez y cuáles son sus funciones reales. Bolaños era secretario general de Presidencia cuando se produjo el fichaje, en 2018.
También ocupaba un puesto en el escalafón de la Moncloa Pilar Sánchez Acera (era la jefe de gabinete de Óscar López, a la sazón jefe de gabinete de Pedro Sánchez) cuando remitió al portavoz socialista Juan Lobato un correo electrónico confidencial del novio de Ayuso para que lo exhibiera en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
El juez del Supremo Ángel Hurtado intenta determinar si dicho correo electrónico fue enviado a la Moncloa por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien eliminó todos sus mensajes de WhatsApp, cambió de teléfono móvil y cerró su cuenta personal de Gmail, tras saber que está investigado por un presunto delito de revelación de secretos.
La UCO de la Guardia Civil mantiene la esperanza de esclarecer lo sucedido, pues las compañías propietarias de Google y WhatsApp han aceptado, a petición del juez, conservar la copia de seguridad de las comunicaciones que García Ortiz intentó eliminar.
Hay otros rastros en esta causa que conducen a la Moncloa. En la mañana del 14 de marzo de 204, tanto el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, como su sucesor en el cargo, Ion Antolín, que hasta ese momento era jefe de prensa del PSOE, presionaron igualmente a Juan Lobato para que exhibiera en la Asamblea de Madrid el email del novio de Ayuso.
Después de que Juan Lobato entregara al juez estas comunicaciones contenidas en su teléfono móvil, la dirección del PSOE forzó su renuncia como secretario general de los socialistas madrileños.
Su cargo ha sido asumido en el Congreso regional del partido por el ministro Óscar López, que ha colocado como secretaria de Organización del PSOE de Madrid a Sánchez Acera, la misma que manejaba desde la Moncloa el correo electrónico confidencial del novio de Ayuso.
Luis Carrero era asesor de la Moncloa cuando se dirigía como "querido hermanito" al músico David Sánchez (hermano del presidente Pedro Sánchez), fichado por la Diputación de Badajoz desde 2017 como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
La juez Beatriz Biedma investiga ahora las circunstancias en las que Luis Carrero acabó contratado, en 2023, como jefe de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz y qué labores desempeñó, en este cargo, para el hermano de Pedro Sánchez.
Luis Carrero fue precisamente quien depositó en la Diputación las distintas memorias anuales (todas firmadas, presumiblemente en el mismo acto, con el mismo boli azul) con las que David Sánchez ha intentado justificar su labor ante la juez.
En su declaración como investigado, el músico tuvo serias dificultades para explicar ante la juez en qué consiste su cargo de director de la Oficina de Artes Escénicas y dónde se ubica ésta (su despacho fue improvisado apresuradamente en dependencias de la Diputación, tras conocer que Manos Limpias había presentado una denuncia contra él).
Los correos electrónicos intervenidos por la UCO en dicha causa acreditan que, el mismo día que la plaza de David Sánchez salió a concurso, los directores de varios conservatorios de la provincia daban por hecho que iba a ser adjudicada al "hermanísimo", según la expresión literal que empleó uno de ellos.
Por último, también se sientan todos los martes (o lo hacían en el pasado) en torno a la mesa del Consejo de Ministros, en el palacio de la Moncloa, varios dirigentes socialistas salpicados por su relación con el comisionista Víctor de Aldama: la vicepresidenta María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, Reyes Maroto y, muy especialmente, José Luis Ábalos.
Ábalos no sólo gestionaba la cartera con mayor volumen de contratos públicos, la de Transportes, sino que tenía una conexión muy directa con el presidente Pedro Sánchez, como secretario de Organización del PSOE.
Y fue Ábalos quien, a través de su asesor Koldo García, introdujo a Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes. Primero con el negocio de las mascarillas, que proporcionó a la empresa de Aldama Soluciones de Gestión contratos millonarios con empresas públicas (como Renfe y Puertos del Estado) y con los gobiernos autonómicos de Canarias (que entonces presidía el ministro Ángel Víctor Torres) y de Baleares (que encabezaba Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados).
Desde allí, y gracias a la mediación de Koldo, Víctor de Aldama entró en contacto, al menos, con la ministra Reyes Maroto (hoy portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid) y con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero (hoy al frente del PSOE andaluz).
El juez del Supremo Leopoldo Puente intenta esclarecer ahora si, como sostiene Aldama, Ábalos y Koldo cobraron comisiones por la adjudicación de obras públicas.
José Luis Ábalos despachaba habitualmente con Pedro Sánchez en el palacio de la Moncloa y fue allí, también, donde el presidente del Gobierno le comunicó por sorpresa, el 10 de julio de 2021, su decisión de cesarle como ministro.
Según explicó Ábalos aquel mismo día a Aldama, Sánchez justificó su cese aludiendo a un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que reflejaba "distorsiones o pagos raros" y asuntos de "la vida privada" del hasta ese momento ministro de Transportes.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado esta semana al juez Leopoldo Puente un informe sobre la situación patrimonial de José Luis Ábalos, tras rastrear los inmuebles que aparecen a su nombre en España, Perú y Colombia. El exministro nunca llegó a mencionar estos dos últimos en su declaración oficial de bienes.
Pero además, el informe de la UCO acredita que Koldo García manejaba fondos que estaban a disposición de Ábalos y su familia, pues realizaba pagos a algunos de los hijos del entonces ministro e incluso a su amiga Jésica Rodríguez.
Jésica ha reconocido ante el juez que, gracias a la mediación de Ábalos y Koldo, estuvo cobrando un sueldo de dos empresas públicas durante dos años y medio, Ineco (dependiente del Ministerio de Transportes) y Tragsatec (propiedad de la SEPI), sin trabajar.
También acerca a Ábalos al banquillo de los acusados el hecho de que Aldama y sus socios pagaran el piso de lujo que Jésica ocupó durante dos años en la Plaza España de Madrid y compraran un chalé en Cádiz, que el entonces número dos del PSOE disfrutó durante un verano.
Más allá del enriquecimiento personal, otra empresaria estrechamente ligada a Aldama, Carmen Pano, ha planteado una acusación que apunta a la presunta financiación ilegal del PSOE: ha declarado ante el juez que entregó en la sede socialista de Ferraz 90.000 euros en metálico, en bolsas de plástico, a cambio de que el Gobierno concediera a una empresa de la trama una licencia para comercializar hidrocarburos.
