El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Política INMIGRACIÓN

Las cinco coincidencias en inmigración entre Junts y Vox que desmienten la distinción de Sánchez

Ambos partidos ven en la inmigración una amenaza para la "identidad" nacional, la vinculan con la inseguridad ciudadana y piden deportar a los irregulares.

16 enero, 2024 02:56

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, restó este lunes importancia a la decisión de delegar las competencias de inmigración a la Generalitat catalana porque, argumentó, "he escuchado al secretario general de Junts [Jordi Turull] decir que no son un partido xenófobo".

A su juicio, "en la política española quien ha incorporado a un partido xenófobo es el PP con la ultraderecha de Vox". Pero son varias las similitudes entre el discurso de Junts y el de Vox en materia de inmigración.

Ambos partidos consideran que hay demasiados inmigrantes, piden expulsar a los irregulares, relacionan su presencia con la inseguridad ciudadana y consideran que son una amenaza para la "identidad" nacional, porque representan una cultura ajena. Y ambas formaciones juzgan prioritario extremar el control sobre las fronteras para frenar este fenómeno.

1. Demasiados inmigrantes

La diputada de Junts Marta Madrenas señaló el pasado mes de diciembre al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el responsable de que Cataluña esté recibiendo más inmigrantes que otras comunidades autónomas.

"¿Con qué criterios el Gobierno decide la distribución territorial de las personas migrantes?", se preguntó Madrenas. "La opacidad del Estado español es mayúscula. Su reparto no tiene ninguna lógica, ni por población, ni por PIB, ni capacidad de acogida. ¡Esto se tiene que acabar!", reprochó.

Por su parte, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, comparte esta apreciación y justifica que la Generalitat asuma las competencias de inmigración alegando que "en Cataluña se concentra el 23% de la población inmigrante de todo el Estado, y somos [sólo] el 16% de la población del Estado".

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reprochado que Junts quiera frenar ahora la inmigración ilegal, tras participar en manifestaciones con el lema Volem acollir (Queremos acoger, en alusión a los refugiados e inmigrantes).

Según Vox, con estos mensajes ERC y Junts son responsables de haber convertido a Cataluña en "la cuna de yihadistas europeos (...) El separatismo promueve el efecto llamada de la inmigración ilegal", afirma Garriga.

2. Inmigración y delincuencia

Desde la sede de Vox, Ignacio Garriga insistió este lunes en que hay una relación evidente entre la inseguridad ciudadana en las calles y el "fenómeno masivo de inmigración ilegal". Y fue un poco más lejos al afirmar que hay que tomar medidas legales para "perseguir a los ilegales que han sembrado el terror en Cataluña".

Pero también los dirigentes de Junts han establecido este vínculo, al pedir mecanismos para expulsar a los irregulares que sean reincidentes. El secretario general de Junts, Jordi Turull, justificó así esta petición de los regidores de su partido: "Es lo que haría cualquier alcalde que tenga en su municipio a 11 personas que han sido 200 veces detenidas y que no paran" de delinquir.

3. Expulsar a los 'sin papeles'

Vox mantiene una posición más drástica y reclama "deportar a todos los irregulares", como defendió este lunes Ignacio Garriga. Por su parte, Junts sostiene que ejercer las competencias de inmigración permitirá a la Generalitat controlar "los flujos migratorios" y decidir sobre la concesión de permisos de residencia y trabajo.

El partido de Puigdemont quiere que los Mossos d'Esquadra participen en la toma de decisiones sobre la expulsión de los inmigrantes irregulares. En la actualidad, esta decisión la toma el juez, a propuesta del Ministerio de Interior, que es el encargado de instruir el expediente de expulsión. 

4. Control de fronteras

Vox sostiene que hay que extremar el "control de las fronteras" para frenar la llegada de inmigrantes sin papeles. También Junts reclama para la Generalitat el "control de las fronteras", pero en su caso como una de las "estructuras de Estado" para preparar la independencia.

El Libro blanco de la transición nacional de Cataluña, encargado por Artur Mas a un grupo de "expertos" antes de la consulta ilegal del 9-N de 2014, menciona hasta 52 veces la necesidad de que la Generalitat gestione las "fronteras" de Cataluña. 

En su apartado de seguridad interior, el documento insta a crear "una unidad policial de control de fronteras y dotarla de equipamiento, con asesoramiento internacional. Esta unidad tendrá que contar con funciones y especialización para: actuar como una policía de aduanas, policía portuaria y como patrulla de guardacostas". 

De momento, la Generalitat creó en 2021 la primera unidad de "Policía marítima" de los Mossos, para "para prevenir la comisión de delitos y de infracciones administrativas", y con la vocación de ampliar progresivamente "su despliegue operativo de la Policía Marítima a lo largo del litoral catalán". Aunque de momento sólo la Guardia Civil del Mar puede desarrollar las funciones de Policía Judicial para perseguir delitos en este medio.

5. Identidad nacional

Vox considera que la llegada de inmigrantes procedentes de África supone una "islamización" de la sociedad española, que amenaza la convivencia. Por su parte, el patriarca del independentismo catalán, Jordi Pujol Soley, advierte que ve en peligro la "identidad catalana", debido a la inmigración y al retroceso de la lengua catalana en los ámbitos sociales.

A este respecto, la portavoz parlamentaria de Junts ha indicado que la Generalitat debe ejercer las competencias de inmigración para que el conocimiento de la lengua catalana sea un elemento de integración. Sugiere así que su partido establecería este conocimiento como un requisito para aprobar los permisos de residencia de extranjeros.

Vox añade otras propuestas en este campo: quiere que las ayudas sociales sean "preferentemente" para los españoles, y cerrar el grifo de las subvenciones a las asociaciones que promuevan la inmigración ilegal, según ha señalado Ignacio Garriga en alusión a entidades como Open Arms.