Los siete acusados de agredir e insultar a agentes de la Policía durante la ejecución de de un desahucio en el barrio de Lavapiés de Madrid han aceptado ser condenados por esos hechos tras alcanzar un pacto con el fiscal. En ese procedimiento también fue imputada Isabel Serra, que, debido a su fuero como diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, fue juzgada por otro órgano judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y está a la espera de sentencia.

Noticias relacionadas

Los hechos se produjeron sobre las 7:30 horas del 31 de enero de 2014, cuando agentes de la Policía Nacional y de la Policía municipal de Madrid desplegaron un cordón de seguridad en la calle Tribulete de la capital a fin de dar cumplimiento a la resolución judicial que acordó desahuciar de su vivienda a un hombre de 54 años aquejado de una enfermedad crónica. Era la segunda vez que se ordenaba el lanzamiento, ya que el primero fue aplazado por el Juzgado a la espera de que el afectado encontrara una solución.

De acuerdo con los hechos probados aceptados por los siete condenados, durante la realización del lanzamiento aparecieron unos 50 miembros y simpatizantes de la plataforma Stop Desahucios que gritaban a los agentes "este desahucio lo vamos a parar", al tiempo que insultaban y empujaban a los agentes que formaban el cordón policial.

"Una vez acabada la práctica de la diligencia judicial sobre las 12.00 horas y cuando los vehículos policiales se disponían a marcharse, los acusados, actuando con ánimo de perturbar la tranquilidad vecinal, de desafiar y despreciar el principio de autoridad encarnado por los agentes (...) y de dañar la integridad física de los mismos así como de destruir la propiedad ajena, se enfrentaron a ellos".

Así, Gonzalo M. "dirigió la masa de personas congregadas azuzándola contra los funcionarios policiales, al tiempo que increpaba y lanzaba objetos contundentes contra los agentes". Jorge Manuel R. "increpaba y lanzaba adoquines contra los agentes".

Carlos Alberto G. "increpaba a los agentes diciendo 'hijos de puta', 'asesinos', 'vergüenza me daría de ser policía' y lanzaba objetos contundentes contra los agentes y furgonetas policiales".

Carmen Nieves T. "rompió la cinta policial que acotaba el perímetro de seguridad  (...), increpaba a los agentes diciendo 'hijos de puta, asesinos, vergüenza me daría de ser policía, los mandos os pagan la cocaína (...)', lanzaba objetos contundentes contra los agentes y furgonetas policiales, intentando abrir éstas últimas y vejaba a los agentes por su condición de padres de familia diciendo 'si fuera vuestro hijo os quitaba el arma y os pegaba un tiro en la cabeza'".

Yasir S. "increpaba a los agentes llegando a dar una patada en la espalda a la policía XXX, que le impactó en el chaleco anti trauma sin causarle heridas, y se situó en la parte superior de un pequeño muro donde realizó acopio de piedras y adoquines que posteriormente fueron utilizados por los demás acusados para lanzarlos a los
agentes y furgonetas policiales, lanzando él mismo algunos contra los policías".

Luis D. "increpaba a los agentes diciendo 'hijos de puta, asesinos, vergüenza me daría de ser policía' y lanzaba objetos contundentes como adoquines contra agentes y furgonetas policiales". Y Alejandro P. "increpaba a los agentes y les lanzaba objetos contundentes".

Tres policías resultaron lesionados, uno de ellos con una contusión en una mano, otro con un hematoma en la muñeca y el último sufrió contractura de trapecio y vértigos.

Dos vehículos policiales resultaron dañados en una cuantía total de 7.230 euros.

Los siete acusados han aceptado ser condenados por delitos de desórdenes públicos y atentado en unión con tres faltas de lesiones, así como un delito de daños en el caso de Carlos Alberto G, Carmen Nieves T., Yassir S. y Luis D.

Las penas impuestas por el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid, a las que se ha aplicado una circunstancia atenuante muy cualificada por las dilaciones indebidas del proceso, han sido de nueve meses de prisión, multa e inhabilitación, pero el propio fiscal solicitó la sustitución de la privación de libertad por multa. De este modo, ha sido condenados a multas totales de entre 810 y 1.080 euros.