El comisario europeo de Justicia reúne información sobre la 'contrarreforma' del Gobierno al CGPJ

En los últimos años, las advertencias de la Comisión Europea a España por la politización de su sistema judicial y por la independencia en la separación de poderes han sido insistentes. Así lo ha hecho constar el comisario de Justicia, Didier Reynders, en los últimos informes sobre el Estado de derecho en España. Ahora, Reynders recaba información sobre esta "amenaza" de cara al próximo informe y ante la última iniciativa de contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este mismo viernes, la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE), Maite Pagazaurtundua, ha presentado una pregunta escrita a la Comisión al respecto, a la que ha tenido acceso este periódico.

Denuncia Pagaza el "colapso de los tribunales de Justicia en España" tras la reforma legal que hace poco más de un año suspendió parte de los poderes constitucionales del CGPJ mientras se encuentre en funciones, y motivó un escrito de la eurodiputada el pasado 15 de junio. 

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Ahora reclama a la Comisión que "proteja el Estado de derecho en España" ejerciendo sus atribuciones y utilizando "todos los mecanismos de protección a su alcance, incluido el procedimiento de infracción", similar al aplicado a Polonia desde hace un par de años.

"Debemos reiterar que es necesario que el CGPJ funcione, que no sea politizado y que los nombramientos refuercen su independencia", explicó hace 11 meses la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Vera Jourova. Ella misma visitó la semana pasada España, y repitió un mensaje similar, avisando de que estará "muy atenta" a lo que suceda en España porque es algo "prioritario" para la Comisión. 

Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, en la Comisión de Justicia del Congreso. Efe

De hecho, el próximo lunes, el comisario Reynders se entrevista con Pagaza, junto a Luis Garicano e Inés Arrimadas. En la reunión será informado a propósito de esta proposición de ley impulsada desde Moncloa y presentada este viernes a mediodía por el Grupo Parlamentario Socialista. Además, se le explicarán varios ejemplos de "vulneraciones del Estado de derecho que se están produciendo en España".

Datos para el informe 2022

La intención de la delegación de representantes liberales es la de entregar "la mejor información posible sobre la situación de cara a la publicación del Informe sobre el Estado de derecho anual para España en el mes de julio". 

Arrimadas y su equipo explicarán a Reynders las circunstancias políticas que rodean la última iniciativa registrada por el PSOE sobre una proposición para que el CGPJ, que sigue en funciones, desbloquee sólo la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional, "utilizando a su antojo los mecanismos legales sin fundamento racional y en perjuicio de la Justicia, el ciudadano y el Estado de derecho", tal como explican fuentes del partido naranja.

El bloqueo del CGPJ en funciones es el origen directo de esta situación anómala en el Constitucional, a causa de la modificación legal impulsada por el Gobierno en marzo de 2021. Este recorte de funciones sobrevenido al órgano de gobierno de la judicatura ya fue denunciado por eurodiputados liberales y del Partido Popular. 

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Ahora, el PSOE trata de corregirse para hacerse ya con el control del TC e influir en las próximas sentencias sobre leyes como la del aborto o la eutanasia. De hecho, tramitará la ley por la vía de urgencia y con lectura única. "Esperamos aprobarla en la tercera semana de julio", explican fuentes de la dirección socialista.

El bloqueo actual está llevando al borde del colapso a los Tribunales por falta de magistrados para cubrir más de sesenta puestos vacantes en el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, pero también en los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

Al hacer aquella reforma, el Gobierno argumentó que al CGPJ en funciones se le debían aplicar "las mismas reglas que al Gobierno en funciones" en lo relativo a nombramientos, en lugar de despolitizar el sistema de nombramiento de los miembros del CGPJ mediante una modificación legal.

"Hay consenso, no voluntad"

"Un argumento inválido", explican fuentes jurídicas. "La reforma que está exigiendo la Comisión Europea desde hace años tiene consenso en el Congreso, si el PSOE quiere... y el PSOE es Gobierno, no puede desoír a Bruselas, pero no hay voluntad política de dejar de controlar la judicatura". 

Además, la delegación de liberales españoles hará hincapié sobre la situación en Cataluña. En especial, en lo relativo al incumplimiento de la sentencia del Supremo para que los niños reciban al menos un 25% de su educación vehicular en español, la inacción de la Alta Inspección Educativa y la reforma legal auspiciada por el Govern con el apoyo del PSC para soslayar el fallo judicial.

Maite Pagazaurtundia, vicepresidenta del a Comisión LIBE del Parlamento Europeo. Miguel Osés

En este punto, Pagaza destaca a este periódico que el último informe del Parlamento Europeo que evaluó el documento sobre el Estado de derecho en España de 2021, ya advertía de la "poca concreción" y la falta de "medidas coercitivas" para obligar a los Estados a cumplir, incluso cuando las competencias están en manos de “entidades subestatales”, en este caso, de las Comunidades Autónomas.

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El informe reclamaba la intervención de la Comisión sancionando a los Gobiernos que, como el español, no obliguen a las Administraciones regionales a "obedecer a los tribunales" y respetar "la separación de poderes".

En la cita con el comisario -de la familia política de los liberales como Arrimadas, Garicano y Pagaza- se completará de palabra un informe de finales de mayo, entregado por la oficina de Pagaza a la de Reynders. En él, como informó este diario, se detallaban seis ejemplos de vulneraciones distintas de libertades y derechos lingüísticos en Cataluña.

Sobre la mesa, en suma, pesará la cuestión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un tema que la Comisión Europea ha planteado como problemático de manera reiterada desde 2018 en su Informe anual.

"Esta reforma sigue un año más pendiente y no se resuelve el riesgo de la politización de la judicatura. La independencia del poder de los jueces es importante para evitar la arbitrariedad judicial", recalcan fuentes del partido naranja.

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Asimismo, se abordarán las preocupaciones referidas a la independencia de la Fiscalía. En concreto, la anomalía de que la titular del cargo en España sea una exministra de Justicia impulsada al puesto sin solución de continuidad.