Pablo Iglesias ha quedado en manos del juez García-Castellón y de la Policía Científica. El abandono del cargo público que ostentaba (como vicepresidente del Gobierno) y del que habría podido ocupar (como diputado autonómico en la Asamblea de Madrid) conlleva la desaparición del escudo protector del aforamiento y el fundador de Podemos se encuentra ahora bajo la jurisdicción del magistrado que vio indicios suficientes para imputarle por descubrimiento de secretos, daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito en el llamado caso Dina.

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Esos fueron los presuntos delitos que el instructor de la Audiencia Nacional apreció en una exposición que elevó al Tribunal Supremo el pasado octubre contra el entonces vicepresidente y que la Sala Penal le devolvió para que siguiera practicando diligencias.

La más relevante es un nuevo encargo que García-Castellón realizó el pasado marzo a la Policía Científica para que lleve a cabo un proceso de recuperación electrónica de la tarjeta de memoria del móvil de Dina Bousselham, la exasesora de Iglesias cuyo teléfono, robado en un centro comercial en noviembre de 2015, contenía mensajes del líder de Podemos, además de fotos íntimas y datos personales. 

La llamada pieza Dina nació dentro del caso Tándem para investigar al excomisario Villarejo como presunto responsable de la filtración a Okdiario y El confidencial de mensajes en los que Pablo Iglesias no quedaba en buen lugar, como uno sobre la presentadora Mariló Montero. "La azotaría hasta que sangrase. Ésa es la cara B de lo nacional popular", escribió sobre ella.

Luego se descubrió que la propia Dina había hecho capturas de los mensajes de Iglesias y los había mandado a terceras personas. Y se supo que el líder de Podemos accedió en enero de 2016 a los archivos de la tarjeta después de que Interviú se la facilitara, pero en lugar de devolverla a su dueña, se la quedó durante varios meses.

El juez ha reprochado a Iglesias que tuviera en su poder la tarjeta, viera la información "personal e íntima" que contenían sus archivos, supiera que había sido obtenida de forma ilícita al ser producto de un robo y, sin embargo, no la devolviera a Dina ni cuando él la recibió (enero de 2016) ni cuando su contenido empezó a ser difundido en los medios (julio de 2016) y ello pese al "carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación".

Cuando finalmente Pablo Iglesias entregó la tarjeta a Dina, el dispositivo "no funcionaba" por lo que "nunca lo he llegado a abrir", según declaró al juez la propia Bousselham. Tras darse cuenta del riesgo en que había puesto a Iglesias, Dina cambió su declaración para librar a su jefe de una imputación por daños informáticos: mandó un escrito al juez asegurando que la tarjeta "inicialmente funcionaba" y que "cuando volví a tratar de acceder a ella, dejó de funcionar".

La Policía Científica va a realizar una intervención sobre la tarjeta que permita saber cuáles son las causas que impiden acceder a la información, cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso, tal como sugirió el Tribunal Supremo cuando devolvió al juez su exposición.

Foto del anverso de la tarjeta SD del móvil de Dina Bousselham./ María Peral

Según fuentes de la Audiencia Nacional, los expertos han indicado al instructor que van a aplicar un procedimiento de recuperación "muy novedoso" con el que existen posibilidades de acceder a los archivos. Pero también le han advertido del riesgo de que la tarjeta quede inutilizada con la intervención física que se va a realizar. El juez ha dado el visto bueno a la actuación, cuyos resultados se esperan para dentro de un mes.

Los investigadores esperan obtener resultados que permitan saber cómo se deterioró la tarjeta y si estos daños ya estaban presentes cuando Bousselham dice que la recibió de Iglesias. De ello depende la imputación del exvicepresidente del Gobierno.

Un informe anterior de la Policía Científica, realizado en el verano de 2020, no aportó datos concluyentes contra Pablo Iglesias. Los expertos indicaron que un "exceso de lijado" produjo un "corte" o "discontinuidad" en una de las pistas de la tarjeta, un hecho "compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria".

Esa conclusión era coincidente con las explicaciones dadas por un laboratorio del Reino Unido que trató de acceder a los archivos de la tarjeta por encargo de Ricardo sa Ferreira, expareja de Dina Bousselham, aplicando al dispositivo un lijado con pluma de fibra de vidrio. Esta intervención resultó infructuosa.

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