Miembros del Gobierno piden que el Presupuesto que se negocie con sus socios sea ya el de 2025

El plan inicial de Moncloa era el de superar esta semana la tramitación de la amnistía y, mientras esta se encontraba en el Senado, amarrar el apoyo necesario de Junts y los demás socios a los PGE. El objetivo era llevar las cuentas al Congreso en febrero o marzo y aprobarlas no más tarde del próximo mes de abril.

Según explicaban desde el Gobierno, era de vital importancia sacar las cuentas antes de que la Ley de Amnistía se empezase a aplicar –habría quedado aprobada en torno a marzo o abril–, por miedo a que los tribunales entorpeciesen los efectos deseados de la medida de gracia y Junts acabase retirando el apoyo a los PGE.

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Todo eso ahora se ha venido abajo. El pasado martes, el PSOE rechazó las enmiendas que los independentistas catalanes pedían para incluir en la amnistía todos los tipos de terrorismo y los delitos de alta traición, esencialmente para blindar al expresidente catalán Carles Puigdemont. Con ese rechazo, Junts tumbó momentáneamente la ley para negociar de nuevo.

La situación obliga a retrasar la tramitación de la amnistía entre 15 días o un mes, llevando su aprobación a abril o mayo y con los Presupuestos ya prorrogados desde el pasado 1 de enero. El calendario se complica, además, con las elecciones en el País Vasco y las europeas de junio.

Según fuentes del PSOE, no ven mayor problema en que haya que seguir prorrogando los Presupuestos de 2024, a pesar de que no estaba en sus planes iniciales. "Si se prorrogan, pues se prorrogan. Son los primeros Presupuestos de la legislatura y ya hemos conseguido sacar adelante muchos desde que llegamos al Gobierno en 2018. Tampoco es la primera vez que se prorrogan", aseguran las fuentes.

Este escenario implica que los nuevos Presupuestos se tendrían que abordar a mediados de año, cuando en otoño ya se entra en el tiempo de preparar las cuentas de 2025. Por ello, hay miembros del Gobierno que consideran que lo más efectivo es ir a por las siguientes y dar las de 2024 por perdidas, apoyando la tesis que el exministro Miguel Sebastián abordó en su último artículo en EL ESPAÑOL. 

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En otoño, la complicación serán las elecciones catalanas, previstas para finales de año o principios de 2025, pero para entonces será inevitable abordar los Presupuestos ya con la Ley de Amnistía en vigor. Hasta entonces, según las fuentes, se ha establecido un plan para intentar recomponer las relaciones con Junts y evitar situaciones como las que se están viviendo estos días.

Parte de ese plan podrían ser las últimas polémicas declaraciones de Sánchez al decir que "todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas", algo que ha levantado polvareda porque la potestad de decidir quién es terrorista corresponde a un juez. 

Algunas voces en contra

Otras voces del Ejecutivo, sin embargo, no ven clara la posibilidad de la prórroga presupuestaria. Primero, porque los ministerios están apretando el acelerador en la elaboración de las partes de que les corresponde de proyecto de Cuentas que todavía se está elaborando. 

Y segundo, porque consideran que romper con Junts acabaría haciendo inviable la gobernabilidad en España. Sería prácticamente imposible sacar adelante, incluso, la aprobación de reales decretos-ley, puesto que su convalidacion en el Congreso estaría en riesgo por la falta de apoyos. 

Otro problema es lo relativo a los fondos europeos ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiados por la herramienta Next Generation.

Este 2024 está previsto que se habilite el acceso a unos 80.000 millones en préstamos Next Gen, una financiación a un coste más barato que el que supondría acceder a los mercados, tanto para Administraciones públicas como privadas.

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Sin embargo, la creación de los instrumentos necesarios sin contar con nuevos Presupuestos para ello se antoja difícil, según fuentes cercanas a la gestión de estos instrumentos. 

¿Por qué? A diferencia de los últimos años, lo que va a gestionar el Gobierno en este caso no son ayudas o subvenciones, sino nuevos instrumentos que, a día de hoy, no están registrados en ninguna norma. 

De esta manera, hay considerables dudas de que se pudiera habilitar su financiación, a través de los préstamos europeos, con una prórroga presupuestaria. Y un real decreto-ley corre el riesgo de ser invalidado en el Congreso si la pugna parlamentaria en el Gobierno y los independentistas se mantiene. 

Esto afectaría a fondos tan esperados como el de Resiliencia Autonómica, dotado con 20.000 millones y que estará gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Su presidenta, durante la celebración de resultados de la institución celebrada en Madrid, alertó al respecto:"Es importante la aprobación de los Presupuestos, es el instrumento para poder canalizar todos los fondos europeos". 

Resolver la amnistía

Independientemente de que se prorrogen o no los Presupuestos, es claro en el Gobierno la necesidad de recomponer las relaciones. Para eso es fundamental buscar una solución para desencallar la situación actual, en la que el PSOE dice que no apoyará las enmiendas de Junts y los independentistas catalanes exigen que, sí o sí, se tiene que incluir en la amnistía todos los delitos de terrorismo y los de alta traición.

Desde el Gobierno indican que se están estudiando soluciones y salidas jurídicas a este embrollo. Fuentes del Ejecutivo explican que han constatado la dificultad de bordear los límites que han empezado a establecer los jueces y, al mismo tiempo, ser capaces de elaborar un texto que después no vaya a tumbar el Tribunal Constitucional y que, sobre todo, no sea rechazado en Europa.

Esperan, no obstante, encontrar una enmienda transaccional con Junts en la Comisión de Justicia del Congreso en la que se encuentra ahora la norma, para volver a llevarla al Pleno y que se apruebe. De ahí, pasaría al Senado y aunque el PP puede retrasarla, no lograría bloquearla del todo porque volvería al Congreso, que tiene la última palabra.

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En Moncloa también confían en la presión que el propio independentismo catalán pueda ejercer a Junts. Según calcula el Gobierno, de la amnistía se podrían beneficiar 309 personas. Según el independentismo, podrían ser 1.400. En cualquier caso, todos ellos son personas –políticos, funcionarios, profesores de escuela– que podrían beneficiarse de la amnistía y podría tener un coste electoral notable para Junts que se bloquee esa posibilidad sólo por salvar a Puigdemont.

El Gobierno ya ha empezado a notar movimientos de reproche hacia la formación de Puigdemont por parte de ese mundo. Y la segunda presión sería la de los demás socios parlamentarios que apoyan la norma, empezando por PNV y Bildu. Además, se ha logrado que ERC sea neutral y no intervenga criticando a Junts.

En cualquiera de los casos, los socialistas consideran que han podido lavar un poco su imagen al poner pie en pared y no transigir con las últimas exigencias de Junts, después de haber dado la impresión de haber estado supeditados en exceso a las pretensiones de los de Puigdemont. Esto había generado un notable malestar en las propias filas del PSOE, con muchos dirigentes y diputados descontentos con la forma en la que se negociaba.