Vox, Más País y el PDeCAT incumplen la ley sobre donaciones y podrían enfrentarse a multas

El Tribunal de Cuentas ha detectado que hasta cuatro formaciones políticas -Vox, Más País, Més per Mallorca y el PDeCAT- han incumplido la ley en materia de donaciones, lo que podría desembocar en la imposición de multas. Así consta en los dos informes de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos correspondientes a 2018 y 2019 que acaba de aprobar el Pleno del órgano que preside Enriqueta Chicano.

En concreto, el informe recoge determinados incumplimientos susceptibles de sanción previstos en el artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos, infracciones que podrían ser sancionables en vía administrativa por el Tribunal de Cuentas tras los procedimientos correspondientes.

Según la comunicación del tribunal, la formación que lidera Íñigo Errejón incumplió la ley al aceptar donaciones de personas jurídicas; Més per Mallorca, el PDeCAT y Vox, por recibir donaciones finalistas, y los de Santiago Abascal también por aceptar donaciones no identificadas.

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El fiscalizador ha escudriñado la contabilidad de 29 formaciones en 2018 y 32 en 2019. En total, la financiación pública percibida por todos ellos ascendió a casi 555 millones, 183 millones en 2018 y 372 millones de euros en 2019. En concreto, los partidos y sus grupos institucionales recibieron 171 y 178 millones en 2018 y 2019, respectivamente, para su funcionamiento ordinario y sus gastos de seguridad, mientras que las subvenciones electorales ascendieron a 12 millones en 2018 y de 194 millones en 2019. Aquel año hubo elecciones generales, autonómicas, locales y al Parlamento Europeo.

El 80% de los ingresos son subvenciones

Estas cantidades representaron el 71% y el 83% del total de los recursos obtenidos por los partidos. El tribunal ha vuelto a recomendarles que equilibren la balanza entre la financiación pública y privada para evitar una excesiva dependencia de la primera y posibles situaciones de insolvencia.

Una parte muy significativa de la financiación pública procede de las aportaciones que realizan los grupos institucionales, ya sean del Congreso, el Senado, las asambleas autonómicas, la juntas generales o los ayuntamientos.

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El informe apunta que las aportaciones parlamentarias, constituyen un promedio del 58% respecto de las subvenciones totales concedidas por las instituciones a dichos grupos. Así, los grupos parlamentarios transfirieron 71 y 69 millones de euros a las formaciones políticas en 2018 y 2019 y los grupos locales, 34 y 42 millones.

Los recursos privados recibidos ascendieron a 75 y 74 millones en cada ejercicio, en su mayoría de cuotas y aportaciones de afiliados y cargos públicos (29 y 25 millones en 2018 y de 27 y 26 millones en 2019). Los ingresos por operaciones de gestión patrimonial y actividades promocionales han representado en 2018 y 2019 un total de 18 y 12 millones y las donaciones privadas 3 y 8 millones, respectivamente.

Retrasos al presentar cuentas

Todas las formaciones políticas fiscalizadas presentaron las cuentas anuales ante el tribunal pero un 24% por lo hizo fuera de plazo en 2018, porcentaje que aumentó hasta el 44% al año siguiente. Destaca el caso de Nueva Canarias -que lo hizo con más de tres y dos años de retraso, respectivamente-, mientras que EH Bildu presentó las cuentas anuales consolidadas (no las individuales de cada partido federado) con más de tres meses de retraso e Izquierda Unida acumuló retrasos de entre 45 y 15 días.

Además, EH Bildu e IU están entre los seis partidos que no incluyeron en sus cuentas la actividad de todas sus organizaciones locales. Tampoco lo hicieron el PSOE, el PNV, el Bloque Nacionalista Galego ni el Partido Aragonés.

Más de 14 millones de deuda en microcréditos

Las deudas de los partidos con entidades de crédito al cierre de 2019 alcanzaba los 145,72 millones, de los que 76,44 corresponden a deudas con garantía hipotecaria, 27,25 a deudas con garantía no hipotecaria y 42,03 millones a deudas de naturaleza electoral. Las deudas con prestamistas particulares, incluidos los microcréditos, ascendían a 14,37 millones de euros.

Además, seis presentaban un patrimonio neto negativo: Teruel Existe, Foro de Ciudadanos (Foro Asturias), Más País, Convergencia Democrática de Catalunya, En Marea e Iniciativa per Catalunya-Verds. En el caso de las tres últimas, el desequilibrio patrimonial ha producido que se hallen inmersas en situaciones concursales, previas a su disolución.

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El tribunal señala directamente a Nueva Canarias, el PNV y Unión del Pueblo Navarro por incumplir el deber de colaboración con el fiscalizador. La formación canaria es reprendida por no atender los requerimientos de información y documentación justificativa relativos a las cuentas anuales, la vasca por hacer lo propio pero con lo relativo a sus contrataciones en ambos ejercicios y la navarra por desoír los requerimientos relativos a la fiscalización del sistema de prevención de riesgos penales. Todos ellos son incumplimientos de la ley y constituir infracciones leves.