Todos menos el PSOE rechazan a los elegidos para el TC: el PP busca la censura de la UE

Pedro Sánchez lo ha hecho con la designación de Juan Carlos Campo, que hace sólo un año y medio era su ministro de Justicia, y la de Laura Díez Bueso, que hasta el pasado mes de abril trabajaba en la Moncloa, en la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, primero con Carmen Calvo y después con Félix Bolaños.

De esta forma, el presidente del Gobierno ha logrado el control del Tribunal Constitucional, a falta de que el Consejo General del Poder Judicial designe a dos magistrados, uno conservador y otro progresista.

[El Gobierno elige al exministro Campo y a la catalana Laura Díez para el TC sin esperar al CGPJ]

Hace años el PP nombró magistrado a un exdiputado, Andrés Ollero, y a Francisco Pérez de los Cobos, que fue militante de ese partido. Pero nunca se nombró a exmiembros del mismo Gobierno que hace el nombramiento.

Igual que antes nunca se había nombrado fiscal general el Estado al ministro de Justicia, como ocurrió con Dolores Delgado en 2020.

Por eso, Moncloa no tuvo este martes más apoyo que el del PSOE a esos nombramientos. El resto de partidos -los de la oposición de derechas y también los socios de Gobierno y parlamentarios de Sánchez- criticaron que los elegidos pasen casi directamente del Ejecutivo al Tribunal Constitucional.

Los populares, además, pretenden que la Comisión Europea se pronuncie sobre el caso, por entender que va contra sus directrices para la despolitización de la Justicia. El objetivo es que el asunto sea tratado de forma crítica en el informe sobre el Estado de derecho en España que Bruselas debe emitir en julio de 2023, justo en el inicio del semestre de Presidencia española de la UE.

ERC: "chirrían"

El PP explica que en la negociación con el Gobierno que rompió Alberto Núñez Feijóo se habló siempre de la despolitización y, en la parte que ya estaba cerrada, se hablaba expresamente de evitar las puertas giratorias, es decir, el paso directo de un alto cargo de designación a la Justicia, sin esperar un tiempo mínimo prefijado.

González Pons y Bolaños no hablaron durante la negociación de esa condición en concreto para el Constitucional, porque no se abordó la reforma de su ley orgánica, pero los populares entienden que por extensión debería aplicársele.

Además, el ministro Félix Bolaños se comprometió a comunicar al PP los nombres de los dos magistrados que propondría para el TC, para asegurarse de que Moncloa no proponía a candidatos de ERC.

Ahora, el PP asegura que Moncloa ha propuesto a quien elaboró los indultos de los condenados por el procés y a la actual vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña por un pacto entre ERC, Junts y PSC.

Laura Díez, además, ha avalado las leyes lingüísticas en Cataluña.

No obstante, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que los nombramientos "chirrían".

Campo elaboró antes de 2021 un proyecto de reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición. Ese proyecto incluía la reforma de otros delitos que no coinciden con los de Europa, por ejemplo, sobre libertad de expresión. Ese proyecto acabó en un cajón por orden del presidente del Gobierno y ahora se ha recuperado sólo parcialmente para la sedición.

Los socios de Sánchez en el Gobierno, a través de Jaume Asens y Pablo Echenique, han cuestionado también los nombramientos asegurando que es un acto de "cinismo" esta "puerta giratoria”. Han añadido que las propuestas desmontan los argumentos "falsos" para vetar como vocal del Poder Judicial a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, y evidencia que únicamente se quería continuar una "cacería política" contra ella.

También fueron críticos el líder de Más País, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví. Para el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, es una "tropelía".