Villarejo ve espías hasta en la cárcel: acusa al CNI de reclutar reos para vender sus secretos a Puigdemont

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía denunció en julio de 2020 ante el juez instructor del caso Tándem que dos presos de la prisión de Estremera, aprovechando sus permisos de salida, habían contactado con Gonzalo Boye (abogado de Carles Puigdemont), Cristóbal Martell (abogado de la familia Pujol) y otro letrado de Madrid, para ofrecerles archivos de audio y documentos clasificados del comisario Villarejo.

A raíz de estas pesquisas, el juez ordenó la apertura de la pieza 28 del caso Tándem y, finalmente, autorizó un nuevo registro de la vivienda de Villarejo en la finca El Montecillo. Este registro realizado el 23 de octubre de 2020 (en el que participaron agentes de Asuntos Internos, de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y canes adiestrados) permitió hallar 13 diarios personales del polémico comisario, cuyo análisis ha abierto nuevas líneas de investigación sobre sus negocios.

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En un escrito dirigido al juez, la defensa de José Villarejo sostiene que todo fue, en realidad, "pura engañifa, un camelo, un nuevo ardid, meras artimañas para buscar su total aniquilación, una farsa, un engañabobos, con una torpe puesta en escena", tras la que ve la larga sombra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Uno de estos presos que compartía módulo con Villarejo, J. Ruiz Cubero (condenado por participar en un atraco), se había puesto en contacto varios meses antes con el abogado de los Pujol, quien solicitó la intervención del detective Francisco Marco, exresponsable de la agencia Método 3.

Marco usó una falsa identidad, Alberto Carrillo, para atender las llamadas del presidiario, haciéndose pasar por letrado del despacho Martell, y simuló estar interesado en el negocio que le ofrecía. El preso que compartía módulo con Villarejo estaba dispuesto a facilitar a la familia Pujol audios y documentos del extenso archivo del comisario, a cambio de una suma millonaria.

La Unidad de Asuntos Internos tuvo conocimiento oficial de estos hechos el 9 de junio de 2020, cuando Francisco Marco acudió a presentar una denuncia, aportando como prueba la grabación de una de las conversaciones con el preso, que resultó ininteligible.

"Después vendrá el dinero"

Asuntos Internos usó todo tipo de recursos para indagar lo ocurrido. Los agentes identificaron a otro preso del módulo de Villarejo, A. Pazos (abogado y exmilitar), como cómplice de Cubero: en uno de sus permisos de salida, colocaron un dispositivo de escucha en su vehículo. El magistrado José de la Mata desautorizó esta medida, pero luego cedió a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Cuando Pazos visitó el despacho de un abogado en Madrid, la Policía recurrió a un "artificio técnico" que permite interceptar todos los teléfonos situados en un radio de 50 metros. Villarejo sostiene en su escrito al juez que se trata de un dispositivo que sólo utiliza el CNI en labores de inteligencia y lucha contra el terrorismo.

Pocos días después, el 11 de septiembre, la Policía comprobó que Pazos se reunía en la Estación de Chamartín de Madrid con Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (huido de la Justicia en Waterloo). "Como abogado de Villarejo, sólo pido su libertad y después ya vendrá el dinero", dijo el reo, según el informe policial incorporado al sumario.

La Policía también comprobó que Pazos se ponía en contacto telefónico varias veces con la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá, aunque no pudo aportar al juez la grabación de la mayoría de estas conversaciones alegando que se habían producido "fallos técnicos".

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Tres días antes de que el juez ordenara el nuevo registro de la casa de Villarejo, el preso A. Pazos fue trasladado desde Estremera al centro penitenciario de Logroño. La Policía indica en uno de sus informes que Pazos mantiene oculto en prisión un teléfono móvil para comunicarse con su pareja. Pero no se ha dado orden de retirárselo de la celda, para que los agentes puedan seguir interceptando sus comunicaciones.

En sus informes dirigidos al juez, Asuntos Internos indica que, desde prisión, el comisario José Villarejo se sirvió de ambos presidiarios para intentar poner en el mercado sus grabaciones y documentos clasificados, con un doble objetivo: lucrarse y presionar a las instituciones del Estado, con el fin de ser puesto en libertad.

Villarejo sostiene, en cambio, que el CNI había contactado con ambos presos para conocer todos sus movimientos y conversaciones en prisión. Y asegura que durante su estancia en prisión tres agentes del CNI ocuparon permanentemente una oficina próxima a los servicios de seguridad de la cárcel, para tenerle controlado las 24 horas del día.

El polémico comisario asegura en su escrito dirigido al juez instructor que el preso A. Pazos, como abogado y exmilitar, le ayudó a preparar su defensa y le confesó que tenía vínculos con el CNI a través de un agente que había participado en las labores de control telefónico de la antigua Herri Batasuna en el País Vasco.

El "falso cura" de Bárcenas

Según Villarejo, este preso le dijo que el CNI le había encomendado una misión: contactar con los abogados de Puigdemont y de la familia Pujol para ofrecerles documentos confidenciales del comisario. El objetivo final era "rastrear" el dinero para "conocer las cuentas extranjeras y la identidad de quienes financiaban el independentismo", siempre según la versión ofrecida por el comisario ante el Juzgado.

En su declaración ante la Policía, Pazos aseguró que tanto él como su cómplice, J. Ruiz Cubero, habían actuado por iniciativa propia y en ningún caso Villarejo les había autorizar a mercadear con sus documentos confidenciales. Y aseguró que el antiguo agente encubierto únicamente le había "ofrecido el 10% de los beneficios que pudiera generar la explotación de la marca registrada Comisario Villarejo".

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En cuanto al otro preso implicado, J. Ruiz Cubero, aseguró a Villarejo que su hermano era el abogado del falso cura que irrumpió en casa de la familia Bárcenas para intentar apoderarse de la contabilidad b del PP. Villarejo dice que este preso también actuaba como enlace del CNI y gozaba de constantes permisos, a cambio de informar puntualmente al director de la prisión sobre todas sus conversaciones. 

Por otro lado, el comisario señala que la denuncia presentada por Francisco Marco ante Asuntos Internos en junio de 2020, que dio pie a la apertura de esta pieza del sumario, demuestra que el detective trabaja al servicio de la familia Pujol y de los independentistas desde hace años.

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La defensa de Villarejo sostiene que toda la operación se puso en marcha para que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía pudiera apoderarse de sus diarios personales, hallados en el registro de su vivienda. Sin embargo, añade su abogado, Villarejo "es un puro secreto andante, por su memoria; solo haciéndole una lobotomía en su cerebro, le librarían de la acusación".

El caso Pegasus sí ha puesto en evidencia que el CNI infectó con autorización judicial los teléfonos móviles de varios líderes independentistas (entre ellos, el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès) para rastrear sus contactos con agentes de inteligencia del Kremlin y descubrir quién estaba detrás de los altercados promovidos por el Tsunami Democràtic.