Oriol Junqueras, junto a Pedro Sánchez en el Congreso, en mayo de 2019.

Oriol Junqueras, junto a Pedro Sánchez en el Congreso, en mayo de 2019. Efe

Política INDULTOS

Sánchez se inclina por un indulto parcial que libere a los presos pero perpetúe su inhabilitación absoluta

Se quiere tener el "gesto", salvar la cara ante la opinión pública y evitar que Junqueras pueda ir a unas eventuales elecciones autonómicas.

27 mayo, 2021 03:04

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La mayor preocupación del Gobierno no es el precio político que deberá pagar por otorgar el indulto a los políticos condenados por el golpe independentista del 1-O de 2017. Con lo que Pedro Sánchez no podría convivir es con que Oriol Junqueras y compañía, al día siguiente de salir de prisión, pudieran hacer política. Por eso, según fuentes consultadas por este periódico, en Moncloa se trabaja en una fórmula de indulto parcial para los nueve condenados que todavía siguen cumpliendo pena de cárcel: la gracia que les otorgará el Consejo de Ministros los sacará de prisión pero les mantendrá la pena de inhabilitación absoluta.

Según el Código Penal, la inhabilitación absoluta produce la "privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos" para el reo, "aunque sean electivos". Y además, "la incapacidad para obtener los mismos", y la de "ser elegido para cargo público durante el tiempo de la medida".

Así, a la vista de la sentencia, esta condición operará sobre nueve de los políticos a los que se halló culpables de los delitos de sedición y de malversación de fondos públicos. En el caso de Oriol Junqueras, 13 años de inhabilitación. Y en los de Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, 12 años. En el caso de Carme Forcadell, son 11 años y medio; 10 y medio para Joaquim Forn y Josep Rull; nueve años y nueve meses para Jordi Sànchez; y nueve años para Jordi Cuixart.

De este modo, y pese a la medida de gracia que el Gobierno prevé otorgar para "favorecer el reencuentro, la concordia y la convivencia", el líder de Esquerra Republicana no podría volver a presentarse a unas elecciones -generales, catalanas, municipales o europeas- hasta finales del año 2030. Entonces, tendrá 61 años.

En el caso de Romeva, Turull y Bassa, su imposibilidad para ejercer la política activa se extendería hasta octubre del año 2029. En esa fecha, el exconseller de Exteriores ya contará con 59 años; el extitular de Presidencia será un hombre de 63 años; y la exconsellera de Trabajo tendrá 71.

Seis meses antes podrá hacer política Forcadell, cuando sea una mujer de 72 años. A mediados de 2028 se podrán presentar a elecciones Forn y Rull, cuando tengan 64 y 58 años. En el otoño de 2027 será el turno de Sànchez, actual líder de JxCat, con la edad de 62 años. Y a finales de 2026 podrá volver a las listas de un partido o a los parlamentos Cuixart, el más joven de todos y quien sigue liderando Òmnium desde prisión, cuando tenga 51 años

"A hostias"

La sentencia del procés se dio a conocer precisamente en el entorno de la convocatoria electoral del 10-N de 2019. De hecho, la diputada de la CUP Mireia Vehí acusaba este miércoles a Sánchez de haber "forzado la repetición electoral" en esas fechas para "provocar" los altercados que azotaron Barcelona esos días: "Marlaska hizo la campaña literalmente a hostias, para arrancarle votos a Ciudadanos", aseguraba la independentista antisistema en la sala de prensa del Congreso.

El mismo Tribunal que emitió el fallo es el que ahora ha dictado el informe "demoledor" contra la concesión de "cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm 20907/2017". Es decir, que "informa negativamente" incluso sobre esta posibilidad que maneja el Gobierno.

En el dictamen se detalla, precisamente, las razones por las que no debe concederse siquiera el indulto a la inhabilitación. Tampoco a los que no recibieron la pena absoluta, sino la especial. Ésta produce la misma "privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos". Además, la incapacidad para obtenerlos "durante el tiempo de la condena". Pero en este caso, se aclara que "en la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación".

Junqueras 'president'

La intención de Moncloa, según las fuentes consultadas, es la de emitir "un gesto" que facilite la distensión, engrase las reuniones con los representantes del govern en la llamada "mesa de negociación" y, en todo caso, alivie el "sufrimiento" de los responsables de los hechos juzgados.

Pero a cambio de ello, Sánchez se quiere blindar en dos sentidos. Por un lado, ante la opinión pública, mostrándose "en la centralidad" y equilibrado. Y por otro, ante la posibilidad más que plausible de que el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès -subordinado de su encarcelado líder- disolviera el Parlament al día siguiente de conmutarse las penas y Junqueras pudiera presentarse triunfante a unas eventuales elecciones autonómicas a president.

Ese escenario, explican las fuentes, sería exactamente el contrario al que busca el PSOE y el cierre de toda posibilidad de crecimiento electoral de Salvador Illa. El número dos del PSC fue sacrificado como ministro de Sanidad de las vacunas contra el coronavirus el pasado 14-F para "inaugurar una nueva etapa en Cataluña".

A punto estuvo de conseguirlo, pues ganó en votos en las urnas, pero no pudo formar mayorías de gobierno. Su entorno, en todo caso, contaba con un proyecto a largo plazo: "Si en éstas no lo conseguimos, será en las próximas elecciones". La desescalada del "conflicto político", tal como ya lo califica Moncloa, exige que Junqueras y los suyos salgan a la calle, pero que no tengan vigentes sus derechos políticos.

Los indultos no fueron solicitados por los reos, de hecho, la petición fue registrada por el abogado Francesc Jufresa Patau el 23 de diciembre de 2019. Jufresa es un letrado independentista que asegura no haber consultado con los reos ni con sus partidos o movimientos sociales, en su momento. Presentó el escrito "a título particular". En declaraciones a este diario, el abogado asegura que no habló con los presos. "Lo presenté porque pienso que es conveniente para mi país", explica. "Y también para todos, incluso para los que lo tienen que dar, porque el Estado no ha quedado muy bien en toda la tramitación del procés".