Podemos asegura que el recorte de las pensiones les obligará a salirse del Gobierno el año que viene

La propuesta para ampliar los años de cálculo para el cómputo de las pensiones ha estallado como una bomba sorda en el interior del Gobierno. El PSOE sabe que ni Unidas Podemos ni el resto de aliados parlamentarios pueden aprobar la medida. Y los morados son conscientes de que lo firmado con Bruselas es ley para recibir los fondos europeos que financian el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). [Así lo ha confirmado el secretario de Estado Nacho Álvarez, negociador económico de Yolanda Díaz, este viernes a mediodía]

El único consuelo es que María Jesús Montero se aseguró de que el comisario Paolo Gentiloni aceptaba dejar para finales de 2022 la aprobación del punto 408 de los compromisos, obligaciones y control trimestral: "Entrada en vigor de la legislación para el ajuste del período de cómputo ampliando el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación". Y eso retrasa el ultimátum de la vicepresidenta segunda.

Fuentes del partido fundado por Pablo Iglesias confirman a EL ESPAÑOL que Podemos instará a Pedro Sánchez a renegociar con Bruselas el recorte de las pensiones o el Gobierno caerá el año que viene. "La coalición es imprescindible para la supervivencia de la izquierda ahora mismo", explica un asesor de la vicepresidenta segunda, "no es un buen momento electoral para romper".

Firmas de Paolo Gentiloni, comisario de Economía, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda e interlocutora con la UE para los fondos de recuperación. E.E.

Este miércoles a media tarde, el Gobierno hizo público su contrato con la Comisión Europea. Y eso que el documento está calificado en su primera página como "sensitive". Es decir, que no puede ser distribuido salvo para quien "necesite conocerlo", que no debe ser "expuesto a la vista en sitios públicos", que debe ser "guardado con seguridad y encriptado" y que deben "destruirse las copias triturándolas o eliminándolas de forma segura". 

Según fuentes de Hacienda, se hizo público "al día siguiente de la firma de Gentiloni" porque "no hay nada que esconder". Y sobre todo, para hacer frente a las acusaciones de "pactos secretos y condiciones draconianas" que llevaba dos semanas sugiriendo Pablo Casado. Exactamente, desde que se cerró el acuerdo, el pasado 29 de octubre.

Pero la operación transparencia fracasó. Lo único que se destacó es que "habrá exámenes trimestrales" de técnicos de Bruselas para comprobar que el Gobierno cumple lo prometido. Y que la guerra entre socialistas y morados del pasado enero regresaba, esta vez con la amenaza de que Bruselas corte el grifo del dinero que impulsa la recuperación económica y, por tanto, mantiene con vida al Ejecutivo.

Tal como confirmó EL ESPAÑOL en exclusiva, el último borrador del Componente 30 del plan, Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo, incluía los cálculos del ministro, José Luis Escrivá, de que se podría ahorrar un 6% en las futuras pensiones en caso de aumentarse el periodo de cálculo de 25 a 35 años. 

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, junto al documento que dice que "no ha existido y no va a existir". E.E.

La medida desapareció a última hora del PRTR después de una enorme crisis en el seno de la coalición. "Esa propuesta no llegará al Congreso", sentenció el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Luchar contra lo escrito

Ahora, lo que estalla es una doble (o triple) polémica. Pedro Sánchez ha aceptado la imposición de Bruselas para aumentar el número de años necesarios para el cómputo de la pensión. Yolanda Díaz, la persona "que más sabe de pensiones de España" y sobre todo la líder de Unidas Podemos, ha otorgado callando. Y el ministro de la cosa, Escrivá, ha luchado contra un documento escrito diciendo que no dice lo que dice.

Extracto del 'contrato' del Gobierno con la Comisión Europea comprometiéndose a aumentar el periodo de cálculo de las pensiones. E.E.

Hay una explicación para cada una de las situaciones. Para empezar, al presidente Sánchez no le quedaba más remedio que aceptar la imposición del gobierno europeo, alarmado porque la tasa de reemplazo española es superior al 83% cuando la media de la UE no supera el 63,5%. Este índice mide la diferencia entre el último sueldo percibido y la pensión a la que se accede en el momento de la jubilación.

La "generosidad" española, admitida por todos los expertos, ha llevado a que el ingreso medio de los nuevos jubilados (1.500 euros) se acerque al 80% del salario medio de los trabajadores (1.800). Y eso, ante la llegada de la generación del babyboom a la edad de retiro, hace insostenible el sistema.

Díaz contra Escrivá

El silencio de la vicepresidenta segunda tiene que ver, según fuentes cercanas, con que esta medida es un "ataque directo al acuerdo de coalición". Los términos en que está redactado el contrato con la UE son los opuestos al compromiso de "actualizar las pensiones conforme al IPC real [...] y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas".

Además, otro portavoz del entorno de la líder morada en el Gobierno admite su "altísima preocupación" por el camino que ha tomado la "fase decisiva" de la reforma laboral.

Su negociación con los agentes sociales ha sido "intervenida" por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para adecuarla a las exigencias -otra vez- de Bruselas: las nuevas propuestas son las del Ministerio de Economía, ya no del de Trabajo, y de momento se han topado con un "no" rotundo de empresarios y sindicatos... más allá de su enfado por la filtración a la prensa, un martes, de la propuesta que se discutiría el miércoles.

Y la triple negación de Escrivá -"ni existe, ni existirá" ni las palabras escritas significan lo que todo el mundo entiende- se explica por el muy enrarecido ambiente de la negociación.

Por el tiempo y por los "trágalas" del ministro: para empezar, el lunes 15 de noviembre tiene que haber acuerdo, para llegar a tiempo de introducir esta reforma en el decreto. Y para terminar, los sindicatos, que rechazan el aumento de años en el cómputo frontalmente, vienen escaldados de conocer, hace menos de una semana, que en la subida del 0,6% en las cotizaciones a los trabajadores les toca un tercio del esfuerzo.

Firmar sin informar

Lo curioso es que en Unidas Podemos no hay una posición oficial. Pero sus portavoces sí que explican extraoficialmente que Sánchez "deberá renegociar lo firmado", reuniéndose con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, si hace falta. Y no como una amenaza, apuntan, sino porque "firmaron eso sin informarnos, y es evidente que no lo han hablado con los socios de investidura", añaden, "porque eso no lo va a votar nadie... sólo podrían sacarlo con el PP".

La vicepresidenta primera decía este jueves que "no es Bruselas quien pide nada, sino el Pacto de Toledo". Pero lo cierto es que ese acuerdo indicaba -con enormes generalidades- que las pensiones deben revalorizarse al IPC, y el sistema ser sostenible, equitativo y justo.

Vale la pena recordar que el Componente 23 y el Componente 30 los de las reformas laboral y de pensiones, fueron los últimos documentos enviados a Bruselas, ya sobre la bocina, el pasado febrero. Y que son los que tienen al Ejecutivo hoy en urgencias: ambas normas deben estar acordadas en unos días para entrar en vigor antes de enero de 2022.

Y quien introdujo la ampliación del cómputo de años fue Escrivá, que lo borró en enero por orden de Sánchez. Ahora lo recupera Montero por imposición de Gentiloni. Y Díaz, que permanece en silencio público, trata de ganar tiempo porque, como dice uno de sus asesores, "el escenario electoral no es el ideal".