"Hemos cometido errores, pero lo que está claro es que a nosotros no nos pueden comprar, y por eso nos persiguen jueces y medios". Es Pablo Iglesias, y no hace falta ponerle fecha a la frase, la ha repetido periódicamente en los últimos siete años, los que ha pasado al frente de Podemos, el partido que fundó y llevó al Gobierno. Ahora se va, lo deja todo. Y en la noche del anuncio se hizo acompañar, junto a él en el estrado, de gran parte de los dirigentes del partido -no todos, pero luego entraremos en eso- y de algunos de los integrantes de su lista para el 4-M -con enfados remarcables entre ellos-.

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Colocados para la foto, Iglesias se rodeó de diputados, algún ministro, candidatos y fundadores del partido morado. Y a pesar de que nunca nadie le ha demostrado que se llevara un euro ilegalmente de ninguna caja, y más allá de sus alegaciones constantes a la pureza de Podemos, en la imagen se identifican condenados, investigados, denunciados e implicados en los más diversos casos judiciales.

Al menos, se puede señalar a tres condenados por delitos fiscales, de violencia contra las autoridades o por despido ilegal: Juan Carlos Monedero, Isa Serra y Jesús Santos. El número tres del partido, procesado por atentado contra la autoridad, Alberto Rodríguez. Una ministra investigada por posible malversación, Irene Montero. Y él mismo, Pablo Iglesias, al que el 'caso Dina' aún le acecha, como publicó recientemente en exclusiva este periódico.

J. C. Monedero: condenado

No hace mucho más de siete años que Podemos se inscribió en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, en marzo de 2014. Dos meses después, ya tenía cinco diputados en el Parlamento Europeo; pasado un año, sus marcas blancas ocupaban las alcaldías de Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona... y pasados otros seis meses cosechaba 71 escaños en el Congreso.

Pero al constituirse las Cortes hubo que rellenar papeles, entre otros, declaraciones de bienes e intereses. Con esa información como base, los medios refractarios y el mismo Estado se pusieron a escudriñar en ciertos pasados dudosos de sus fundadores. Y por ejemplo, la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) no sólo cesó en sus actividades, sino que fue borrado todo su rastro de las redes... y eso que su legado era un supuesto trabajo intelectual para dotar de acervo ideológico a determinados regímenes latinoamericanos.

Juan Carlos Monedero en el set de 'En la frontera'. Público

Sólo habían pasado dos meses desde que Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa y todos los demás habían recogido sus actas de diputados cuando CEPS -donde habían trabajado asesorando al régimen de Hugo Chávez y otros países de la órbita bolivariana- ejerció su derecho al olvido en internet con una precisión milimétrica: no quedó nada.

Monedero abonó 200.000 euros a la Agencia Tributaria el 29 de enero de 2015 correspondientes al IRPF de 2013 en concepto de sanción por su irregularidad al tributar los ingresos de 425.150 euros obtenidos de los Gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador ese año. El escándalo truncó la carrera política del fundador en el partido, y éste se apartó del foco para no dañar la imagen de Iglesias, ya que una semana antes, el mismo Monedero presumía en público de no haber cometido ninguna ilegalidad: "¡Montoro, no te tengo miedo, tengo mis cuentas en regla!".

A. Rodríguez: procesado

Que Monedero ya hubiera caído antes incluso de hacer las listas para esas generales -víctima de una irregularidad fiscal precisamente por no declarar trabajos de consultoría al otro lado del charco-, unido a la animadversión que provocaban esos tipos que llegaban poniendo en cuestión no sólo las políticas sino el mismo sistema puso las sospechas en los titulares.

En la primera sesión de aquella legislatura llamó la atención el cambio de la estética en el hemiciclo. Quienes más captaron los focos fueron Bescansa con su bebé y Alberto Rodríguez con sus rastas.

Alberto Rodríguez en 2006, en el primer incidente que protagonizó contra agentes de la Policía. EDDC

El Secretario de Organización de Podemos se enfrenta a la causa abierta por su presunta agresión a un policía en una manifestación en 2014. La marcha se celebraba contra el entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert.

Ya se ha fijado apertura de juicio oral contra él por los delitos de atentado a la autoridad y lesiones a un policía, al que habría propinado una patada. El pasado 20 de octubre el diputado canario se negó a ir voluntariamente a declarar, para forzar la petición del suplicatorio al Congreso. 

Isa Serra: condenada

Y es que el carácter belicoso no es exclusivo de Iglesias. Y si el partido siempre abogó por eliminar los aforamientos, prefiere tirar de ellos cuando les toca. Lo mismo hizo Isa Serra, portavoz estatal del partido y líder del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, tras la retirada del jefe.

Serra fue investigada, procesada y condenada como culpable también de atentado contra la autoridad por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los focos se centraron en ella sola, separada de los otros siete implicados al no renunciar a su privilegio como diputada regional.

Fue sentenciada el pasado abril por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a diecinueve meses de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por atentar contra agentes de la Policía en una manifestación contra un desahucio en 2014, en los inicios de Podemos.

Nada más pasar las elecciones autonómicas madrileñas, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha fijado la fecha de la vista pública en la que examinará el recurso que Serra interpuso por su condena. El día 18 de mayo, pues, puede correr otro puesto la lista de Unidas Podemos en la Asamblea... cuyo grupo podría quedar en manos de Vanessa Lillo (IU).

J. Santos: condenado

Lillo fue una de las personas más molestas en aquella noche del 4-M en la que Iglesias comunicó al mundo su abandono de la política. Entre otras cosas, porque nadie le había contado nada. Además, porque para la ceremonia de la derrota la colocaron en primera fila. Y sobre todo, porque durante la campaña se sintió ninguneada, "por no ser de Podemos, que parece que los de Izquierda Unida sólo estamos de relleno", dijo en un audio de WhatsApp filtrado a la prensa el día siguiente.

Quien sí lució en campaña fue Jesús Santos, figura emergente por la que apostaron con fuerza los líderes del partido morado. Todo a pesar de acumular tres condenas por despido improcedente y acoso laboral en lo que va de año al frente de la empresa pública de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA) que preside. 

Jesús Santos, en una rueda de prensa en la sede de Podemos en Madrid. Efe

El fallo del Juzgado de lo Social nº1 de Móstoles declaró "improcedente" el despido de Raúl R. R., un empleado con discapacidad del 33% y condenó a la empresa pública obliga a la compañía a abonarle una indemnización de un total de 65.007,79 euros o la readmisión inmediata.

I. Montero: investigada

Santos suena como valor emergente en el nuevo Podemos que organice Ione Belarra, según las fuentes consultadas. Su origen político, más cercano al activismo social que al trabajo intelectual lo avalan para nutrir los cuadros que dirigirá la ministra navarra, de la mano de Irene Montero, que renunció a la carrera sucesoria pero colaborará con Belarra... que no sale en la foto del fin de Podemos por una decisión de la dirección para salvaguardarla de la imagen.

Mientras, deberá hacer frente a los titulares de prensa que sigan surgiendo a propósito del caso Niñera, derivada de los despidos de José Manuel Calvente y Mónica Carmona, exabogados de Podemos a los que la dirección quiso sacarse de encima mientras investigaban irregularidades internas en el partido. Durante la instrucción del caso Neurona y la presunta financiación ilegal y malversación de fondos en el partido, Carmona reveló esta otra posible irregularidad.

Teresa Arévalo se abraza con la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Hace pocas fechas, el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid inició una investigación contra la ministra de Igualdad. A pesar de que Montero es miembro del Gobierno y su fuero implica que sólo pueda ser imputada por el Tribunal Supremo, el juez ordinario abrió diligencias por un "presunto delito de administración desleal" tanto contra ella como contra la supuesta cuidadora, Teresa Arévalo, exdiputada de Unidas Podemos y posteriormente jefa de gabinete adjunta de la cartera de Montero.

El juez trata de esclarecer si Arévalo fue contratada con dinero público para desempeñar funciones de cuidadora de la hija de la ministra e Iglesias. Fuentes del partido explican a EL ESPAÑOL que ésta es "otra causa basada en falsedades, que quedará archivada pero que sirve para generar titulares contra Unidas Podemos" cuando quedaban pocas fechas para las elecciones.

...y el 'caso Dina'

Y ahora que éstas han pasado, con el tsunami de la dimisión de Iglesias en la misma noche de la debacle, el juez Manuel García-Castellón sólo espera un informe policial para animarse a llamar al exvicepresidente como imputado en el caso Dina.

El abandono del cargo público que desempeñaba (como vicepresidente del Gobierno) y del que habría podido ocupar (como diputado autonómico en la Asamblea de Madrid) conlleva la desaparición del escudo protector del aforamiento y el fundador de Podemos se encuentra ahora bajo la jurisdicción del magistrado que vio indicios suficientes para imputarle por descubrimiento de secretos, daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito

Dina Bousselham, junto a Pablo Iglesias. Twitter

Como relatábamos al principio, animado por ser el artífice del mayor éxito de un estreno político en la historia de la democracia, el líder morado ha pasado siete años retroalimentando una persecución mutua entre Podemos y sus enemigos.

Parece evidente que éstos no eran sólo los rivales políticos -un PSOE amedrentado y un PP enfrentado- o los medios de comunicación tradicionales. Hubo movimientos en los aparatos del Estado, y algunos de ellos de dudosa legalidad, como demostrarían las declaraciones y evidencias que se acumulan en la instrucción del caso Tandem que ha tenido al excomisario José Manuel Villarejo más de tres años en prisión preventiva.

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