La renovación bloqueada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece más un macguffin, ese elemento de suspense que Alfred Hitchcock introducía en sus películas para engañar a los personajes en el avance de la trama y al espectador para que mirara a un lado mientras la madeja real se debía desliar en otro sitio. Gobierno y PP se tiran dardos con ella en la punta como actores de una farsa en la que a todos conviene mantener el engaño.

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Pero hay un secundario que toma decisiones: aun bajo el peligro de "desprestigiar la democracia española", Ciudadanos ha pedido ya expresamente a la Comisión Europea que abra un "procedimiento de infracción" contra nuestro país por la reforma recientemente aprobada en el Congreso. Ésa que limita las funciones del CGPJ si sus vocales están funciones, como ocurre desde hace ya dos años y medio.

Lo del "desprestigio", claro, no lo dicen los líderes del partido liberal. Y, por supuesto, no lo admite la propia Maite Pagazaurtundua, impulsora de la iniciativa. Son palabras de Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado como ella, pero él en las filas socialistas, en conversación con este periódico desde su despacho de presidente de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia de la Eurocámara.

Pagaza, sólo un escalón más abajo, es vicepresidenta de la misma Comisión, pero entiende la reforma del CGPJ "perpretada" por el Gobierno español, y en vigor desde el pasado 30 de marzo, como "una forma cruzada de chantaje al sistema judicial español".

"Acicate democrático"

Desde hace 12 días, pues, el órgano de gobierno de los jueces no puede hacer más nombramientos en los juzgados y salas de España. Una reforma que los socialistas venden como "un acicate democrático" para superar el bloqueo. Y que los populares critican como "un intento del Gobierno socialcomunista por acabar con la división de poderes".

Los primeros culpan a los segundos de "querer mantener a perpetuidad una correlación de fuerzas que emana de hace una década, cuando el PP tenía mayoría absoluta". Y los segundos reclaman "la vuelta al sistema de elección de vocales previo a la ley de Felipe González que abrió la puerta a la politización de la Justicia" y que ahora "quiere culminar Pedro Sánchez de la mano de populistas y separatistas".

¿Se entiende ahora por qué parece que a todos conviene el bloqueo? Así tienen piedras que arrojarse envueltas en el papel en que se imprimió la Constitución.

Y precisamente por eso Ciudadanos no participó de las negociaciones "de pasteleo y reparto de sillones" cuando Moncloa, con Félix Bolaños a la cabeza, y Génova, liderada por Teodoro García Escudero, parecieron desencallarlo todo con el pacto para el Consejo de RTVE. El primero de una serie prometida... que se rompió al día siguiente.

Sostiene Pagaza que el empeño de los liberales es la democratización y regeneración real de los órganos constitucionales. Porque no sólo está pendiente el CGPJ, también está sin renovar una parte del Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo... "Es una forma de chantaje cruzado", sostiene la eurodiputada naranja en declaraciones a EL ESPAÑOL. "Quieren atemorizar al poder de los jueces y a otros partidos políticos para que siga y siga la politización infame del sistema de elección".

"Sánchez, como un caudillo"

Después de que su líder en la Eurocámara, Luis Garicano, impulsara una investigación de la Comisión Europea por las "ayudas ilegales" del Ejecutivo en el rescate a la aerolínea Plus Ultra -cuyos dueños son socios del régimen chavista de Nicolás Maduro en Venezuela-, Pagaza ha enviado una cuarta carta -a la que ha tenido acceso este periódico- a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, buscando el mismo efecto.

"Sánchez entiende el poder como un caudillo", sentencia la eurodiputada que, con ésta, ya lleva cuatro escritos presentados "advirtiendo" a la Comisión de que se "ha consumado" la "politización" del CGPJ en España.

A las anteriores misivas, del 16 de octubre 2020, 18 de diciembre 2020 y 14 de enero 2021, la Comisión respondió que estaba "supervisando de cerca" esta reforma para asegurar que fuera acorde "con las normas europeas en materia de independencia judicial".

Sin embargo, pese a las advertencias del ejecutivo comunitario, el Gobierno de PSOE y Podemos siguió adelante con la reforma sin consultar con todas las partes ni con la Convención de Venecia, como le aconsejó la propia Comisión Europea. "La reforma ha sido duramente criticada por jueces, fiscales y abogados, que la han calificado como uno de los mayores ataques a la democracia en España", recuerda Pagaza.

Juan Fernando López Aguilar, diputado del PSOE en el Parlamento Europeo Flickr PSOE Europa

Y en su calidad de número dos de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo, reclama "que la Comisión pueda acelerar el diálogo estructurado con las autoridades o, llegado el caso, los sistemas de procedimiento de infracción" contra España. "Dada la sensibilidad de la cuestión", Pagaza anima a Von der Leyen y a Reynders a establecer "medidas urgentes para limitar en lo posible los daños que empieza a producir esta reforma".

"Falso, injusto, ridículo"

Sorprendido, o más bien harto, el exministro socialista de Justicia López Aguilar responde alegando que "hay partidos que se empeñan en llevar cuitas españolas a Europa, cuando en las instituciones de la UE no tienen recorrido". Y que eso, "por desgracia" es un camino "que han emprendido las tres derechas, desde Ciudadanos hasta Vox pasando, claro, por el Partido Popular".

Aunque admite que "la otra reforma" que impulsaron PSOE y Unidas Podemos, la que reducía las mayorías "sí que planteó problemas serios aquí en Europa". Y que por eso "el presidente Sánchez decidió detenerla".

López Aguilar se niega a aceptar la comparación que se hace desde las filas liberales entre esta reforma en España y los procedimientos de infracción a Polonia y a Hungría. No en vano, él mismo ha sido quien ha liderado los trabajos de la Eurocámara en estos casos: "Lo de esos dos países ha sido, y sigue siendo, un rodillo constante de mayorías absolutísimas, imponiendo medidas que atacan los valores de la UE, violando el Estado de derecho, avasallando a la oposición, y persiguiendo a la prensa libre".

Es decir, "nada que ver con la acción de uno de los gobiernos con menos apoyos parlamentarios en la UE", el de PSOE y Unidas Podemos, "que corroborando la nula intención del PP de atender el mandato constitucional ha impulsado una reforma que trata de dar estímulos a su cumplimiento".

De hecho, alega López Aguiar que la preocupación de la Comisión Europea por el respeto al Estado de derecho y a la separación de poderes, que expresó en su último informe anual, "no se corresponde con lo que dice Ciudadanos", sino, antes al contrario, "con la solución planteada por esta reforma". A tal punto se rebela contra las protestas de los liberales que las califica de "falsas e injustas, rayando en lo ridículo".

Pero Pagaza, ariete de la defensa de las libertades como eurodiputada independiente en el grupo de Ciudadanos, se mantiene en sus planteamientos. E insta a la Comisión a que contemple "incorporar las circunstancias de esta reforma en el próximo informe anual sobre el Estado de derecho en España" para que el Gobierno "rectifique y retire tal reforma".

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